La oscura mina de oro en la que se convirtió la compra de equipos por la pandemia en Latinoamérica

Un negocio redondo y oscuro es el que tienen bajo la lupa las autoridades de países latinoamericanos como México, Ecuador y Colombia por cuenta de la suerte de mina de oro en la que se convirtieron, para algunos funcionarios y empresarios, los contratos de compra de los equipos médicos necesarios para hacerle frente a la propagación del Covid-19. 

Ventiladores clínicos que triplican su valor convencional, bolsas para cadáveres a precios exorbitantes, alcohol cobrado como si fuera vino de las más finas reservas y overoles de bioseguridad tan caros como prendas de diseñador, son apenas algunos de los casos reportados en varias naciones de la región en la que la emergencia sanitaria es aprovechada por quienes incrementan gastos a su favor al mismo ritmo con el que aumentan los casos de contagio. 

El sobreprecio de las bolsas de cadáveres que causó revuelo en Ecuador

Que el valor de un insumo para trasladar de manera segura los cuerpos de quienes han muerto en medio de la pandemia sea alterado atenta contra las normas de ética administrativa, más aún cuando dicho hecho se produce en un hospital público que depende directamente de la Policía, como ocurrió en territorio ecuatoriano, de acuerdo con lo denunciado este 6 de mayo por la ministra de Gobierno del país, María Paula Romo.

Lo reportado por la alta funcionaria da cuenta que, tal como lo confirma la carta que le envió a la fiscal general, Lady Salazar, dos días antes de que estallara el escándalo, en la orden de compra 0004174 realizada por el Hospital Docente de la Policía de Guayaquil se evidencia que fueron adquiridas 400 "bolsas impermeables para cadáveres Covid-19" por valor de 130 dólares cada unidad, elemento que puede ser encontrado en el mercado por no más de 20 dólares, según datos citados por la agencia internacional de noticias EFE. 

En la citada comunicación, que también fue divulgada por Romo a través de su cuenta oficial de Twitter, la ministra insta a la fiscal Salazar a tomar medidas y abrir una investigación para determinar posibles sanciones contra los responsables y, a su vez, llama al comandante general de la Policía ecuatoriana, Hernán Carrillo, a implementar acciones administrativas. 

Pero el caso del Hospital Docente de la Policía de Guayaquil no es el único, al menos así lo indicó la Secretaría Anticorrupción al hacer pública una serie de denuncias sobre otros presuntos sobreprecios justamente en los mismos productos, bolsas para cadáveres, los cuales en el Hospital General Guasmo Sur fueron comprados por 145 dólares cada unidad, lo equivale a 15 dólares más que el sobreprecio que había sido reportado en el primer caso. 

Para la Secretaría Anticorrupción, se trata de una mafia que está detrás de estas convenientes irregularidades en la compra de las bolsas requeridas ante el aumento de las muertes por el brote de coronavirus no solo en Guayaquil, sino también en Quito, donde el Ministerio Público llevó a cabo el 4 de mayo varios allanamientos en medio de las investigaciones por otro caso de presunta malversación de dineros públicos en otra institución hospitalaria. 

Las indagaciones en curso por parte de la Fiscalía vinculan en esta modalidad de sobreprecios incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde cada bolsa fue pagada a 148 dólares, tres dólares más que en el Hospital General Guasmo Sur, en una muestra de que la corrupción se estaría propagando en la red de salud tan rápido como el virus. 

Aunque, hasta el 8 de mayo, solo han sido detenidas cuatro personas por los casos denunciados en Guayaquil, en redes sociales la ciudadanía se ha desbordado en peticiones a las autoridades para que identifiquen a los titulares de los contratos, prueben si cometieron un delito administrativo y les apliquen todo el peso de la ley. 

La truculenta venta de ventiladores respiratorios que asombró a México

Como "el ventilador más caro del mundo" llaman satíricamente algunos mexicanos al equipo respiratorio que fue comprado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo mediante el contrato firmado el 17 de abril con la compañía Cyber Robotic Solutions. 

Antes de que corrieran los rumores de que un alto funcionario relacionado con el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estaba vinculado a la cuestionada compra de una sola unidad de ventilación clínica por un valor de cerca de 63.000 dólares, a pesar de que el mismo día había sido adquirido otro equipo igual a una compañía europea identificada como Conduit Life por 35.000 dólares, poco más de la mitad del precio del de Cyber Robotic Solutions, todo parecía un caso más en el golpeado país azteca.

Pese a los reproches por el sobreprecio del ventilador, la polémica solo se encendió cuando fue confirmado que la empresa comercializadora es propiedad de León Bartlett, el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los más criticados funcionarios del Ejecutivo de López Obrador. 

Poco después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales, salió a la luz que no solo había sido uno de estos elementos, sino que se trataba también de la compra de 20 más; por más de un millón de dólares. 

La diferencia entre lo pagado por unidad a Cyber Robotic Solutions en comparación con lo entregado a Conduit Life es tan abismal que llevó a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a hacer sus propios cálculos mediante una revisión, según la cual el Gobierno logró comprarle a otras empresas ventiladores con las mismas características por valores un 85% menores a los ofrecidos por la firma de Bartlett. 

Tanto fue el impacto de los datos dados a conocer por la MCCI, que Bartlett reaccionó en Twitter, plataforma en la que alegó que el Gobierno habría comprado ventiladores todavía un 72% más costosos que los vendidos por él y que, incluso, "los ventiladores en cuestión alcanzan el doble del precio contratado con el IMSS". 

En su respuesta a la investigación del MCCI, Bartlett también aseguró tener una década como proveedor de materiales médicos para el sector público, labor que describió como ajena a las actividades de su padre, pese al conflicto de intereses argumentado por juristas mexicanos sobre el establecimiento de contratos entre el Estado y familiares de funcionarios gubernamentales. 

Frente a este entramado de señalamientos y reacciones, el IMSS de Hidalgo salió en defensa de la contratación con la empresa de Bartlett, al afirmar, en un comunicado difundido en su cuenta de Facebook el 1 de mayo, que el 11 de abril la Jefatura de Prestaciones Médicas y la Coordinación de Abasto recibieron la orden de "realizar la solicitud de cotizaciones sobre ventiladores para adulto para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada" y que, para tal misión, fueron establecidas varias condiciones que debían cumplir las empresas oferentes, entre las cuales figuraba el poder cumplir con la entrega inmediata y contar con la disponibilidad de la totalidad de las piezas requeridas. 

Todo indica que la oferta de la empresa de Bartlett fue la mejor entre las 13 cotizaciones que fueron presentadas por los 10 proveedores consultados, razón por la cual se quedó con el contrato aunque este revistiera mucha más inversión que la que habría podido ser destinada a la compra de estos ventiladores con otra firma. 

Los presuntos sobrecostos en la compra de ambulancias en Colombia

Escenarios como el de las indagaciones por corrupción administrativa en tiempos de pandemia en Ecuador y México se repiten en Colombia, donde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se vio obligada a hacer un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos por la emergencia sanitaria en departamentos como Atlántico, Bolívar, Arauca, Chocó, Vaupés y Putumayo, seis de los territorios considerados como los de mayor "riesgo de corrupción". 

Precisamente Putumayo fue el territorio en el que la Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador, Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de 10 ambulancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en sobrecostos, sino también en la "vulneración al principio de planeación". 

Antes de que terminara el mes de abril, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, fue separado de su cargo luego de ser señalado de haber cometido supuestas "irregularidades graves" en la administración de los fondos destinados a cubrir los gastos por la emergencia, caso que integra el listado de los procesos abiertos contra 19 gobernaciones y 17 alcaldías por acciones similares. 

En total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción en curso por corrupción con el capital estatal para atender la pandemia en 56 poblaciones, algunas de ellas, marcadas por la guerra y el narcotráfico.

En referencia a los hechos, en abril, cuando apenas comenzaban a conocerse las denuncias, el procurador colombiano, Fernando Carillo, describió la malversación de los dineros públicos como toda una infamia y el 7 de mayo explicó que, a su juicio, la creencia de que la política pública de transparencia vigente en Colombia no aplica para los contratos en tiempos de Covid-19 ha afectado los procesos. 

Mientras avanzan las investigaciones contra los responsables de las señaladas compras con sobrecostos de bolsas para cadáveres en Ecuador, ventiladores respiratorios en México y ambulancias en Colombia, grupos de veeduría ciudadana reclaman a las autoridades competentes mantenerse vigilantes para que la corrupción de los funcionarios no continúe explotando la oscura mina de oro en la que se convirtió la adquisición de estos elementos en medio de la emergencia sanitaria global. 

Con EFE, medios internacionales y centros de prensa de autoridades de Ecuador, México y Colombia