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Las Fuerzas Armadas mexicanas cumplirán labores de seguridad pública hasta 2024

Integrantes del Ejército de México utilizan mascarillas en la ceremonia Arriamiento de Bandera en la plaza el Zócalo de Ciudad de México, México, el 27 de abril de 2020.
Integrantes del Ejército de México utilizan mascarillas en la ceremonia Arriamiento de Bandera en la plaza el Zócalo de Ciudad de México, México, el 27 de abril de 2020. © Sáshenka Gutiérrez / EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto en el que autoriza al Ejército y la Marina a participar en la aplicación de la ley civil y a velar por el orden y la seguridad pública durante los próximos cuatro años. Sin embargo, no contarán con las mismas facultades que la Guardia Nacional.

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En medio de la crisis sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19, que ha contagiado a más de 36.000 mexicanos y le ha costado la vida a cerca de 3.600 personas en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este 11 de mayo sobre un nuevo decreto, firmado el pasado viernes, en el que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar permanentemente labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.

Esto según un acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se detalla que el Ejército y la Marina mexicanos llevarán a cabo "tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional".

La Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad creado por AMLO en marzo de 2019 para tareas de seguridad, integrado por agentes de la Policía Militar, la Policía de Marina y de la extinta Policía Federal. El mandatario mexicano recordó el decreto con el que fundó a este organismo y dijo que "la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México, el 11 de mayo de 2020.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México, el 11 de mayo de 2020. © Sáshenka Gutiérrez / EFE

En el mismo documento, AMLO señala que "la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado", por lo que "resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado". Ante esto, "se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Alfonso Durazo) para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional".

Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a la ley y no contarán con las mismas facultades que la Guardia Nacional

Aunque la reforma legal aprobada en 2019 con la que López Obrador creó la Guardia Nacional señala que el presidente puede usar las Fuerzas Armadas en circunstancias "extraordinarias", siempre y cuando estén subordinadas y supervisadas por las autoridades civiles, el nuevo decreto publicado por AMLO hace poco para justificar las circunstancias "extraordinarias", y no dice nada sobre la supervisión externa de los soldados.

Durante el periodo de cinco años acordado, la labor de las FF. AA. en materia de seguridad pública quedará sujeta a lo que establecen diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Esto en lo que respecta a prevenir delitos, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, cumplir con los requisitos legales para una detención y colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección.

Esto significa que el acuerdo no le otorga a los militares facultades que sí tiene la Guardia Nacional, como son la investigación para la prevención de delitos, llevar a cabo operaciones encubiertas o realizar análisis de información para la generación de inteligencia. Además, se advirtió que el trabajo de los militares dentro de la Guardia Nacional debe respetar los derechos humanos.

Un miembro de la Guardia Nacional Mexicana observa el campo de refugiados de Matamoros, en Matamoros, Tamaulipas, México, el 27 de febrero de 2020.
Un miembro de la Guardia Nacional Mexicana observa el campo de refugiados de Matamoros, en Matamoros, Tamaulipas, México, el 27 de febrero de 2020. © Cristóbal Herrera / EFE / EPA

"La Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia".

Y es que los soldados y marinos mexicanos han estado implicados en graves abusos contra los derechos humanos. Por eso los activistas han presionado para que el Gobierno autorice el entrenamiento y equipamiento de una Policía civil que sea capaz de hacerse cargo de las labores del Ejército.

Fuertes críticas a este nuevo acuerdo firmado por López Obrador

Ante la publicación de este nuevo decreto, diversas organizaciones de derechos humanos manifestaron su descontento.

El prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), por ejemplo, apuntó en su cuenta de Twitter: "así, se confirma que la Guardia Nacional existirá cabalmente hasta 2024 y que entre tanto seguirá avanzando la militarización de la seguridad pública (...) urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional para fortalecer controles externos e internos".

Este decreto no intenta justificar lo que es "extraordinario", dijo a la agencia de noticias The Associated Press (AP) el analista de seguridad mexicano Alejandro Hope, señalando que el acuerdo podría crear un incentivo perverso para que el Ejército deje de enviar soldados para unirse a la Guardia Nacional.

El Ejército ha suministrado y entrenado a la gran mayoría de los aproximadamente 100.000 miembros de la Guardia Nacional. Mientras esta sea considerada insuficiente, lo más probable es que se permita que las FF. AA. continúen operando como lo han hecho durante años.

El decreto también establece que "los deberes que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en el contexto de este decreto estarán bajo la supervisión y el control de la oficina de asuntos internos del departamento correspondiente". Al respecto, Hope señaló "dice que deberían ser supervisados, revisados ​​y subordinados, pero ¿por quién? Por ellos mismos. El Departamento de Defensa se regula a sí mismo".

El analista de seguridad añadió que el decreto "evade el requisito de que sean regulados, revisados, subordinados y complementarios. No solo viola la intención de los legisladores (que aprobaron la reforma de 2019), viola la jurisprudencia internacional". Sin embargo, Hope señala que "sobre el terreno, este decreto no cambia mucho. Las Fuerzas Armadas ya detienen a las personas, instalan escuchas telefónicas, establecen puntos de control y detienen a los migrantes”.

Alfredo Lecona, miembro del grupo civil Seguridad Sin Guerra, escribió que "para aquellos que 'ya sabían' que las Fuerzas Armadas desempeñarían funciones policiales hasta 2024 bajo la reforma de la Guardia Nacional, eso no es un argumento o justificación para que AMLO les otorgue un cheque en blanco de opacidad".

El expresidente Felipe Calderón envió al Ejército a las calles en 2006 para luchar contra los carteles de la droga, pero desde entonces la violencia solo ha aumentado en el país norteamericano. Tan solo en marzo de este año, se cometieron 3.078 homicidios, un 0,5 % más que los 2.948 registrados en marzo del año anterior. Los asesinatos se han estabilizado, dicen los expertos, pero a niveles muy altos.

La Guardia Nacional tiene como objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, donde el pasado año se reportaron alrededor de 35.000 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997. 

Con AP y EFE

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