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Una plaga de corrupción consume los fondos para los 'kits de alimentos Covid-19'

Varias cajas con alimentos para distribuir entre las familias de bajos ingresos en el barrio de La Bota, en el norte de Quito, el 29 de abril de 2020.
Varias cajas con alimentos para distribuir entre las familias de bajos ingresos en el barrio de La Bota, en el norte de Quito, el 29 de abril de 2020. © Cristina Vega Rhor / AFP

Mientras miles intentan sobrevivir en medio de la pandemia, funcionarios gubernamentales en Ecuador y Colombia firman contratos y autorizan compras de productos básicos como latas de atún y bolsas de arroz con sobreprecios que triplican los valores convencionales. 

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Entre Ecuador y Colombia la corrupción avanza como una plaga que consume todo a su paso, incluso los fondos destinados a la compra de kits de alimentos para suplir las necesidades básicas de los más pobres, aquellos que le temen más a morir de hambre que a perecer por el virus. 

En el primero de los casos, el volumen de las irregularidades reportadas desde ciudades como Quito y Guayaquil llevó a la Fiscalía General a abrir una investigación sobre la presunta "inobservancia" registrada en los procesos de compra de al menos 7.000 paquetes de alimentos. 

Por las supuestas ilegalidades que habrían sido consentidas por María Alexandra Ocles, que estuvo frente a la jefatura del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) hasta el 11 de mayo, la misma Fiscalía solicitó, menos de 24 horas después de que se separara de sus funciones, el desarrollo de una audiencia de formulación de cargos en su contra. 

La petición fiscal señala sobreprecios en la adquisición de productos, basados en el informe presentado por la Contraloría en la misma fecha de la salida de Ocles del SNGR, el cual ubica como "principal irregularidad" a la firma de un contrato de compra de mercados por 1,1 millones de dólares, a pesar de que las auditorías indican que el valor no debía superar los 706.790 dólares.

En dicho contrato, la Contraloría detectó una preocupante diferencia entre el precio de los kits comprados y el valor ofrecido por el mismo paquete por parte de otros proveedores, dado que, mientras cada unidad fue pagada a 150,82 dólares, el costo convencional de la misma suma de productos es de 95,16 dólares. 

Pero los hallazgos del máximo órgano de control fiscal de Ecuador sobre la gestión de estas ayudas ante la propagación del Covid-19 no se detienen ahí: también fue identificado el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la totalidad de los 18 productos que venían en cada kit, pese a que solo ocho de ellos podían ser gravados. 

Los detalles de la auditoría sobre el contrato del SNGR ecuatoriano

Lo indagado por la Contraloría da cuenta que las irregularidades fueron descubiertas tras la auditoría que inició el 7 de abril sobre los contratos firmados entre el 6 de marzo y el 16 de abril, en medio de la crisis sanitaria. 

La responsabilidad de los funcionarios del SNGR recaería en haber firmado el citado contrato sin haber evaluado y comparado antes los precios ofrecidos por otras empresas de suministro de alimentos. 

En el Boletín número 017 divulgado en el sitio web de la Contraloría figura una descripción clara sobre los hallazgos, según la cual, en comparación con los precios regulares encontrados en el mercado ecuatoriano, en el cuestionado contrato se presentaron "diferencias de hasta 7,70 dólares en los valores de los víveres". 

Por ejemplo, mientras que el precio de 10 kilos de arroz convencionalmente no supera los 7,99 dólares, en el servicio contratado por el SNGR cuesta 13,86, lo que equivale a una diferencia de precio de 5,87 dólares que, a juicio de la Contraloría, es "injustificada". 

Lo mismo sucedió con la compra de carne de res, que presentó un aumento de 6,43 dólares frente a su valor regular, así como las latas de atún que fueron 4,80 dólares más caras de lo normal. 

Ante la falta de ayudas humanitarias, en algunas de las zonas más vulnerables de Guayaquil, Ecuador, comerciantes informales venden productos frente a sus casas, como se aprecia en esta imagen tomada el 4 de mayo de 2020.
Ante la falta de ayudas humanitarias, en algunas de las zonas más vulnerables de Guayaquil, Ecuador, comerciantes informales venden productos frente a sus casas, como se aprecia en esta imagen tomada el 4 de mayo de 2020. © José Sánchez / AFP

Para los auditores de la Contraloría, resulta sospechoso que los funcionarios que trabajaron con Ocles en la firma del contrato de suministro de los kits aprobaran la compra a una compañía que, justamente el 21 de marzo, el mismo día que presentó su cotización, convenientemente cambió la actividad económica que figuraba en su Registro Único de Contribuyentes (RUC).

"El contrato se suscribió el 1 de abril de 2020, sin evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica de dicho proveedor para la ejecución de la adquisición y posterior entrega de los kits de alimentación (...) Previo a la contratación no se realizó un análisis pormenorizado de la oferta presentada ni se la comparó con otras ofertas que existen en el mercado, de compañías con mayor capacidad logística y operativa, lo que no permitió contar con una opción más conveniente a los intereses institucionales y con menor costo de contratación", detalla el informe de la autoría. 

Mediante el decreto número 1048, el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, aceptó la renuncia de Ocles y oficializó la designación de Rommel Salazar en su reemplazo, un funcionario que llegó al cargo con la lupa de las autoridades y la mirada del pueblo más cerca que nunca. 

Para recopilar las denuncias de los ecuatorianos que, a través de redes sociales, se han desbordado en el reporte de casos de corrupción no solo en la entrega de estos kits de alimentos, sino también en el tráfico de influencias para el otorgamiento de contratos similares, la Fiscalía habilitó el servicio del llamado "Buzón de Transparencia", a través del cual es posible detallar los casos. 

Los sobreprecios en la compra de mercados humanitarios en Colombia

Incrementos similares a los aplicados, sin razón aparente, a las latas de atún compradas por el SNGR ecuatoriano también se registraron en Colombia, en donde el suministro de cada unidad en el departamento de Arauca fue pagado a 4,87 dólares, pese a que, en el mercado nacional, este tipo de alimento es encontrado por valor de 1,54 dólares. 

Tras la firma de un contrato por más de un millón de dólares con la empresa Multiservicios Mael S.A.S. para asegurar la entrega de 33.437 kits de alimentos básicos, el elevado costo de los paquetes empezó a despertar el interés de quienes no daban crédito a que cada lata fuera comprada a más del triple de su precio. 

Ante el anuncio de la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido, José Facundo Castillo, el gobernador de ese departamento, no tardó en intentar desmentir los sobrecostos, al asegurar que se trataba de un tipo de lata que correspondía a una referencia muy poco comercial que, según sus declaraciones, traía más contenido que las más populares. 

Pese a las aclaraciones ofrecidas por Castillo, que fue elegido por segunda vez como gobernador de Arauca en las elecciones celebradas en octubre de 2019, su caso no sorprendió a la nación, debido a que, incluso desde marzo de 2017, la Fiscalía colombiana ya investigaba su presunta participación en las irregularidades detectadas tras la compra de un avión ambulancia en octubre de 2014. 

Ante las denuncias contra Castillo, el procurador general, Fernando Carrillo, citó al funcionario para el desarrollo de una audiencia de juzgamiento por su conducta administrativa. 

Al destaparse el que fue bautizado como el "Caso de las latas de atún", la gestión de Castillo quedó en la mira las autoridades y de los medios de comunicación que, como el resto de nación, buscaban una explicación a las irregularidades sobre las que, en una entrevista concedida a uno de los principales diarios nacionales, el gobernador afirmó, a manera de justificación, que había que entender que su departamento estaba ubicado en una zona alejada y que, como el acceso allí no resultaba sencillo, por eso los precios de algunos de los productos tenían un incremento. 

Pero Castillo no es el único investigado. El 5 de mayo, la Procuraduría ordenó la suspensión de funciones por tres meses por parte de Daniel Montero, el alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, en el norte del país, por su implicación en irregularidades muy parecidas a las que involucran al gobernador de Arauca, pero esta vez en un contrato para la compra de 10.000 kits de alimentos por cerca de 192.000 dólares. 

Las inconsistencias de los contratos de Arauca y Tierralta se repitieron en Guaduas, una población cercana a Bogotá, la capital colombiana, donde las autoridades también llamaron a juicio disciplinario al alcalde, Germán Herrera, por otro caso de sobreprecios en contratos para compra y distribución de mercados.

Pocos días después, en el departamento del Atlántico estalló otra bomba de corrupción, esta vez por cuenta de las inconsistencias en los contratos firmados entre las alcaldías de los municipios de Malambo y Soledad con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) para la entrega de ayudas humanitarias. 

En la población de Soledad, el alcalde, Rodolfo Ucrós Rosales, intentó salir al paso al declarar que la contratación para el suministro de 60.000 mercados, la cual no fue soportada ante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), se dio de manera "transparente".

A pocos kilómetros de Soledad, en Malambo el mandatario local, Rumenigge Monsalve, se defendió al argumentar que, en sus indagaciones, la Contraloría podría constatar que los procesos fueron legales, afirmación que distintos líderes comunitarios ven poco probable en el contexto de corrupción y desfalcos que marca la historia reciente de ambos municipios caribeños. 

Aunque para muchos colombianos la gestión de los mercados humanitarios en tiempos de pandemia se convirtió en una suerte de receta mágica para el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios y empresarios, desde los distintos partidos políticos de los que hacen parte los alcaldes y gobernadores involucrados intentan limpiar el buen nombre de sus representantes al atribuir las denuncias a supuestas persecuciones y enemistades entre antiguos rivales. 

A pesar de que las denuncias contra Castillo, Montero, Herrera, Ucrós y Monsalve son de las más sonadas, esta conducta calificada por la Contraloría como un "atentado a la ética" en el manejo de recursos públicos se repite en Chocó, Magdalena, La Guajira, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Sucre y Casanare. 

Corrupción en tiempos de pandemia

Hasta el 24 de abril, apena 43 días después de que el Gobierno del presidente Iván Duque anunciara la declaratoria de emergencia sanitaria debido a la llegada de los primeros casos importados de coronavirus a Latinoamérica, ya la Procuraduría tenía en marcha 28 procesos por sobrecostos en la compra de los llamados "mercados humanitarios". 

Como parte de la estrategia para los ciudadanos denuncien a los funcionarios que hacen de los fondos destinados a los paquetes de alimentos en atención a la emergencia una especie de "plato fuerte", la Procuraduría colombiana puso en funcionamiento una aplicación móvil llamada "Estás Pillao", plataforma que está disponible en Google Play para recibir denuncias de casos como el de las latas de atún. 

Tanto en Ecuador como en Colombia, las organizaciones encargadas de hacer veeduría a las entregas de los kits de alimentos ven con tristeza que el tamaño de los paquetes entregados por cada familia beneficiaria no alcanza para garantizar la seguridad alimentaria de un grupo de mínimo cuatro personas (el promedio de miembros de cada hogar en Latinoamérica) ni siquiera durante cinco días, por lo que llamaron a las autoridades a invertir en cantidades que, verdaderamente, suplan las necesidades básicas de los más vulnerables frente a esta crisis y que sean entregadas en condiciones óptimas. 

La creación de la Comisión de Supervisión de Compras Covid-19 en Paraguay

De cara a estos escándalos por latas de atún y bolsas de arroz, un poco más al sur del continente americano, en Paraguay, el mandatario Mario Abdo Benítez designó a Arnaldo Giuzzio, el ministro Antidrogas, para supervisar las compras de ayudas humanitarias en virtud de la transparencia en la implementación de la Ley de Emergencia. 

La designación de Giuzzio fue oficializada por Abdo Benítez luego de que su Gobierno se viera envuelto en una controversia por acusaciones de presunta corrupción en la destinación de recursos estatales en el periodo de aislamiento que motivó las renuncias de los líderes de Petróleos Paraguayos y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, cuyos procesos siguen abiertos ante la Fiscalía. 

Las alarmantes proyecciones de la Cepal sobre el índice de pobreza regional

Las estadísticas entregadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran que, a consecuencia del impacto financiero provocado por esta crisis sanitaria, la tasa de pobreza en la región aumentará del 30% al 34% en los siguientes meses y que, para evitar saqueos masivos y un estallido social que colapse aún más los sistemas, los gobiernos locales deben velar por garantizar al menos la seguridad alimentaria de sus habitantes.

En el informe presentado el 12 de mayo por la Cepal sobre los desafíos que supone el Covid-19 para los países de la región figura el "sostenimiento del consumo de los hogares" como una de las claves para evitar el crecimiento de la brecha entre pobres y ricos en esta zona que, con 626 millones de pobladores, es catalogada como la más desigual a nivel global y que hoy se enfrenta a una pandemia más antigua que el coronavirus y más letal que la neumonía, una que avanza como una plaga y que es conocida como corrupción. 

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