La ONU confirmó que recibió el primer informe de Myanmar para evitar un nuevo genocidio rohingya

Hace casi tres años los rohingyas, minoría musulmana en Myanmar, un país predominantemente budista, sufrieron una fuerte represión por parte del Ejército. Quienes sobrevivieron, enfrentan penurias como refugiados en la vecina Bangladesh, pero se resisten a volver a sus tierras por temor al resurgimiento de la violencia en su contra.

Sin embargo, ahora las autoridades de esa nación parecen comprometerse ante la ONU con medidas que evitarían una nueva tragedia. El 22 de mayo la líder de facto y Nobel de Paz, Aung San Suu kyi, que terminó enfrentando un juicio por genocidio y que comparte poder con los militares, entregó su primer informe con medidas cautelares, pero la noticia fue confirmada por el organismo solo hasta este 25 de mayo.

Aunque el contenido del reporte es confidencial y está en manos de los jueces de la CIJ, el 9 de abril la Oficina de la Presidencia de Myanmar entregó lineamientos que indicaban su postura. Emitió dos órdenes a todos los cuerpos de gobierno, en las que instó a no cometer actos contemplados en la convención contra el genocidio y prohibió la destrucción de cualquier prueba en el estado de Rákain, donde se produjeron operaciones militares.

En la decisión anunciada en enero, el más alto tribunal de la ONU había ordenado que las medidas que Myanmar debía emitir tenían que ser efectivas. Además, señaló que las autoridades del país están obligadas a preservar las evidencias relacionadas con los alegatos de genocidio contra el grupo, los cuales se estudiarán en futuras audiencias orales.

El origen de las acusaciones por genocidio

El 25 de agosto de 2017, el Ejército de Myanmar lanzó una fuerte ola de ataques violentos contra la comunidad rohingya, que incluyeron asesinatos, torturas, violaciones contra mujeres y niñas y la quema de viviendas.

Según los militares, se trató de una operación en respuesta a una serie de agresiones de un grupo rebelde rohingya en la región de Rakhine, en el oeste de Myanmar.

Sin embargo, para grupos defensores de los Derechos Humanos, tales como Amnistía Internacional, que acusa al Ejército de “genocidio” y “limpieza étnica”, esa fue una excusa para atentar contra una minoría que ha sufrido abusos de larga data por parte de las autoridades del país en el que varias de sus generaciones nacieron, pero en el que no son reconocidos como sus ciudadanos.

Históricamente, los rohingyas han sufrido rechazos en Myanmar que, desde 1982, les niega la nacionalidad al considerarlos inmigrantes ilegales que deberían volver a la que señalan como su tierra de origen: Bangladesh.

No contar con un documento de identidad nacional los deja en una situación de apátridas. Ante este panorama, diversas ONG aseguran que la operación del Ejército, hace cerca de tres años, habría tenido el objetivo de acabar con la comunidad.

En diciembre de 2019, comenzó el juicio contra las autoridades de Myanmar por genocidio, tras la denuncia presentada por Gambia, un pequeño país de África occidental, en un sorprendente gesto al argumentar que la cuestionada nación incumplió la Convención sobre Genocidio que prohíbe esta práctica.

Pese a que investigadores de la ONU concluyeron que las acciones de los militares birmanos tuvieron "intención genocida", un dictamen final sobre el caso podría tomar años. Por eso Gambia había solicitado a la CIJ adoptar medidas cautelares con "urgencia extrema”. Los jueces ordenaron a Myanmar que las actualice cada seis meses hasta que haya una decisión final.

Con Reuters y EFE