El primer año de Nayib Bukele en El Salvador: entre una alta popularidad y un halo autoritario

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en San Salvador, El Salvador, el 27 de mayo de 2020.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en San Salvador, El Salvador, el 27 de mayo de 2020. © Jose Cabezas / Reuters

La presidencia de El Salvador cumple un año en manos de Nayib Bukele. La relación entre su Ejecutivo y los otros poderes del Estado han marcado sus primeros 12 meses de gestión, que finalizan entre un fuerte respaldo popular y profundas críticas que tildan al líder de autoritario.

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El rechazo de la población a los escándalos de corrupción y la inoperancia de los dos partidos mayoritarios llevaron el 1º de junio de 2019 al empresario y exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, a convertirse en el presidente número 46 del país centroamericano. Atrás quedaron 30 años de bipartidismo entre la izquierda y la derecha tradicional.

Con un novedoso discurso, alejado de los extremos y difundido en las redes sociales, Bukele prometió a los salvadoreños que mejoraría su calidad de vida en una nación fuertemente afectada por la pobreza y la violencia e hizo de la lucha contra las bandas criminales su caballo de batalla.

Ahora, a pesar de gozar de una alta popularidad, son cada vez más las voces que temen un retroceso hacia los modelos dictatoriales que reinaron el país en el siglo pasado. Fuertes críticas de defensores de derechos humanos, líderes empresariales, abogados, periodistas, opositores y muchos otros llueven sobre el mandatario, a quien acusan de poner en riesgo la joven democracia salvadoreña.

El Ejecutivo de Nayib Bukele, señalado de atentar contra la división de poderes

"Una de las características de este año de Gobierno es el irrespeto a las reglas democráticas por parte del presidente (...) No acepta ser controlado, lleva una concepción de que como tiene un respaldo popular, él no tiene límites", denuncia Eduardo Escobar, abogado y director de la organización de monitoreo político Acción Ciudadana, en diálogo con France 24.

En febrero pasado, Nayib Bukele se presentó en la Asamblea Nacional rodeado de integrantes del Ejército con el fin de presionar a los congresistas para que aprobaran un préstamo solicitado por el Ejecutivo a Estados Unidos para comprar armamento. Semanas después defendió el uso letal de la fuerza en operativos contra los grupos criminales. 

Miembros de las Fuerzas Armadas entran a la Asamblea Legislativa en una maniobra del Ejecutivo para presionar a los diputados para que aprueben un préstamo para invertir en seguridad, en San Salvador, el 9 de febrero de 2020.
Miembros de las Fuerzas Armadas entran a la Asamblea Legislativa en una maniobra del Ejecutivo para presionar a los diputados para que aprueben un préstamo para invertir en seguridad, en San Salvador, el 9 de febrero de 2020. © AFP

Este tipo de comportamientos se han agudizado en medio de la pandemia por coronavirus, durante la cual el presidente ha vetado en distintas ocasiones normativas de emergencia aprobadas por el Congreso. Bukele incluso se negó a acatar un dictamen de la Corte Suprema que impedía el uso de la Fuerza Armada para detener a ciudadanos que se saltaban la cuarentena.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el contexto de la pandemia por coronavirus en el país se registraron 778 casos de violaciones de derechos humanos, entre los que se reporta la detención arbitraria de personas en centros de reclusión a las que se les negó una cobertura sanitaria.

Un soldado salvadoreño observa a hombres detenidos durante una operación militar como parte de las medidas de seguridad ordenadas por el presidente Nayib Bukele para mantener a las personas dentro de sus hogares durante una cuarentena en todo el país para evitar la propagación de la enfermedad. La Libertad, El Salvador, el 18 de abril de 2020.
Un soldado salvadoreño observa a hombres detenidos durante una operación militar como parte de las medidas de seguridad ordenadas por el presidente Nayib Bukele para mantener a las personas dentro de sus hogares durante una cuarentena en todo el país para evitar la propagación de la enfermedad. La Libertad, El Salvador, el 18 de abril de 2020. © Jose Cabezas \ Reuters

El accionar de Bukele frente a los otros poderes del Estado le ha costado críticas de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que actuara ante lo que llamó el "desprecio" de Bukele "por la Constitución".

Un alto respaldo popular ligado a la baja en el número de homicidios

A pesar del escándalo nacional e internacional que supuso la entrada del Ejército al Congreso y de las controvertidas medidas del presidente para mantener el control sobre la pandemia, Bukele goza de una aprobación popular del 87 %, según un sondeo de realizado por la Universidad Francisco Gavidia en medio de la epidemia.

Una de sus cartas a favor es la reducción del número de homicidios en el país, que se ha producido desde el inicio de su mandato. Según la Policía Nacional, en 2019 hubo 2.374 homicidios, 974 menos que los registrados en 2018, un hito en una nación en la que solo entre 2014 y 2017 murieron asesinados más de 20.000 ciudadanos.

Pero algunas voces ponen en tela de juicio la estrategia de seguridad de Bukele. Hasta el momento, el mandatario se ha limitado a la confrontación armada de las pandillas y se ha negado a revelar en qué consiste su resonado plan para reducir la violencia, por lo que algunas organizaciones acusan al presidente de estar pactando una "tregua" con los grupos criminales, como ha sucedido en administraciones anteriores.

Imagen de reclusos en la prisión de Izalco, al noroeste de San Salvador, durante una operación de seguridad divulgada el 26 de abril de 2020 por la presidencia salvadoreña.
Imagen de reclusos en la prisión de Izalco, al noroeste de San Salvador, durante una operación de seguridad divulgada el 26 de abril de 2020 por la presidencia salvadoreña. © Presidencia de El Salvador / AFP

"Bukele sigue aplicando exactamente la misma receta de seguridad pública, sacar los militares a la calle. (...) El programa se basa en fases que no son conocidas y las han clasificado, por lo que no podemos tener acceso a la información. Nos parece que tras ello no hay ningún plan", señala a France 24 Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción.

La principal fuente de violencia en el país surge de enfrentamientos entre las pandillas, que controlan el comercio ilegal. Después de que varios congresistas de partidos tradicionales hayan sido acusados de colaborar con estos grupos criminales para obtener votos, el discurso de Bukele de acabar con la violencia ha sido arrasador. Sin embargo, a un año de su presidencia, aún no está clara la forma en la que el mandatario ha logrado reducir esa violencia.

En medio de la creciente preocupación por la acumulación de poder en sus manos, las miradas en el país están puestas en las elecciones legislativas de 2021, en las que el partido de Gobierno podría obtener la mayoría. De ser así, el presidente tendría carta blanca para hacer nombramientos en la Corte Suprema, en la Fiscalía General o incluso allanar el terreno para su reelección. 

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