El Salvador: población afectada por la violencia, en desventaja ante la pandemia

Una mujer y su hija piden ayuda con una bandera blanca improvisada durante la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno de El Salvador contra la propagación del nuevo coronavirus, San Luis Talpa, El Salvador, el 29 de mayo de 2020.
Una mujer y su hija piden ayuda con una bandera blanca improvisada durante la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno de El Salvador contra la propagación del nuevo coronavirus, San Luis Talpa, El Salvador, el 29 de mayo de 2020. © Yuri Cortez / AFP

El Covid-19 constituye la principal amenaza de los llamados “suburbios” de San Salvador, catalogados como “zonas rojas” por el personal de salud por estar bajo control de las principales pandillas, la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18. 

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En estos territorios, la estigmatización causada por la violencia tiene como repercusión la negativa del personal de salud a brindar atención médica a sus habitantes.

“Una vez nos reunimos con ellos (equipos sanitarios) y dijeron que no podían entrar acá por el peligro que se corre por los muchachos”, expresó Angélica, una habitante de la Comunidad 22 de Abril que asegura que “los muchachos”, como llama a los pandilleros, no cometen agresiones contra el personal de salud. 

La resistencia de las autoridades a proveer atención de salud a estas comunidades persiste durante la pandemia, mientras la probabilidad de que el virus se expanda en los asentamientos, aumenta la preocupación de los pobladores que han debido emprender acciones independientes para evitar la propagación del virus, como el establecimiento de puntos de desinfección en todos los accesos. 

Asimismo, como es el caso de La 22 de Abril, han buscado el apoyo de la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras, que mantiene la vigilancia en los casos sospechosos de Covid-19 durante la emergencia y que, una vez por semana, brinda asistencia a cerca de 60 personas en consultorios improvisados. 

El Salvador estuvo entre los países con más altos índices de violencia en el mundo, alcanzando una tasa de hasta 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, es decir, un promedio diario de 18 homicidios. 

Actualmente, pese a que hay un descenso sostenido en los homicidios desde hace tres años –hoy en día la media ronda los cuatro diarios-, la población civil de esas comunidades marginalizadas lamenta que, en una guerra declarada por los gobiernos de turno a las pandillas, la única intervención del Estado sea a punta de seguridad y no con escuelas ni, mucho menos, con atención a la salud.

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