El Salvador: la Corte tumba el decreto del Gobierno de Bukele que extendía la cuarentena

Este es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una rueda de prensa acerca del Covid-19 en Ilopango, el 18 de mayo de 2020.
Este es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una rueda de prensa acerca del Covid-19 en Ilopango, el 18 de mayo de 2020. © José Cabezas / Reuters

La decisión judicial de tumbar el decreto ejecutivo que prolongaba la cuarentena por más de lo que habían pactado los parlamentarios, se suma a una larga lista de diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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Las tensiones por extender o no la cuarentena continúan en El Salvador. Y esta vez es la Corte Suprema de Justicia la que se pronuncia al respecto, al declarar inconstitucional un decreto con el que el Gobierno de Nayib Bukele extendía la cuarentena hasta el 15 de junio.

Las razones que argumentó la Alta Corte fueron que el Ministerio de Salud, que firmó el documento, “carece de competencia” para “emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales". Y es que la normativa decía, por ejemplo, que las personas que violaran la cuarentena serían remitidas obligatoriamente a un centro de contención para que estuvieran aisladas dos semanas. La Corte también declaró inconstitucionales otros 10 decretos ejecutivos relacionados con el Covid-19.

La sentencia del lunes 8 de junio le puso además un nuevo reto al gabinete de Bukele y a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa. La Corte les dio cuatro días para que se pongan de acuerdo y, conjuntamente, decidan las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, las relaciones políticas anteriores han mostrado que esto no será nada fácil.

La cuarentena: el tema que ya había distanciado a la Presidencia y a la Asamblea

El Parlamento salvadoreño y el Gobierno ya habían discutido por el coronavirus. Bukele decidía las acciones para contener la pandemia a través de decretos ejecutivos y sin el respaldo de una ley de emergencia, pues el Congreso, de mayoría opositora, se negó a ampliar dicha normativa. Los parlamentos señalaban falta de transparencia en el manejo de fondos y supuestas violaciones a derechos humanos por parte del Gobierno de Bukele. De hecho, la mitad del comité que manejaba los dineros públicas para enfrentar el Covid-19 renunció con razones parecidas.

A finales de mayo, los legisladores de la Comisión Política y los enviados de Bukele se sentaron a discutir durante una semana qué debería hacer el país respecto a la cuarentena, una de las más estricta de América Latina. Los legisladores defendían que esta se tenía que levantar el 8 de junio para proteger a los trabajadores informales que necesitaban salir a las calles, mientras que Bukele y su gabinete enfatizaban en que el aislamiento tendría que ir como mínimo hasta el 13 de junio.

Finalmente, la gran mayoría de la Asamblea votó por levantar el confinamiento en la fecha que ellos querían, y definieron que el 8 de junio también volverían a sus labores los trabajadores del sector privado, mientras que los públicos retomarían sus actividades el 13 del mismo mes.

Fue entonces cuando se produjo el choque más fuerte. Bukele vetó la decisión parlamentaria arguyendo que la Asamblea “desatendió información” del Ministerio de Salud, que apuntaba a que el virus continuaba circulando en El Salvador. Y luego de esto, fue que la cartera emitió el decreto que ahora tumbó la Corte Suprema.

Aunque la jefa del Gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos, aseguró que el Gobierno acata la sentencia así se sientan “frustrados o tristes”; el presidente publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que iguala la decisión judicial con una orden de asesinato.

Palabras parecidas usó el mandatario durante el debate inicial en la Asamblea, cuando aseguró que al levantar la cuarentena, los legisladores iban a mandar al pueblo salvadoreño a “morir por decreto”.

En el nuevo debate, cada quien ratifica sus posiciones

Con estos antecedentes y con el tiempo límite que da la Corte, no parece muy posible que la Asamblea y el Ejecutivo pacten una nueva manera de salir de la cuarentena en la que está El Salvador desde el 11 de marzo. 

Cada quien ha llegado con unas posturas similares a las anteriores, que no pudieron acordar. Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia, dijo en la Comisión Política de la Asamblea que el Ejecutivo presentará una ley de emergencia por 15 días, que era lo mismo que solicitaba la Presidencia en el debate de mayo. Castro agregó que esto “no es una nueva cuarentena”.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Mario Ponce, indicó a medios locales que quieren rescatar la ley que vetó Bukele para acortar el aislamiento y así defender la economía de los más afectados.

En medio del debate, en El Salvador siguen aumentando los contagios por Covid-19, aunque menos que las naciones vecinas. Actualmente, es el cuarto país de Centroamérica con más casos, tras haber confirmado 3.191 y 60 decesos por el brote. Y fue el primero de la región en decretar la cuarentena.  

Con estas cifras y mientras los poderes se ponen de acuerdo sobre qué es lo que le espera a El Salvador, el país sigue confinado y con sus ramas del Ejecutivo y el Legislativo en choques constantes.

Con AFP y EFE

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