Los cárteles mexicanos aumentan su control en Colombia, aún en tiempos de pandemia

Un recolector de hojas de coca trabaja en una plantación, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, en Colombia, el 8 de febrero de 2019.
Un recolector de hojas de coca trabaja en una plantación, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, en Colombia, el 8 de febrero de 2019. © AFP/Luis Robayo

Aunque la relación de los cárteles mexicanos con grupos criminales colombianos viene desde hace varias décadas, su participación en medio de la pandemia se muestra más directa con la inyección de capital, la compra de armas y la articulación con disidencias del paramilitarismo y la antigua guerrilla de las Farc. 

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De aliados a controladores del narcotráfico colombiano, esa es la transición que buscarían los cárteles de droga mexicanos, especialmente los de Sinaloa y Jalisco, atraídos por la nación de mayor producción mundial de cocaína. 

Pero el fortalecimiento de sus lazos no se da con la presencia de numerosos hombres armados provenientes de México, sino a través de la inyección de cuantiosas sumas de dinero y armas, según lo señalado en una investigación reciente de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

La alianza se ha fortalecido “a través de la aparición de grandes flujos de dinero traídos por los cárteles mexicanos para, especialmente, regular el precio de la pasta base de coca”, aseguró a France24, Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Posconflicto.

La articulación también se da mediante "la búsqueda del trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización de la cocaína, este es el caso de la relación construida entre el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño y en Magdalena”, indica el informe.

Una bolsa de cocaína es pesada por un consumidor, durante una entrevista, en Bogotá, Colombia, el 29 de enero de 2020.
Una bolsa de cocaína es pesada por un consumidor, durante una entrevista, en Bogotá, Colombia, el 29 de enero de 2020. © AFP/ Juan Manuel Barrero

Los lazos que crean los grupos delictivos mexicanos en Colombia no distinguen entre movimientos de izquierda o de derecha o las llamadas disidencias del paramilitarismo, como el Clan del Golfo y Caparracos, o grupos post Farc y el Ejército de Liberación Nacional, EPL.

“Si la institucionalidad colombiana no se adapta a las formas y dinámicas que tiene la criminalidad organizada transnacional lo que va a suceder es: primero, se dará un aumento de la violencia por las disputas entre los grupos armados ilegales; segundo, un crecimiento simultáneo de las economías ilegales, especialmente de los cultivos de coca; y tercero, el aumento de la violencia contra la población civil de manera desaforada”, explicó Restrepo, quien advierte que, si la situación no es atendida, se presentará una "tragedia humanitaria". 

Los espacios que dejó la antigua guerrilla de las Farc en el tráfico de drogas, unidos a la criminalidad, los vacíos institucionales y fallas en la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado el 24 de noviembre de 2016 bajo el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, son señalados por los investigadores como impulsores del fortalecimiento de las redes mexicanas en el negocio de los estupefacientes. 

¿Están los cárteles mexicanos detrás de los asesinatos a líderes sociales?

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que fue emitida en mayo, advierte que los grupos mexicanos también son responsables de hechos contra la población,  tales como amenazas, torturas y homicidios. 

Entre las comunidades con mayor riesgo de convertirse en blanco de este tipo de acciones se encuentran las que cuentan con líderes sociales o defensores de Derechos Humanos, así como campesinos, reclamantes en procesos de restitución de tierras, víctimas del conflicto en proceso de reparación y migrantes venezolanos, según lo precisado por la Defensoría.

Un grupo de personas se manifiesta contra el asesinato de líderes sociales, en Bogotá, Colombia, el 26 de julio de 2019.
Un grupo de personas se manifiesta contra el asesinato de líderes sociales, en Bogotá, Colombia, el 26 de julio de 2019. © AFP/Juan Barresto

Sin embargo, a los movimientos extranjeros aún no se les atribuye control poblacional o territorial, de acuerdo con el órgano constitucional y autónomo.

“Esta inyección enorme de capital revitalizó el crimen organizado nacional, como en el caso del Clan del Golfo, y también hemos visto unas articulaciones donde los cárteles mexicanos aportan dinero a estas estructuras locales nacionales para el ejercicio de la violencia, en el caso de líderes sociales que se oponen a los intereses de estas economías ilegales o que promueven cultivos de uso lícito”, indicó el coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Posconflicto.

El presidente colombiano, Iván Duque, ha afirmado que el narcotráfico y la minería ilegal están detrás de estos homicidios. Pero, ahora, a la problemática también se estaría sumando la financiación de la criminalidad mexicana, motivada por el interés de derribar cualquier obstáculo para el crecimiento de sus negocios ilícitos.

“En los territorios en los cuales esa relación es muy fuerte, como el Bajo Cauca antioqueño, se ha venido focalizando la violencia que ejercen esos grupos, de acuerdo con los intereses transnacionales, pero hay que investigar más a fondo”, advirtió Restrepo.

Otro indicio sobre el mayor control que ejercen estos grupos delictivos de México en Colombia, puede observarse en la captura de personas centroamericanas involucradas en la fabricación de estupefacientes y lavado de activos, en el Pacífico caucano, suroccidente de la nación, en medio de la articulación entre el crimen organizado mexicano y el Triángulo Norte de Centroamérica.

El temor por el fortalecimiento de los cárteles mexicanos en medio de la crisis

Es una realidad. El control de los cárteles mexicanos en las zonas de cultivos ilícitos en Colombia podría agravarse con el aumento de pobreza a consecuencia de la propagación del Covid-19, tal como lo advierte León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, uno de los mayores conocedores del conflicto y la violencia en el país latinoamericano. 

Un grupo de campesinos trabaja en una plantación de hojas de coca, en Catatumbo, Norte de Santander, Colombia, el 8 de febrero de 2019.
Un grupo de campesinos trabaja en una plantación de hojas de coca, en Catatumbo, Norte de Santander, Colombia, el 8 de febrero de 2019. © AFP/Luis Robayo

“Nosotros lanzamos esta alerta porque vemos que la pospandemia para grupos ilegales que tienen posibilidades de acceder a grandes cantidades de dinero, si logran contactar con organizaciones colombianas, pueden aumentar mucho su control social, su poder (...) Tenemos mucho temor por la pospandemia", manifestó Valencia.

Y es que, históricamente, la nación ha sido reflejo de cómo a diario la pobreza y la falta de oportunidades abren espacio para que las grandes organizaciones delincuenciales atraigan a las poblaciones vulnerables a sus filas de combate o a sus equipos de producción de pasta de cocaína.  

Ante el confinamiento ordenado por el Gobierno de Duque para tratar de contener la velocidad de propagación del virus, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el uso de la violencia por cuenta de grupos criminales nacionales para hacer cumplir las reglas de aislamiento, mediante acciones que justifican bajo el argumento de la presunta falta de presencia del Estado en las zonas más apartadas. 

La Fundación Paz y Reconciliación señala que, en una estrategia menos basada en la militarización y enfocada especialmente en la participación y restitución de confianza de la población civil, incluso en las zonas en las que el Ejército ha sido señalado de cometer violaciones a los Derechos Humanos, podría encontrarse una especie de "freno" para disminuir el fortalecimiento de las bandas extranjeras y el crecimiento del crimen organizado nacional.

 

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