El Salvador: Bukele, sus roces con la Asamblea y una pandemia que consume la economía

Una mujer sostiene a su nieto en una habitación de alquiler en un barrio de bajos ingresos donde muchos han perdido sus ingresos desde que el gobierno suspendió el movimiento de personas debido al brote de Covid-19 en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 2020.
Una mujer sostiene a su nieto en una habitación de alquiler en un barrio de bajos ingresos donde muchos han perdido sus ingresos desde que el gobierno suspendió el movimiento de personas debido al brote de Covid-19 en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 2020. © José Cabezas / Reuters

Las fricciones entre el presidente salvadoreño y la Asamblea Legislativa siguen aún en medio de la pandemia y cobran todavía más fuerza tras la superación por parte del organismo del veto a la ley de emergencia nacional por la propagación del Covid-19. 

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Ni la pandemia logró menguar las tensiones entre Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa de El Salvador. Mientras el mundo se concentra en contener el impacto de la propagación del brote de Covid-19, en esta nación centroamericana parece reinar la división. 

Luego de que este 11 de junio la citada Asamblea superara el veto del mandatario a la ley de emergencia nacional por la pandemia, que había sido aprobada desde el 30 de mayo, los ánimos se caldearon todavía más y será ahora el Supremo el que decida quién tiene la razón sobre la medida. 

La superación del veto se dio luego de que, por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el grupo de altos funcionarios del Gobierno de Bukele delegado para tratar el tema negociara con la Comisión Política del Congreso, en una serie de seis días de diálogos que terminaron el 30 de mayo sin un acuerdo entre las partes. 

La discusión sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley vetado 

Técnicamente, el artículo número 138 de la Constitución de El Salvador estipula que, aún si el presidente de turno veta un proyecto de ley, en caso de que la Corte Suprema determine que este es constitucional, entonces el mandatario tendrá que firmarlo y, posteriormente publicarlo en el Diario Oficial a fin de que entre en vigencia a pesar de que no goce de su respaldo. 

"Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el presidente de lo considera inconstitucional y el Órgano Legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el presidente dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que esta, oyendo las razones de ambos, decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de quince días hábiles. Si la Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el presidente estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley", señala el citado artículo. 

Lo que busca la ley en cuestión es establecer un orden claro de acciones y medidas para llevar a cabo la reanudación de las labores en los sectores productivos que permanecen paralizados y, en su presentación, obtuvo el respaldo de 59 de los 84 diputados salvadoreños. 

Tal ha sido la resistencia de Bukele a la aprobación de la ley que, para diputadas como Cristina Cornejo, que hace parte del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pareciera que lo que busca el presidente es, a sus ojos, retrasar los procesos. 

"Parece que el presidente está jugando con los tiempos para que la población se quede sin legislación y usted sabe las consecuencias (...) nos encontramos con este veto y lo que han hecho es cambiar el orden de argumentos de otros vetos", señaló Cornejo. 

En la marea de cuestionamientos lanzados por los colaboradores de Bukele a la superación del veto se destacaron los del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, que en su cuenta de Twitter afirmó que lo que hizo la Sala de lo Constitucional fue anular las medidas dispuestas por el Ejecutivo y que, con ello, su país se convierte "en el primero que invalida una cuarentena por la pandemia". 

En palabras de Castro, con su sentencia, la Sala de lo Constitucional fue "arbitraria por basarse en premisas falsas, y por existir un presunto "abuso de jurisdicción y violación a los requisitos internos y externos". 

El decreto de Bukele sobre la cuarentena 

El 8 de junio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró como "inconstitucional" el decreto firmado por el Gobierno de Bukele para regir la cuarentena. 

Ante este panorama, la nación podría, tal como lo han reseñado agencias internacionales de prensa como EFE, quedar "sin una norma para respaldar los últimos días de la cuarentena". 

Este vacío legal comenzaría desde este 13 de junio, tras la pérdida de legitimidad del Decreto 29, a través del cual el presidente Bukele con respaldo del Ministerio de Salud mantenía la implementación de la cuarentena de manera "absoluta".

Pero, aunque muchos ciudadanos criticaron el decreto como una medida a la que asociaron con métodos de una "dictadura", días antes de que fuera superado el veto, ya Bukele cuestionaba las órdenes de la Sala de lo Constitucional. 

La cuarentena fue decretada en el Estado desde el 21 de marzo a través de un decreto que fue prorrogado en varias ocasiones. En los últimos días de mayo, Bukele "condicionó que una apertura gradual de la economía" desde el 6 junio debía ser precedida de un aislamiento completo, como lo reportó en su momento la agencia AFP. 

Un año de mandato marcado por las confrontaciones

Desde el 31 de mayo, el diario digital salvadoreño 'El Faro' ya venía alertando sobre el fin de los seis días de negociaciones sin resultados en medio del aumento de los casos de contagio, lo cual coincidió con el cumplimiento del primer año de Bukele en el poder, el 1 de junio, el cual ha estado marcado por sus constantes enfrentamientos con la Asamblea, aún en tiempos de emergencia. 

Once días antes de que se cumplieran los seis días de diálogos, los principales medios de comunicación salvadoreños reseñaban que, ante las tensiones entre los tres poderes estatales, el sector privado había detectado un punto de encuentro para que Bukele cediera en el impulso de la reapertura económica, a pesar de la persistencia de los señalamientos a sus desacuerdos con la Asamblea y la Sala de lo Constitucional. 

La superación del veto generó comentarios entre diputados como Johnny Wright Sol, quien aseguró que, para que sobreviva la democracia en la nación, además de lograr "elecciones libres en 2021" es necesario "iniciar un proceso de antejuicio contra el presidente", a lo que Bukele reaccionó al cuestionar si acaso no importa "romper el orden constitucional". 

Los datos del rastreador de la Universidad Johns Hopkins dan cuenta que, desde el inicio de la pandemia, han sido confirmados 3.481 contagios y 68 fallecimientos por el brote en territorio salvadoreño, el cual ya superó los 80 días de confinamiento obligatorio en medio de la puja entre el presidente, que insiste en la necesidad de postergar el aislamiento para evitar miles de muertes y contagios, y la Asamblea, que reitera la importancia de salvar vidas, pero sin destruir la economía. 

Aunque en el principio de la crisis, Bukele se destacó por ser pionero en el cierre de fronteras y el ordenamiento de medidas para evitar que el brote se propagara con velocidad en su país, con el paso de las semanas empezó a ser criticado por la dureza de las decisiones que, incluso, muchos asocian con la imposición de una dictadura en el país que ahora no solo está sitiado por los enfrentamientos permanentes entre su presidente y la Asamblea, sino también por una parálisis productiva que consume su economía. 

Con EFE, AFP y medios locales

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