Jalisco, la macana y el miedo ante los abusos policiales

Oficiales de la Policía detienen a un manifestante en una protesta contra la muerte de Giovanni López en Guadalajara, Jalisco, México, el 4 de junio de 2020.
Oficiales de la Policía detienen a un manifestante en una protesta contra la muerte de Giovanni López en Guadalajara, Jalisco, México, el 4 de junio de 2020. © Reuters / Fernando Carranza

A raíz de la muerte de Giovanni López a manos de policías mexicanos, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco ha documentado una serie de irregularidades. Jóvenes víctimas de abusos policiales narran los minutos de angustia y temor que vivieron tras alzar la voz precisamente contra los excesos de agentes del orden.

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“¡Ahorita tú no existes!”. Estas cuatro palabras, aún sin ser groserías o insultos, son la frase más intimidante que recuerdan Georgina y Celia, dos jóvenes que vivieron horas de angustia el viernes 5 de junio durante su detención en la Fiscalía de Justicia de Jalisco, luego de ser “levantadas” violentamente por hombres armados, previo a una protesta contra el abuso policial. 

“Todo el tiempo nos ordenaban ‘¡Agacha bien la cabeza!’. Y, en tres ocasiones, me dieron un golpe para que no intentara voltear la vista mientras estaba con la cara contra la pared”. Es el testimonio que Celia –su verdadero nombre se mantiene en reserva por temor a represalias– comparte con France 24 una semana después de haber sido privada de su libertad, cuando se dirigía a una concentración frente a la Fiscalía para exigir que liberaran a compañeros detenidos la víspera, durante una violenta jornada de protestas por justicia en el caso Giovanni López, el joven asesinado por policías municipales el 4 de mayo. 

La chica, de 20 años, estudiante de Gestión y Economía Ambiental de la Universidad de Guadalajara, es una de decenas de víctimas de una cadena de violaciones a los Derechos Humanos que ha ocurrido en Jalisco desde la muerte de Giovanni, un joven albañil, a manos de policías, en Ixtlahuacán de los Membrillos, hecho que ha sido condenado a nivel nacional e internacional e incluso por la Organización de las Naciones Unidas. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, “luego de una amplia investigación, documental y de campo”, concluyó que el caso Giovanni “se trata de una ejecución extrajudicial”, comenta en entrevista Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la CEDJH. 

Ese hecho, por el que ya hay tres oficiales en prisión –dos de ellos procesados por tortura y uno más por homicidio calificado y abuso de autoridad– ha generado una serie de protestas en México que se encendieron aún más tras el caso Floyd en Estados Unidos.

En esas manifestaciones, la CEDHJ tiene “la certeza de que se practicó por parte de las autoridades del estado de Jalisco una conducta que es tipificada por la legislación nacional e internacional como desaparición forzada de personas”. 

Además, agrega Sosa, “se configuran atentados a la integridad física y psicológica y la privación ilegal de la libertad”, delitos por los que el defensor del pueblo de Jalisco emitió ya una serie de recomendaciones, tanto al Gobierno del estado, como a los poderes Judicial y Legislativo, a fin de que se tomen medidas para la reparación del daño y se den garantías de no repetición de esas conductas ilícitas.

El objetivo era claro, que no llegaran a la manifestación 

“Lo único que quiero es recuperar mi tranquilidad”, cuenta Georgina, de 24 años, gerente de Atención al Cliente de una empresa de software automotriz en Guadalajara. Aquel viernes 5 de junio se animó a participar en la concentración en la Fiscalía contra el abuso policial, lo que –comenta– es algo inusual, pues “en mi vida habré ido a lo mucho a un par de manifestaciones, yo nunca fui muy activista, ni en mi tiempo de estudiante de derecho en la UDG, pero me pareció necesario ir porque se ha cometido una injusticia”. 

La narración de Georgina –también nombre sustituto para proteger su identidad– y de Celia coinciden en señalar el ‘modus operandi’ de la privación ilegal de libertad: En el camino que lleva a la Fiscalía (el punto citado para la concentración la tarde de aquel viernes), al cruce de las avenidas 8 de julio y Lázaro Cárdenas, llegaron camionetas blancas tipo Pick Up de las que descendieron hombres vestidos de civil, pero con chalecos antibalas, provistos de palos, tubos y, algunos de ellos, con armas largas. Le cerraron el paso a los jóvenes y, con insultos, los obligaron a subir a las camionetas. A quienes se resistían, los golpeaban con los palos y los amedrentaban. 

“Íbamos un amigo, su hermano con su novia y yo hacia la concentración. Al doblar en una esquina vimos que, en la acera de enfrente, había un tipo parado junto a una camioneta, con chaleco antibalas y un arma, y que nos miraba de frente. Retrocedimos para tomar mejor otra calle, pero en eso llegó otra camioneta de la que se bajaron varios hombres y nos dijeron: "¡A dónde van, ustedes no van a ir a ningún lado!". Y uno de ellos alcanzó a golpear con una especie de tubo a mi amigo. Todos corrimos. Como es una zona industrial, donde hay muchas fábricas, me refugié en una de ellas, pero la gente de ahí me sacó, porque no podía yo estar ahí. 

“Al salir veo que ya tenían al hermano de mi amigo y su novia y fue, entonces, que me agarraron a mí. Nos subieron a la camioneta a punta de jalones y gritos. Ya dentro no amenazaron: "Ahorita van a ver lo que se sacan por andar de revoltosos. Con nosotros no se van a meter. ¡Hasta aquí llegaron! Nadie sabrá dónde están. Ahorita ustedes no existen". 

“Llevaba los ojos cerrados y la cabeza baja, pero me di cuenta que, constantemente, el vehículo daba vuelta a la derecha, por lo que intuí que solo estábamos dando vueltas en la misma zona”, recuerda Georgina. 

De acuerdo con los testimonios, a los jóvenes los ingresaron en un inmueble con un gran patio con rejas y, de inmediato, les quitaron el teléfono celular y les ordenaron desbloquearlo y dar su nombre completo para anotarlo en un sticker o cinta adhesiva al reverso del aparato. 

A todos, hombres y mujeres, los pusieron contra la pared con la indicación estricta de permanecer con la cabeza hacia abajo y las manos en los bolsillos. La mayoría no oponía resistencia y, aquellos que lo hacían, recibían golpes y, acto seguido, todo volvía a estar "bajo control". 

Al interior de lo que ahora se sabe era la Fiscalía, las amenazas fueron constantes. Desde las más graves, como que los iban a desaparecer o que los iban a entregar a narcotraficantes, hasta la advertencia de que no les iban a quedar ganas de seguir protestando. 

Celia calcula que estuvo ahí dentro una hora y media. Georgina estima que su cautiverio duró poco menos de una hora. Pero las dos coinciden en que, al cabo de ese tiempo, comenzaron a sacar a los jóvenes, hombres y mujeres por separado, en grupos de entre 12 y 20 personas, a bordo de camionetas de un servicio de banquetes. “Decían ‘Banquetes Doña Mary’”, recuerda Celia. 

Ya en el camino –coinciden Celia y Georgina en las entrevistas por separado– continuaban amedrentando. "Con unas macanas nos iban todo el tiempo bajando la cabeza y gritando". Mujeres, que suponen eran policías, les hacían sugerencias misóginas. "Ya dejen de andar de agitadoras, mejor búsquense un marido, cásense con alguien bien".

En el trayecto iban haciendo paradas y las iban bajando de dos en dos, con sus pertenencias, excepto sus teléfonos celulares, esos se los quedaron. 

"Bájense, caminan 10 metros sin voltear, esperan a que arranque la camioneta y luego vuelven a caminar otros 10 metros sin voltear. Atrás viene otra camioneta y si ven que voltean, las van a volver a subir", relata Celia. 

Al sentirse liberada, Georgina se acercó a una tienda de abarrotes a preguntar dónde estaba. No tenía su celular ni dinero, pidió prestado un teléfono y llamó a un servicio de taxis para que la recogiera y la llevara a casa. Celia sí conservaba su dinero y también tomó un taxi. Estaban en la zona conocida como El Cerro del 4, en la periferia de la ciudad.

“Se evitó otro Ayotzinapa”… 

Sobre lo ocurrido, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que fueron policías ministeriales quienes "levantaron" a los jóvenes afuera de la Fiscalía con la intención de desaparecerlos. 

Sostuvo que un mando de la Fiscalía dio la orden a un grupo de agentes, sin informar al fiscal del Estado, para buscar jóvenes, detenerlos y golpearlos. 

Sin embargo, adujo que se actuó a tiempo y se evitó una situación como la ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, con la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

“Me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro estado. No hubo un solo caso de desaparición, pero tuvo que ver mucho que se reaccionó a tiempo que se hizo evidente todo lo que estaba pasando, sino hubiera sido así, yo creo que Jalisco estuviera ahorita sumido en una crisis brutal, hubiera sido un golpe terrible, insisto, recordar Ayotzinapa yo sé que abre muchas heridas, y que es un asunto de una dimensión terrible, pero cuando veo las cosas con más calma ya, después de haber pasado un día de todo esto, yo creo que Jalisco estuvo a punto de entrar en una situación de este tipo”, señaló Alfaro. 

Sin embargo, el caso –tanto el homicidio de Giovanni López como la privación ilegal de manifestantes en las jornadas del jueves 4 y viernes 5 de junio– escaló al grado de llevar a una confrontación entre Alfaro y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues el mandatario estatal responsabilizó al Ejecutivo federal de los actos vandálicos que se dieron en las marchas con el presunto fin de desestabilizar a su gobierno. 

“Muchos de ellos (los manifestantes) no son de aquí de Jalisco ni de Guadalajara. Estos hechos ponen en evidencia que, detrás de lo que está sucediendo, hay intereses muy precisos, muy puntuales construidos desde los sótanos del poder de la Ciudad de México”, acusó Alfaro en un videomensaje subido a redes sociales. 

“Le pido al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) que le diga a su gente y a su partido (Morena) que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos, justamente, los que han generado todo esto que estamos viviendo”, añadió. 

En respuesta, López Obrador reclamó que le llamó “mucho la atención que él haya tratado de involucrar al Gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que están enfrentando, de los problemas que, cotidianamente, tiene uno que enfrentar como gobernante”. 

Hoy Celia, Regina y una veintena de jóvenes que la CEDHJ tiene identificados, son atendidos médica, jurídica y psicológicamente por lo que sufrieron y “falta identificar al resto de quienes vivieron esta situación y que pudieran oscilar en 40, es decir un total de 60 personas”, comenta el primer visitador del organismo. 

También la comisión brindó apoyo al agente al que un manifestante le prendió fuego durante la marcha del 4 de junio, y lo orientó para que presentara la denuncia ante las autoridades correspondientes. 

Al paso de los días, Georgina aún se siente temerosa y cree que necesitará un año para poder recobrar la tranquilidad después de lo vivido. 

Celia, en tanto, pese al abuso del que fue víctima, asegura que seguirá participando de manera activa en marchas y manifestaciones para exigir justicia, y que las autoridades, “que se supone están para cuidarnos, no incurran en este tipo de violaciones. ¿Cómo que se evitó otro Ayotzinapa? ¡Eso no debió suceder!”, dice. 

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