El asesinato de excombatientes, el mayor obstáculo del Acuerdo de Paz en Colombia

Un partidario de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común (FARC) sostiene una vela durante una vigilia en memoria de los ex guerrilleros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz con el Gobierno, en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2020.
Un partidario de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de lo Común (FARC) sostiene una vela durante una vigilia en memoria de los ex guerrilleros de las FARC asesinados después del acuerdo de paz con el Gobierno, en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2020. © REUTERS/Luisa Gonzalez

La cuarta evaluación que hace el Instituto Kroc sobre cómo va la implementación de lo acordado entre la antigua guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano apunta que el asesinato de los miembros del partido es la “principal cascada negativa” del proceso y que 2019 fue el año más letal.

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Los tres primeros años del Acuerdo de Paz de Colombia ya dejan resultados concretos. Una cuarta parte de lo que pactaron la antigua guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano ya se cumplió, según el reciente informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Sin embargo, de ese porcentaje, un 6% corresponde únicamente a 2019.

En otras palabras, ese es el avance que ha tenido el Gobierno del presidente Iván Duque, pues los tres informes anteriores del Instituto alcanzaron a cubrir las políticas del exmandatario Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo. 

Además de esto, hay grandes lastres que preocupan. El principal obstáculo es que están matando a los excombatientes. Desde la firma del acuerdo, en noviembre de 2016, los crímenes han ido en aumento, al punto que 2019 fue el más mortal para quienes una vez militaron en esa guerrilla. Ese año, 77 miembros del partido fueron asesinados, en comparación con los 68 de 2018, según las cifras de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

En términos de tasa de homicidios es casi 23 veces más alta que la nacional”, dice el análisis. Y es que si los 13.202 excombatientes que dejaron las armas vivieran en un único país, la tasa de homicidio de 583 por cada 100.000 habitantes sería de lejos la más alta del mundo, de acuerdo con los cálculos del Kroc. Por eso, en la presentación del informe, el coordinador de Relacionamiento Político del Instituto Kroc, Daniel Cano, aseguró que este tema es “la principal cascada negativa para todo el proceso”.

Este es tan solo una de las artistas de la evaluación del complejo acuerdo de paz colombiano. A grandes rasgos el estudio muestra que de los compromisos adquiridos en cada uno de los seis puntos que conformaron la negociación, ya se cumplió un 25 % y otra cuarta parte todavía no se ha iniciado. La otra mitad de las disposiciones están o con un avance mínimo (36 %) o con un avance intermedio (15 %). Este es el panorama de cómo va el acuerdo. 

Las promesas que van más mal son las relativas a las reformas de asuntos de tierra y de participación política, según agrega el estudio. Mientras que los que llevan la delantera son los puntos de verificación y el del fin del conflicto, que en su mayoría se cumplieron en los primeros años de implementación, además del punto de víctimas que camina de la manos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Lo que pase en el 2020 será clave para conocer el futuro los ítems pendientes, en la medida que “la dinámica de la implementación transitó hacia disposiciones de mediano y largo plazo que se enfocan, especialmente, en los territorios más afectados por el conflicto armado”, destaca el reporte. 

La complejidad del Acuerdo de Paz

Aunque se firmó en 2016, desde el comienzo, la apuesta fue a largo plazo. El Gobierno colombiano estima que no se cumplirá totalmente sino hasta 2031. Y es que, según el Instituto Kroc, el acuerdo colombiano es el “más comprensivo del mundo” y tiene “más provisiones que el 90% de los demás acuerdos negociados en las últimas tres décadas”.

En efecto, el tratado es una compleja estructura de seis puntos que, más que quitarle las armas a la entonces guerrilla más antigua de América Latina, procuraba cambiar de fondo las razones que originaron el conflicto armado en Colombia. Por eso, además de dedicar un punto a la reinserción de los exguerrilleros, el Acuerdo de Paz también trae compromisos para incluir diferentes partidos en la arena política, reformar problemas de fondo de la distribución de tierras y, por supuesto, un punto dedicado a la política de drogas, dado que Colombia es el mayor productor mundial de pasta de coca y cocaína, y el narcotráfico ha sido el combustible para financiar a múltiples grupos armados.

La reinserción de los antiguos miembros de las FARC

De esos puntos, uno de los que más avances tiene es el del fin del conflicto. Casi la mitad de las promesas ya fueron cumplidas, especialmente las relacionadas con temas de seguridad como la dejación de armas, que ocurrió desde hace dos años

Sin embargo, en este punto preocupan las dificultades que están teniendo los excombatientes para volver a la vida civil. Solo una cuarta parte de ellos tienen proyectos productivos para sostenerse económicamente y ya se vencieron los contratos de los lugares en los que estaban viviendo cerca de 3.000 exguerrilleros. Frente a este último problema, el informe dice que “se avanzó poco en encontrar soluciones permanentes”, a pesar de que los gobiernos han hablado de titulación de tierras para los excombatientes.

Pese a la incertidumbre que gravita frente a la reincorporación a largo plazo, lo que más preocupa es que los están matando. “Los asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes generaron efectos devastadores en la implementación del Acuerdo Final y la percepción de la misma”, dice el instituto que analiza los acuerdos de paz en el mundo. La inseguridad es tal que muchos candidatos del partido político de la antigua guerrilla, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, no pudieron hacer campaña precisamente por las amenazas en su contra.

El problema es aún mayor debido a que las autoridades colombianas no avanzan lo suficientemente rápido con las investigaciones. El Instituto Kroc señala que, solo en la mitad de los casos, se sabe quién asesinó a los excombatientes y que todas las disidencias de las FARC, lideradas por el exjefe negociador Iván Márquez, están usando esto como argumento para reclutar más personas.

Captura de pantalla del video en el que 'Iván Márquez', líder de las FARC, anuncia que retoma las armas
Captura de pantalla del video en el que 'Iván Márquez', líder de las FARC, anuncia que retoma las armas Youtube / Jacobo Alape

Por otra parte, la comisión de seguimiento que crearon el Gobierno y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tampoco está siendo efectiva para atender los asuntos urgentes como el asesinato de líderes de la antigua guerrilla. Según el informe, dicha comisión solo logró consenso en temas técnicos, pero no en los medulares, como “la agenda legislativa y la seguridad para los excombatientes y sus familias”. Ahora bien, la Comisión de Garantías de Seguridad que se debería ocupar de encontrar una solución a ese problema, terminó marginada en los espacios de discusión.

Reforma de tierras y solución a las drogas ilícitas: promesas que no se cumplen

“Este proceso ha sido incipiente y, por lo tanto, se generan retrasos y alertas que resaltan una baja probabilidad de ser completados en el mediano y largo plazo”. Esta es la manera del Instituto de llamar la atención sobre los dos puntos más atrasados de todos: el de tierras y el de drogas ilícitas, con 4% y 6% completado, respectivamente.

En el primero, el Acuerdo dice que se creará un Fondo de Tierras para darle tres millones de hectáreas a víctimas de conflicto y a campesinos. Aunque tiene un límite de 12 años, todavía no han empezado la distribución y, hasta ahora, tienen una tercera parte de las tierras que deberían tener para entregarlas. 

En cuanto al punto de drogas, al Instituto Kroc le preocupa que estén asesinado a los líderes que defienden la sustitución de los cultivos ilícitos para cambiarlos por otras cosechas como cacao, pimienta o arroz. 

Participación política: avances técnicos más que estructurales

El punto que le apuesta a abrir el espectro político del país solo ha completado un 12% de las propuestas y la mayoría de lo que se ha hecho ha sido en lo técnico, más no en lo sustancial. Aunque se hicieron campañas para promover la participación en las elecciones locales y el Estado colombiano creó plataformas web para mejorar la transparencia, a mitad de camino se quedó una reforma política que, entre otras cosas prometía reformar el sistema electoral.

Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico
Un simpatizante de la FARC se manifiesta en los alrededores de la Oficina del Fiscal General en Bogotá el 9 de abril de 2018, en contra de la detención del ex negociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a solicitud de un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico Raúl Arboleda / AFP

A pesar que La Misión Electoral Especial (MEE) hizo una serie de propuesta para incluir en las reformas, estas grandes transformaciones no han tenido eco entre los partidos políticos y han terminado hundidas en el Congreso. En los tres años que lleva la implementación, el Legislativo tumbó varios proyectos normativos como el que proponía crear circunscripciones electorales dedicadas, especialmente, a los lugares que más han padecido el conflicto, el de Reforma Política y el de la Ley de Protesta, entre otros.

Víctimas: el punto que más avanzó en 2019

A pesar de que se han cumplido totalmente solo un 21% de los compromisos para reparar a las víctimas, el Instituto Kroc enfatiza en que este es el punto que más pactos se avanzó durante el año pasado. Eso se debe a que ya están funcionando las instituciones que creaba el Acuerdo de Paz, como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Justicia Especial para la Paz (JEP), el método legal de justicia transicional que creó Colombia para juzgar los crímenes del conflicto.

Pero, del otro lado de la moneda, las reparaciones colectivas “avanzaron poco”, de acuerdo con el informe. Además, el Instituto Kroc enfatiza en que es necesario que los miembros de la antigua guerrilla “contribuyan con la verdad completa de manera oportuna” y temprana.

En últimas, aunque todavía queda más de una década para implementar por completo el Acuerdo de Paz, desde ya hay preocupaciones sobre los retrasos del mismo, dado que la mitad de los puntos que deberían materializarse entre 2020 y 2022 podrían no cumplirse “en el tiempo previsto”. 

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