En Colombia repudian la violación de una menor indígena por parte de un grupo de soldados

Tropas colombianas y estadounidenses realizan ejercicios militares conjuntos en Tolemaida, Colombia, el 26 de enero de 2020.
Tropas colombianas y estadounidenses realizan ejercicios militares conjuntos en Tolemaida, Colombia, el 26 de enero de 2020. © Raul Arboleda / AFP

Las autoridades colombianas investigan a varios soldados por el abuso sexual a una menor indígena embera chamí. Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 22 de junio en una vereda de Pueblo Rico, Risaralda, han puesto de nuevo bajo el reflector al Ejército y a la Justicia, mientras las comunidades indígenas muestran su total repudio y reclaman que los acusados sean juzgados por sus leyes.

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Un grito de alarma y Justicia lanzó la comunidad indígena embera katío después de conocerse el abuso sexual a una menor, de 13 años, por parte de un grupo de al menos ocho soldados.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 22 de junio en la vereda Santa Cecilia, que hace parte de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda.

Unos acontecimientos que causaron conmoción entre las comunidades indígenas del país: "Quiero repudiar este hecho atroz que va en contravía de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas de Colombia. Sabemos que no es un tema aislado, es estructural, una doctrina de la fuerza pública que debe ser desmantelada (que) esa forma de mirarnos de manera racista y xenófoba empiece a eliminarse”, expresó Aida Quilcué, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en una rueda de prensa extraordinaria transmitida a través de las redes sociales.

Fue dicha organización, a través del gobernador del resguardo Gito Dokabú-Embera Katío, Juan de Dios Queragama, quien hizo pública la denuncia el miércoles 24 de junio, dos días después de que la menor regresara a su hogar en pésimas condiciones y con signos de abusos.

"Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo embera katío, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado", expresó Queragama.

"La familia está destrozada, el pueblo indígena desconcertado con lo que nos hacen"

La niña habría sido secuestrada el domingo 21 de junio por un grupo de soldados que pertenecen al Batallón San Mateo, adscrito a la Brigada 8 del Ejército. Según dijo a France 24 Lejandrina Pastor, consejera de mujer, familia y generación de la ONIC, se trata de una familia de escasos recursos económicos y que necesita mucho apoyo. "La familia está destrozada, el pueblo indígena desconcertado con lo que nos hacen", dijo Pastor y exigió que caiga "todo el peso de la ley" sobre los culpables.

Tras el suceso, la menor fue llevada a un puesto de salud de la región, donde fue valorada por los médicos y atendida por la Unidad de Infancia y Adolescencia.

Por su parte, la unidad militar publicó un comunicado en el que sostienen que los hechos están siendo objeto de una investigación interna. "Según información preliminar el deplorable hecho fue puesto en conocimiento del comandante de la unidad por parte de un suboficial. De inmediato se puso en conocimiento de la autoridad competente", indicó la institución del Ejército a la que pertenecen los implicados.

El Ejército de Colombia, en la mira por los abusos contra población vulnerable

Un acto que pone en el punto de mira al Ejército colombiano y que ha sido asumido por la Fiscalía General de la Nación. Los supuestos responsables de los hechos fueron un grupo de soldados regulares, de entre 18 y 22 años, que se encontraban cumpliendo la mitad de los 12 meses de servicio militar obligatorio que rige en Colombia.  

Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que dio instrucciones al Ejército "para tomar medidas correspondientes y colaborar con la Fiscalía en la investigación" porque "los responsables merecen una sanción severa".

Mientras que el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, a la que pertenece la unidad implicada, dijo que se acordaron los protocolos correspondientes tras conocerse la noticia y añadió que "el Ejército no actúa de esa manera y están prestos a cumplir todos los requerimientos de la Justicia".

El grupo de soldados implicados en el abuso fue llevado a Pereira, capital del departamento, "no solo los responsables, sino alrededor de 30 uniformados del pelotón", dijo Ospina sin especificar el número exacto de implicados.

Los soldados no serán juzgados por la ley penal militar

Pese a que el abuso fue cometido por parte de miembros del Ejército nacional, en este caso no aplica la ley penal militar, pero las autoridades militares sí han abierto una investigación disciplinaria. "Para que una conducta sea juzgada por la justicia penal militar tiene que tener una conectividad con el servicio, es decir es una falta que cometieron en la prestación de su servicio, durante la ejecución de sus funciones. La violencia sexual no tiene ningún tipo de relación con las funciones del servicio militar, no habría cabida para que sea investigado por la justicia militar”, aclaró a France 24 Carolina Chica, abogada y miembro de la Red Jurídica Feminista.

Los casos relacionados con violencia sexual a menores pueden acarrear penas de hasta 60 años y, la semana pasada, el Senado de Colombia aprobó la cadena perpetua para los violadores de niños, medida bien recibida en el país dados los constantes abusos de ese tipo denunciados.

"Este caso tiene además el agravante de que se trata de un delito contra una niña de una comunidad indígena protegida, todo eso suma en la gravedad de este delito", añade Chica. 

Y aunque aún no se conoce la pena que podrían enfrentar los acusados, las comunidades indígenas piden que los soldados sean juzgados por sus autoridades tradicionales, para luego ser juzgadas por la justicia penal ordinaria. La consejera indígena Pastor alegó que “la lucha de los pueblos ha sido que se fortalezca la Justicia propia sin intereses” y pide que se entregue a los agresores a la Justicia indígena.

ONIC: "Entreguen a los agresores"

En el comunicado presentado por las consejeras Pastor y Quilcué, se apela a los mandatos de la Ley de Gobierno Propio, "pacto para volver al origen, dentro de los cuales se establece cero tolerancia frente a la violencia intrafamiliar, contra la mujer y la niñez, la violencia sexual y la violencia comunitaria, así como por la resolución ‘Mujeres, violencias y acceso a la Justicia’ aprobada por la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas el 29 de mayo de 2015, en la cual se resuelve fortalecer los procesos y mecanismos de Justicia propia, formación y acompañamiento espiritual y cultural a los escenarios de mujeres, así como a las autoridades y comunidades en general con el fin de prevenir, denunciar, rechazar, investigar y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres".

Diversas autoridades del país mostraron su total rechazo a tal acontecimiento a través de las redes sociales. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que no se tolerará "ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena".

"Se ha estado denunciando que la fuerza pública no esté alrededor de los pueblos"

La denuncia sobre el abuso sexual de la menor indígena es una mancha más en las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas del país por parte de las autoridades colombianas. “Desde hace rato se ha estado denunciando que la fuerza pública no esté alrededor de los pueblos, que se alejen para evitar estos acontecimientos y hacen caso omiso. Las mujeres llegan embarazadas a los refugios y los hombres no responden por los niños, creando un conflicto dentro de las familias”, denuncia Pastor y asegura que en el marco de la pandemia del Covid-19, no han visto garantías de seguridad, sino que los casos siguen aumentando pese al confinamiento.

Una situación que según denuncian organizaciones feministas pone en jaque la capacidad del Estado para proteger a las mujeres y niñas del país. “En general, la violencia contra las mujeres no son situaciones aisladas, los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra las mujeres, son problemas estructurales que han puesto a las mujeres en lugares subordinados de poder, en los cuales el acceso al cuerpo es permitido, la naturalización de la violencia es constante y aceptado”, alegan desde la Red Jurídica Feminista.

Un hecho que, según las abogadas de la red, está “naturalizado en el marco del conflicto armado, cuando se utiliza modalidades específicas en contra de los cuerpos de las mujeres. Este tipo de violencias no son particulares sino estructurales. Y esto se sustenta en el sistema en el que vivimos, que tiene totalmente arraigado el acceso y la disponibilidad de los cuerpos de las mujeres”, por lo que reclaman, al igual que las mujeres y hombres indígenas, mejores mecanismos que juzguen y no dejen impunes este tipo de actos contra una población vulnerable y maltratada durante décadas en sus territorios. 

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