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Armada colombiana investiga a ocho infantes por la presunta violación de una mujer

Un grupo de indígenas embera protestan para rechazar la violación de una niña de 12 años perteneciente a su comunidad este 6 de julio, en el cantón militar, en Bogotá, Colombia.
Un grupo de indígenas embera protestan para rechazar la violación de una niña de 12 años perteneciente a su comunidad este 6 de julio, en el cantón militar, en Bogotá, Colombia. © Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
Texto por: Andrea Rincón
4 min

Otro escándalo pone de nuevo a las Fuerzas Armadas contra las cuerdas a cuenta de una agresión sexual que habrían cometido ocho infantes de marina del Batallón Fluvial de Infantería N. 30 contra una joven de 18 años. La Armada confirmó la destitución de los implicados.

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En las últimas tres semanas, las denuncias contra las Fuerzas Armadas de Colombia por casos de violencia sexual perpetrados por sus integrantes han encendido el repudio generalizado de la sociedad colombiana. La última corresponde a una denuncia por abuso sexual contra unos infantes de marina.

El 14 de junio, una mujer de 18 años instauró una denuncia formal ante la Fiscalía 40 seccional de Puerto Leguízamo, donde está ubicado el Batallón Fluvial de Infantería N. 30, por abuso sexual.

“Los presuntos hechos habrían ocurrido en un sector aledaño a un Puesto Avanzado de Infantería de Marina ubicado en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo”, aseguró la Armada en un comunicado. La institución confirmó que los hombres fueron desvinculados de la institución y anunció en su cuenta oficial de Twitter que “realiza una investigación preliminar”.

 
 

El general Sergio Serrano, comandante naval del sur de la Armada, aseguró a la revista Semana que “los ocho uniformados implicados son infantes de marina regulares, lo que significa que se encontraban prestando su servicio militar por 18 meses”.

El oficial también confirmó que los ocho infantes habían confirmado haber abandonado el servicio. “En algunas declaraciones sí dijeron que habían salido a tener relaciones sexuales consensuadas con una mujer (…) ellos dijeron: sí, nos volamos”, aseguró Serrano a Semana.

Ahora, medios locales aseguran que los hombres se encuentran aislados en Puerto Leguízmo, desde donde no hay vuelos aéreos para abandonar el municipio, a la espera de ser solicitados por la Fiscalía, donde desde entonces reposa el expediente de la mujer.

Tres denuncias de violencia sexual en las Fuerzas Armadas colombianas en menos de un mes

El pasado 24 de junio se conoció el caso de siete soldados adscritos al Batallón San Mateo, ubicado en la ciudad de Pereira, Risaralda, que violaron a una menor de once años del Resguardo Unificado Embera Chamí. La niña fue raptada por los siete militares mientras realizaban labores de vigilancia.

El caso, que indignó al país, pasó a manos de la Fiscalía en tiempo récord. Los hombres fueron judicializados y aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que los expone a una pena de entre 16 y 30 años de prisión.

Pero la celeridad de la justicia para estrechar la impunidad que rodea los casos en Colombia no es la regla, es una excepción. El exsargento Juan Carlos Díaz Díaz, que denunció el hecho a sus superiores, aseguró a medios locales que fue retirado por el general del ejército Eduardo Zapateiro.

La comunidad Embera aseguró que este no es un hecho aislado y que durante años no han podido denunciar este tipo de actos en su comunidad.

Solo cinco días después de lo ocurrido en Pererira, se conoció un hecho similar en el departamento del Guaviare, donde una niña indígena de la comunidad Nukak makú relató que estuvo secuestrada durante cinco días en el batallón ubicado en San José del Guaviare, a donde la llevaron varios militares en contra de su voluntad. Dos de ellos la obligaron a mantener relaciones sexuales según una denuncia interpuesta en la Fiscalía 19 en septiembre de 2019.

 “Las mujeres como botines de guerra” en Colombia

La niña logró escapar, y según recogió el diario ‘El Espectador’, ingresó al Hospital de San José del Guaviare el 19 de agosto de 2019 bajo “código gris”, que se refiere al protocolo para violencia sexual.

France 24 consultó con María Camila Correa, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sobre estas reiteradas denuncias. Correa aseguró que “el problema está en el hecho de que se sigue percibiendo el cuerpo femenino como espacio de esparcimiento y fuente de placer por parte de los actores de la guerra. Esta idea ha estado presente a lo largo de la historia: las mujeres como botines de guerra”.

Correa hizo énfasis en la doble vulneración que sufren las mujeres indígenas que deben convivir con las fuerzas armadas en zonas rurales del país. “Hay que entender que las mujeres y niñas indígenas tiene mayores factores de opresión y discriminación en su contra”.

Correa insistió que hace falta por parte de las fuerzas militares “educación en temas de género y en temas étnicos”.

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