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ONU propone un ingreso básico para más de un tercio de la población mundial

Toni, hijo de Antonio Chenarce, un panadero de 49 años, se encuentra fuera de su casa, durante la propagación de la enfermedad por coronavirus en Buenos Aires, Argentina, 2 de julio de 2020. Fotografía tomada el 2 de julio de 2020.
Toni, hijo de Antonio Chenarce, un panadero de 49 años, se encuentra fuera de su casa, durante la propagación de la enfermedad por coronavirus en Buenos Aires, Argentina, 2 de julio de 2020. Fotografía tomada el 2 de julio de 2020. © REUTERS / Agustin Marcarian
8 min

El PNUD planteó la posibilidad de que los países en desarrollo garanticen una renta básica temporal a cerca de 3.000 millones de personas mientras dure la pandemia. La medida busca que esta población pueda quedarse en casa, subsistir dignamente y frenar así la expansión del coronavirus.

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A la disyuntiva entre sufrir los efectos de la pobreza o el contagio grave por Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este jueves 23 de julio una solución en su nuevo informe titulado 'Ingreso Básico Temporal (IBT)'. 

Concretamente el PNUD propone que 132 países en desarrollo y economías emergentes subsidien por un tiempo a casi 3.000 millones de personas, casi un 40% de la población global, especialmente en donde las tasas de trabajo informal, sin subsidios de desempleo u otras ayudas públicas, son elevadas. 

"En los países en desarrollo en particular, donde no hay una red de seguridad social, donde entre el 70% y el 80% de las personas se ganan la vida a través del sector informal, un confinamiento significa que no tienen ingresos. Un apoyo básico temporal es una opción legítima a considerar en las estrategias nacionales", señaló Achim Steiner, administrador del PNUD. 

El documento calcula que esta iniciativa de ingreso básico costaría alrededor de unos 199.000 millones de dólares al mes, pero asegura que este es un costo asumible si se quiere acabar con el dilema de confinarse y frenar el avance de la pandemia o salir a trabajar para sobrevivir. 

"Los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes. Introducir un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo ha surgido como una opción. Esto podría haber parecido imposible hace solo unos meses", señaló Steiner.

La expansión del SARS-CoV2 se ha acelerado en las últimas semanas, sobre todo en economías con altos índices de desempleo e informalidad. Según los cálculos del PNUD, entre 70 y 100 millones de personas podrían caer en la miseria extrema (vivir con menos de 1,90 dólares al día) debido a la crisis económica desencadenada por el Covid-19. 

Dicha previsión “es ya un problema real” según estima George Gray Molina, jefe de política estratégica y economista del PNUD y uno de los autores del informe, quien urge a que su propuesta sea escuchada e implementada cuanto antes. 

“No hay tiempo que perder. Hemos llegado a más de 14 millones y medio de casos esta semana. Nos llevó tres meses alcanzar el primer millón, luego ha aumentado a razón de un millón a la semana, y últimamente, un millón cada cuatro o cinco días", ilustró el experto.

"Creemos que en este momento de la pandemia hay que juntar los aspectos socioeconómicos y sanitarios y que esta es una herramienta que puede ser útil para frenar la expansión del virus", dijo en rueda de prensa este jueves Gray Molina.

¿Cómo podrían los Estados obtener dichos recursos? 

El PNUD defiende que el IBT no solo es una propuesta factual y asumible, sino que plantea además diferentes fórmulas para llevarlo a cabo. 

De acuerdo con los expertos, el coste para los 132 países en cuestión varía entre un 0,27% y un 0,63% de su Producto Interior Bruto combinado, en función de las formas de distribución que se elijan y los plazos que designen.

Así, entre las formas de pagar ese ingreso temporal, el PNUD destaca la posibilidad de que los países usen los fondos que este año tendrían que destinar al pago de su deuda externa. Lo que es bastante factible teniendo en cuenta que el G20 ya acordó, con motivo de la pandemia, una moratoria para los países más pobres, tema que la ONU celebra pero que insiste en que se debe extender a más economías en vías de desarrollo.

Un hombre mira desde una ventana al barrio de bajos ingresos de Las Mayas, a medida que aumentan los casos en medio del brote de la enfermedad por coronavirus, en Caracas, Venezuela, 14 de julio de 2020. Fotografía tomada el 14 de julio de 2020.
Un hombre mira desde una ventana al barrio de bajos ingresos de Las Mayas, a medida que aumentan los casos en medio del brote de la enfermedad por coronavirus, en Caracas, Venezuela, 14 de julio de 2020. Fotografía tomada el 14 de julio de 2020. © REUTERS / Manaure Quintero
El PNUD también propone, por ejemplo, la utilización de los subsidios a los combustibles fósiles o los gastos militares, al tiempo que admite que hay dificultades administrativas y políticas que deberían superarse para poder hacer realidad este proyecto.

"La mayoría de las transferencias de efectivo a los pobres o vulnerables van al consumo y tienen un efecto multiplicador muy fuerte a nivel local. Y parte de la inversión será recuperada mediante impuestos directos o indirectos que podrían a su vez financiar parte de las propias ayudas", explica Molina.

En cuanto a la distribución del IBT, la agencia de la ONU plantea, por ejemplo, pagos que sitúen a toda la población por encima de las distintas líneas de vulnerabilidad, que irían de 3,20 dólares diarios en el África Subsahariana o el sur de Asia a 13 dólares diarios en las regiones de Europa y Asia Central, así como en Latinoamérica y el Caribe. 

Tales ayudas, según la agencia, podría tener una duración de entre tres y nueve meses dependiendo de la evolución del virus en cada uno de los países. 

Otra opción sería realizar transferencias equivalentes a la mitad de los ingresos promedio por hogar de cada país o también, establecer un rango de ayuda promedio entre los ciudadanos más necesitados. Esto quiere decir, “un pago que corresponda a unos 5,50 dólares diarios en todo el mundo, una cifra media de los ingresos necesarios para evitar la pobreza en distintas regiones”.

El IBT cubriría las necesidades de cerca de 520 millones de latinoamericanos 

América Latina es hoy uno de los epicentros de la pandemia del Covid-19, que sigue en rápida expansión. En la región, la cifra de infectados supera los cuatro millones y las víctimas mortales se acercan a 170.000.

Como si fuera poco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que el PIB regional se contraerá casi un 10% en 2020, su mayor caída en décadas, llevando a otros 45 millones de personas a la pobreza. 

Los médicos caminan frente a los vendedores ambulantes durante una caminata mientras los casos aumentan en medio del brote de la enfermedad por coronavirus, en Caracas, Venezuela, 14 de julio de 2020. Fotografía tomada el 14 de julio de 2020.
Los médicos caminan frente a los vendedores ambulantes durante una caminata mientras los casos aumentan en medio del brote de la enfermedad por coronavirus, en Caracas, Venezuela, 14 de julio de 2020. Fotografía tomada el 14 de julio de 2020. © REUTERS / Manaure Quintero

Según los expertos del PNUD, de ponerse en práctica el IBT, entre 378 y 521 millones de latinoamericanos se verían beneficiados por la medida. “No es más del 1% del PIB una transferencia única por tres meses, se duplica si son seis meses. Fiscalmente no es una cantidad imposible”, asegura el director general del PNUD para la región, Luis Felipe López-Calva. 

Para el experto, más de una veintena de países en América Latina ya cuentan programas sociales establecidos y con “una tradición de casi dos décadas en la transferencia de ingresos”. La pandemia, incluso, ha hecho que dichos procesos se fortalezcan como es el caso de Argentina, que ha concedido ayudas extraordinarias con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o Colombia con el Ingreso Solidario, admite López-Calva. 

“Es una crisis de salud sin precedentes en décadas, pero también una crisis de gobernanza, porque ha puesto a prueba la capacidad del sistema para responder en salud, educación, economía”, asegura el experto y recalca que los países deberían poner en marcha un diálogo social amplio para transformar esta situación en “una nueva normalidad más incluyente”.

Con EFE y AP 

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