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México: trabajadores tendrían pensiones más altas con menos años de cotización

Un grupo de personas ante el edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en busca de empleo, en Ciudad de México, México, el 14 de julio de 2020.
Un grupo de personas ante el edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en busca de empleo, en Ciudad de México, México, el 14 de julio de 2020. © Sáshenka Gutiérrez / EFE
9 min

De ser aprobada la reforma impulsada por el Gobierno y los sindicatos patronales y obreros, los aportes al ahorro para el retiro de los trabajadores pasarían del 6.5 al 15% en un periodo de ocho años y, al llegar a la edad establecida, bastaría con haber cotizado 750 semanas ante el Seguro Social para acceder a la pensión, en lugar de las 1.250 requeridas actualmente.

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Si es aprobada la iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México, los trabajadores mejorarían sustancialmente sus condiciones de retiro y quienes comenzaron a cotizar en el Seguro Social desde 1997 se librarían de recibir una pensión que, difícilmente, garantizaría su subsistencia. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país azteca se ubica entre las naciones afiliadas cuyos trabajadores recibirán la paga más baja al término de su vida laboral, dado que obtendrán, en promedio, solo el 28% de los ingresos que percibían. 

A esto le sumamos que, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia, los desempleados sacaron de sus fondos de retiro más de 150 millones de dólares entre mayo y junio, lo que quiere decir que más de un millón de asegurados perdieron semanas de cotización y disminuyeron su ahorro para la vejez. 

Ante esta realidad, el Gobierno federal, de común acuerdo con el sector privado y los sindicatos de trabajadores, presentaron una iniciativa de ley para fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

Las líneas de acción de la reforma

La propuesta integra tres líneas de acción fundamentales, que impactan en el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, bajo el que operan las administradoras de fondos para el retiro (afores). Dichas tres líneas son: el aumento en los aportes para el retiro, la disminución del requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho a la pensión y el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada. 

  • Primera línea: contempla que los aportes al ahorro para el retiro de los trabajadores, que actualmente son de 6.5%, pasen a 15% en un periodo de ocho años, y que el incremento corra por cuenta del patrón. Es decir, que el empleador, que hoy solo aporta 5.15%, pase a entregar el 13.875%, mientras que el trabajador siga aportando 1.125% y el Gobierno 0.225. Estos aportes del trabajador y del Gobierno dependerán del ingreso de cada empleado.
  • Segunda línea: estipula la reducción de las semanas de cotización requeridas. Actualmente, un trabajador que llega a los 65 años de edad, para poder solicitar su retiro debe tener cumplidas 1.250 de cotización (24 años). Con la reforma, a esa misma edad solo deberá acreditar 750 semanas de cotización (14 años), considerando que cada año tiene 52 semanas.
  • Tercera línea: fortalece la pensión garantizada al "incrementar el valor de la pensión de un promedio actual de 3.289 pesos (80% de un salario mínimo) a un valor promedio de 4.345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización, pudiendo llegar hasta el 220% del salario mínimo vigente actualmente. 

“Con estas acciones se proyecta que la tasa de reemplazo, porcentaje que representa la pensión respecto del último salario recibido por el trabajador antes del retiro, se eleve en promedio 40% respecto de su nivel actual”, explica la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

El reconocimiento de las trayectorias formal-informal 

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), considera que la iniciativa es positiva y que, si bien no es una reforma muy completa ni podemos pretender que va a cambiar la realidad laboral del país, va en el "sentido correcto". 

La especialista, que cuenta con estudios de posgrado en la London School of Economics, considera que la iniciativa reconoce que la dinámica laboral es dual y que los trabajadores se mueven entre el sector formal y la economía informal. En México, apunta, el 57% de las personas ocupadas están en el mercado informal, ya sea porque venden comida en un puesto callejero o laboran en una empresa, pero no tienen seguridad social, pues el patrón no reconoce el vínculo laboral. 

La pretendida reforma aplica a los trabajadores que están en el empleo formal y que hacen parte del esquema de Contribución Definida, que es el régimen de 1997, donde “cada quien paga su propia pensión”. 

Varias personas el 14 de julio de 2020 ante el edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en busca de empleo en Ciudad de México, México.
Varias personas el 14 de julio de 2020 ante el edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en busca de empleo en Ciudad de México, México. © Sáshenka Gutiérrez / EFE

"La reforma reconoce una realidad en México: que la gente se mueve entre lo formal y lo informal. Expongo mi propio caso, no porque sea un buen ejemplo, sino porque ilustra cómo es este movimiento. Cuando empecé a trabajar me dieron de alta en el Seguro Social y empecé a contribuir. Pero, más tarde, tuve a mis hijos, dejé de trabajar y, en ese momento, dejé de cotizar (...) Luego entré a dar clases, pero me pagaban por honorarios, entonces no cotizaba. Para mí, dar clases es un trabajo súper formal, pero no estaba cotizando en el IMSS. Me moví entre la formalidad y la informalidad durante mucho tiempo. Entonces podría llegar a los 60 años luego de trabajar toda la vida, pero sin haber cumplido las 1.250 semanas cotizadas”, explicó la experta.  

En 2021, cuando se cumplan 24 años de las afores, solo 24% de los trabajadores que cotizan con este esquema alcanzará las 1.250 semanas, según la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro (Consar). 

De ahí que la economista valore el que la propuesta le baje 10 años al tiempo necesario que debe el empleado cotizar para poder tener acceso a su pensión, una vez que alcance la edad reglamentaria. 

Sin impacto en las finanzas públicas 

Las autoridades financieras han descartado un impacto negativo para las empresas, pues se considera una etapa de transición para permitir una recuperación tras la crisis por la propagación del Covid-19 y, además, un aumento progresivo en un lapso de ocho años. 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el subsecretario Gabriel Yorio, han explicado que el efecto de la reforma será financieramente neutral para el Gobierno, debido a que el esfuerzo del sector público se concentrará en quienes ganen los salarios más bajos. El monto que hoy aporta el Gobierno al sistema llegaba a los trabajadores de 15 salarios. Pero, a partir de la reforma esa misma cantidad, se va a concentrar en quienes ganen menos de cinco salarios mínimos.

Los "contras" de la iniciativa 

Tras la presentación del proyecto de reforma, en una ceremonia en Palacio Nacional en la que estuvo Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y principal representante del sector privado, la senadora del Partido Acción Nacional Alejandra Reynoso, advirtió en videoconferencia que elevarles a los empleadores los aportes obligatorios de las Afores del 6.5 al 15%, aunque sea de forma gradual, representará una carga adicional. 

"A los empresarios, a los empleadores, a los patrones, durante esta contingencia, durante esta pandemia, se les ha cargado absolutamente todo, porque el Gobierno federal nunca quiso entrarle al salario solidario y a tratar de aminorar la carga para mantener los empleos”, aseveró. 

Por ello, recordó que en la propuesta de su partido, presentada hace pocos días, se plantea que ese aporte sea deducible del impuesto sobre la renta, para aminorar esa carga a las empresas. 

Por su parte, Valeria Moy reconoció que, más allá de los beneficios de la pretendida reforma, es un hecho que “le está subiendo aún más el costo a la formalidad. Hoy en día, hacerte formal es costoso, porque el patrón tiene que pagar estas cuotas y, ahora, se sube todavía más esa cuota, entonces el costo de ser formal será todavía más alto. Esto puede ocasionar que la informalidad en México, que ya es muy alta, sea aún más grande. Entonces esta propuesta tiene muchas luces pero también algunas sombras”. 

Moy advierte que esto, además, le abre la puerta más al esquema de contratación vía outsourcing, pues así sí pueden deducir impuestos, al tratarse de un servicio contratado, mientras que el aporte de cuotas no es deducible fiscalmente. 

José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala en entrevista otros posibles negativos. 

"La empresa, para cumplir con ello, no va a contratar en el margen que lo hacía antes de la pandemia, y se tiende a contener el salario. Es decir, al tener un empleado con un salario menor, la cuota patronal será más alta", dice. 

Esta situación, según señala, va a llevar a que se restrinja el empleo formal y, al haber mayor oferta de mano de obra, el sueldo tiende a aminorar. 

Para que no se dé este escenario negativo, en un corto plazo la economía debe crecer para que las empresas puedan aumentar sus contrataciones, señala el economista.

Más ahorro voluntario y comisiones más bajas 

Unos aseguran que un sistema de enrolamiento de aportes voluntarios al que podrán acogerse los trabajadores, distinto al que opera actualmente, dará más incentivos al empleado para ahorrar. Pero otros lo dudan. 

"Este esquema está diseñado con base en teorías de la economía del comportamiento. Las empresas inscriben automáticamente a los trabajadores en este esquema y se le retiene una parte de su salario y el trabajador puede decidir si se queda o no", afirma Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). 

Finalmente, tanto Moy como Martínez coinciden en señalar que, si bien no está de manera específica en la iniciativa, un cambio que vendrá aparejado con la reforma será la reducción de las comisiones que cobran las afores. 

El especialista de la UNAM señala que, hoy en día, en promedio, por cada peso que ingresa a una afore administrada por un banco, este se queda con 96 centavos. Por ello, señala, el propio presidente de Amafore se ha comprometido a revisar las tasas que se están cobrando.

En agosto de 2019, durante una firma de acuerdos con el Gobierno, precisamente para bajar las tasas, el secretario Herrera detalló que las comisiones pasaron de 1.01% en 2018, a menos de 1% este año.

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