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Las precarias condiciones de los temporeros de Lleida, una realidad expuesta por la pandemia

Imagen sin fecha cedida por la plataforma Fruita amb Justicia social que muestra una protesta de trabajadores agrarios en Lleida, Cataluña, España.
Imagen sin fecha cedida por la plataforma Fruita amb Justicia social que muestra una protesta de trabajadores agrarios en Lleida, Cataluña, España. © Cortesía Fruita amb Justicia Social
Texto por: Natalia Plazas
9 min

Los numerosos casos de Covid-19 detectados en trabajadores del campo en la provincia catalana de Lleida pusieron de manifiesto la cruda realidad que enfrentan año tras año los temporeros que recogen las cosechas. En medio de la emergencia, el reclamo de condiciones laborales dignas se ha hecho más fuerte. 

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Cuando Lamin Mandy* fue diagnosticado con coronavirus vivía en una casa con otras 30 personas, todos trabajadores del campo de temporada llegados de otras partes del país. El equipo médico que acudió al recinto reveló los resultados: todos, menos cuatro, estaban contagiados. 

El brote en el apartamento de Lamin es uno entre las decenas de focos de contagio que se han dado en la provincia de Lleida, al oeste de Cataluña y al norte de España, en alojamientos de los llamados temporeros, quienes llegan año tras año a recoger las cosechas de manzana, pera, melocotón o cereza que se dan en estas tierras. 

El surgimiento de estos focos contribuyó, en parte, a que la provincia de Lleida registrara uno de los principales repuntes de España, con 16 rebrotes identificados en la comarca del Segrià, donde el principal hospital, el Arnau de Vilanova, informó hace días que gran parte de los hospitalizados tuvo contacto con la industria agroalimentaria. 

Imagen sin fecha. Un temporero ingresa a un pabellón de personas diagnosticadas con coronavirus habilitado por el Ayuntamiento de Torres de Segre y operado por la ONG Open Arms en ese municipio de Lleida, Cataluña, España.
Imagen sin fecha. Un temporero ingresa a un pabellón de personas diagnosticadas con coronavirus habilitado por el Ayuntamiento de Torres de Segre y operado por la ONG Open Arms en ese municipio de Lleida, Cataluña, España. © Cortesía Open Arms

"En esas circunstancias, incluso aunque se lleve mascarilla, no se puede evitar el contagio", decía días atrás el responsable del servicio de vigilancia epidemiológica de Lleida, Pere Godoy, en una entrevista en el Diario.es., sobre las condiciones de trabajo y alojamiento a las que están expuestos los temporeros.

Sin medios para vivir más que sus propias manos y sin posibilidades de "autoaislarse" o confinarse, como exigen las autoridades españolas a los contagiados, Lamin y sus compañeros fueron llevados a un pabellón operado por la ONG Open Arms, donde la organización atiende a 36 temporeros con casos leves de coronavirus.

En medio de la emergencia y de los crecientes brotes, Open Arms pone de manifiesto el riesgo de estigmatización de esta población. Albert Mayordomo, coordinador del operativo en Lleida, advierte de "ciertos brotes violentos contra estos colectivos" y señala que "no es justo para un sector que tenemos que recordar, es el que nos trae la comida a la mesa". 

Una situación que venía siendo denunciada desde años atrás 

A medida que avanzaba la temporada en los meses de verano, cientos de temporeros empezaron a ser vistos por la calle, pidiendo alimentos o durmiendo en los bancos de los pueblos y de la capital provincial, Lleida, lo que estremeció a una población temerosa de entrar a una nueva ola de contagios.

Las imágenes circularon en la prensa local y nacional y expusieron una profunda problemática de antaño. "Aquí en Lleida todo el mundo conoce este tema", comenta Roger Torres, presidente de Arrels Sant Ignasi, una fundación que durante décadas ha brindado ayuda a personas sin techo y hoy aboga por dejar atrás un modelo que considera "asistencialista", en pro de abordar el tema de manera estructural.

Entre 10.000 y 30.000 temporeros llegan anualmente a la provincia durante la cosecha, repartidos entre la ciudad de Lleida y los pueblos que la rodean, cuyas comunidades suelen rondar los 2.000 y 3.000 habitantes, por lo que en muchos casos alcanzan a duplicar o triplicar la población local durante los meses de verano.

En la fotografía, un temporero marroquí recoge cerezas en una explotación agrícola de Seros, Lleida, Cataluña.
En la fotografía, un temporero marroquí recoge cerezas en una explotación agrícola de Seros, Lleida, Cataluña. © Laurent Dominique / EFE

La gran mayoría son inmigrantes de países africanos como Mali, Senegal, Gambia o Guinea Bissau, entre muchos otros. Sin contratos de larga duración, suelen quedar a merced de las exigencias de la industria agraria y sin poder optar luego a ayudas estatales, por lo que sus fuentes de ingresos suelen ser las temporadas. 

Los sueldos rondan los 6,30 euros brutos la hora, de los que les acaban quedando menos de 5 euros y con frecuencia trabajan con contratos de 30 o 40 horas, aunque acaban haciendo jornadas extensas y acumulando 10, 15 o 20 horas más de las estipuladas, por las cuales casi nunca cobran extras. 

"¿Las normas de trabajo? mal. ¿La nómina?, fatal. ¿Los jefes?, fatal, a eso nos hemos acostumbrado", asegura Joao, otro temporero que contrajo coronavirus, originario de Guinea Bissau y quien reside con su familia en Almería, al sur de España. Sin embargo, se resigna porque depende de esos empleos y asegura que "si exiges todos los derechos, al final te vas a quedar sin trabajar".

Condiciones de vivienda indignas y poca acción administrativa

Con sueldos bajos, son los empleadores, ya sean payeses o grandes compañías, los que, según un convenio agrario firmado años atrás, deben proveerles un alojamiento en condiciones dignas. El problema, según señala la abogada Mercè Jordana, de la Comisión de Derechos Humanos de Lleida, es que en muchos casos "el alojamiento que se ofrece no está en condiciones de habitabilidad".

Lamin suena alterado cuando habla del lugar que le brindó su empleador al iniciar la campaña. "Nadie puede vivir así, esa casa tienen que cerrarla", comenta al relatar las malas condiciones de higiene en las que vivían él y sus 30 compañeros, sin buenas instalaciones para bañarse, espacios adecuados para comer y cocinar y con colchones llenos de chinches.

Por si fuera poco, los empleadores solo tienen la obligación de dar alojamiento a los temporeros durante el tiempo que los tienen contratados, pero no antes ni después, por lo que muchos duermen en las calles durante esos periodos.

Imagen que muestra un grupo de temporeros durmiendo en la calle en Lleida, Cataluña, España.
Imagen que muestra un grupo de temporeros durmiendo en la calle en Lleida, Cataluña, España. © Cortesía Fruita amb Justicia Social

Fruita amb Justicia Social, una plataforma que defiende los derechos de los trabajadores agrícolas, denuncia que desde hace décadas se presenta el mismo problema, y aunque algunos pueblos ya han adecuado espacios, "Lleida, que es la ciudad capital y la que acoge a más trabajadores, no tiene albergues" para los trabajadores del sector, el más importante de la provincia, señala Llibert Rexach, portavoz de la organización.

Ante el aumento de los contagios, la ciudad habilitó un espacio en el que se atiende a unos 200 temporeros y en los pueblos se han puesto en marcha algunas iniciativas, como las liderada por Open Arms, pero la respuesta sigue siendo insuficiente, y muchos trabajadores prefieren no acudir a estos centros por miedo a ser diagnosticados con coronavirus y perder la oportunidad de trabajar.

Los "sin papeles", el eslabón más débil de la cadena productiva

Sin embargo, existe una población aún más vulnerable que abunda entre los trabajadores del campo. Los "sin papeles", como se denomina a quienes no cuentan con una situación administrativa regular en España, representaron un 40% de los temporeros que llegaron a Lleida para la campaña de fruta de 2019, según cifras recogidas por Fruita amb Justicia Social. 

La organización advierte que, de todos, estos son los más expuestos a violaciones de sus derechos, tanto por explotación laboral como porque muchos de ellos acaban pagando hasta 1.000 o 2.000 euros a mafias que les falsifican documentos. Muchos se prestan para esas situaciones, pues de la mayoría dependen familias enteras en sus países de origen. 

Sin embargo, esta situación se puede cambiar. Mercè Jordana, pone el ejemplo de Portugal, que durante la pandemia regularizó el estatus los migrantes que habían solicitado el permiso de residencia y de Italia, que aprobó la regularización en sectores agrícolas y de cuidados domésticos durante seis meses alegando una causa de fuerza mayor.

Para la abogada, en ningún Estado de Derecho debería haber personas sin documentación a quienes se les impida trabajar y mantener a sus familias ante la posibilidad de optar a una oferta laboral. "Se debería poder regularizar, aunque sea solo por el lapso temporal del contrato. (...) Hacen falta políticas valientes, no hace falta mucho más", asegura.

Una acción conjunta de las administraciones, la principal necesidad para lograr un trabajo justo

Mientras es el Estado español al que compete regularizar el estatus laboral, el Gobierno regional de Cataluña debe velar por las inspecciones laborales, algo que según Jordana se debería hacer "de oficio" y con más regularidad para asegurar condiciones de trabajo dignas y que se cumpla con lo establecido en el convenio agrario.

Las organizaciones coinciden en la importancia de llevar a cabo una acción coordinada entre el Ayuntamiento de Lleida, el Gobierno catalán y Madrid. "Si solo estigmatizamos al payés o al Ayuntamiento, nos tiramos piedras a nuestro tejado. (...) Hay que crear una visión estratégica de conjunto con todos los agentes implicados y ver cómo salvar a la persona y al territorio", señala Torres.

Imagen sin fecha cedida por Fruita amb Justicia Social que muestra una manifestación de temporeros quienes exigen mejores derechos laborales, ante el Ayuntamiento de Lleida, Cataluña, España.
Imagen sin fecha cedida por Fruita amb Justicia Social que muestra una manifestación de temporeros quienes exigen mejores derechos laborales, ante el Ayuntamiento de Lleida, Cataluña, España. © Cortesía Fruita amb Justicia Social

Ni Joao ni Lamin trabajarán más este año en la fruta, cuando se recuperen del coronavirus y acaben la cuarentena, la cosecha estará por terminar. A pesar de todo, ninguno descarta la posibilidad de regresar el año que viene, cuando haya pasado la epidemia. "Tienes que trabajar para quitarte el hambre, para pagar tu casa", recuerda Joao.

El próximo año, posiblemente el coronavirus haya quedado atrás. Los cultivos, sin embargo, seguirán existiendo, así como la necesidad de mano de obra. Ahora queda ver si la realidad evidenciada por la emergencia traerá cambios en la industria agrícola o si los gritos de quienes claman condiciones dignas para los temporeros quedarán ahogados en el tiempo una vez más. 

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

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