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Argentina: ¿en qué consiste la reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno?

El presidente argentino, Alberto Fernández durante la presentación del proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y el Consejo Consultivo.
El presidente argentino, Alberto Fernández durante la presentación del proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y el Consejo Consultivo. © Reuters
7 min

El gobierno de Argentina envió al Congreso un proyecto para rediseñar parte de la Justicia del país y anunció la creación de un Consejo Consultivo que proponga más reformas.

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Argentina es un país federal, en el que cada una de sus 24 provincias tiene su propio poder judicial. Pero también hay una justicia federal, y así como las decisiones del Congreso y del presidente pueden solo afectar ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos -porque muchos otros dependen de los gobernadores y legislaturas provinciales- a la justicia federal le toca hacerse cargo de ciertos delitos, no de todos. Por ejemplo, le competen a la justicia federal delitos contra el fisco nacional, algunos de contrabando, de narcotráfico, de lavado de activos y de trata de personas.

El proyecto que el Gobierno de Alberto Fernández espera que avance en el Congreso se llama "Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal" y busca rediseñar su estructura. Al presentar el proyecto este miércoles 29 de julio, el presidente dijo que tiene como uno de sus objetivos "superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal". 

Entre otros puntos, el proyecto propone crear una justicia federal penal, que unifique dos fueros: el criminal y correccional, que tiene hoy 12 jueces, y el penal económico, que tiene 11. Pero además, por una modificación de su estructura, la nueva justicia federal penal pasará a tener no 23 juzgados, sino 46. Eso implica que deberán nombrarse 23 nuevos jueces. 

"De esta manera", dijo el presidente, "buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática". Sin decirlo, Fernández hacía referencia a las causas contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández y otros exfuncionarios, concentradas en la actual justicia criminal y correccional y que han sido objeto de extensos debates y polémicas de un lado y otro del arco político nacional.

La reforma de este ámbito específico de la justicia ha generado resistencias y preocupación en quienes creen que puede allí haber un intento por frenar u obstaculizar las causas contra la expresidenta. En ese sentido, Alberto Fernández dijo que, a fin de evitar que se siembren dudas, "la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando". La intención del Ejecutivo es que el nuevo fuero comience a funcionar cuanto antes, con lo cual espera que se puedan designar jueces subrogantes en los nuevos juzgados mientras se designan los magistrados que los ocuparán en forma permanente.

La ley implica la designación de nuevos jueces

El proyecto también prevé unificar, a nivel federal, los juzgados civiles y comerciales con los contencioso administrativos, crear cinco tribunales orales en lo penal federal, con tres jueces cada uno, y sumar 94 juzgados penales federales distribuidos en las provincias. Es una ley que implica la designación de muchos nuevos jueces. Eso ha despertado preocupación en ciertos sectores, porque el proceso de elección de los magistrados puede terminar teniendo un efecto sobre su posterior desempeño. En eso será clave el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (órgano que interviene en el proceso de selección, sanción y remoción de los jueces).

Por otra parte, el texto que tratará el Congreso prevé que los jueces deban atenerse a unas pautas que, de ser incumplidas, podrán llevar a sanciones administrativas y penales. Incluyen: evitar favoritismo hacia alguna de las partes, dar cuenta de cualquier intento de influencia y evitar que sobre sus decisiones incidan el clamor público y el miedo a la crítica.

Un Consejo Consultivo para ir más allá con las reformas

Además del proyecto de ley, este miércoles el presidente anunció la creación del "Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público", conformado por 11 juristas, cuyo objetivo será pensar y sugerir más reformas para la Justicia. Fundamentalmente, sobre la estructura y funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal (que tiene a su cargo los fiscales federales) y el Ministerio Público de la Defensa (a cargo de los defensores).

"Yo quisiera que las recomendaciones que finalmente me brinden, sean parte del debate que estamos abriendo y se conviertan en las piedras basales de un nuevo sistema judicial que nuestra sociedad está demandando desde hace ya mucho tiempo y que lamentablemente nuestra democracia no ha podido construir todavía", dijo el presidente.

Un punto de discusión fuerte tiene que ver con la reforma de la Corte Suprema. Entre las ideas que se barajan aparece la posibilidad de ampliar el número de magistrados que la componen y dividirla en salas enfocadas en diferentes temas. Aunque esto permitiría distribuir mejor las miles de causas que trata al año, también haría que disminuya el poder de cada juez. De hecho, es posible que cualquier propuesta de modificación sea declarada inconstitucional por la propia Corte (una de las peculiaridades de la estructura de tres poderes de la república).

A través de un comunicado, Juntos por el Cambio, el partido de oposición que estuvo en el gobierno en los cuatro años previos a la asunción de Alberto Fernández, dijo que se opone a la aumento de miembros en la Corte Suprema. "La comisión de expertos, que no integramos y no tenemos pretensión alguna de integrar, tiene una mayoría de integrantes con opinión formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas", dice el texto. "El objetivo es claro", agrega: "crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad".

Por ahora el debate es sobre supuestos. El Consejo Consultivo tiene 90 días desde que empiece a funcionar para presentarle sus propuestas al presidente. Después restará ver qué decide hacer el Ejecutivo con esas sugerencias y, de querer adoptarlas, cuál sería el recorrido normativo y burocrático para hacerlo. Será, entonces, un tema de debate regular que tendrá resolución seguramente ya entrado 2021.

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