EE. UU. sanciona a la jefa de Gobierno de Hong Kong por "represión a la libertad"

Archivo-La jefe de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, se dirige a los ciudadanos el 6 de julio de 2020.
Archivo-La jefe de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, se dirige a los ciudadanos el 6 de julio de 2020. © ©AFP/Isaac Lawrence

El Gobierno de Estados Unidos informó este 7 de agosto que impuso sanciones contra la jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, por presuntamente "implantar políticas de represión a la libertad en Hong Kong". La medida llega tras la entrada en vigor de la polémica ley de seguridad, promulgada por China, con la que las autoridades locales han detenido a decenas de manifestantes.

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Es la medida más significativa contra las autoridades de Hong Kong tras la aplicación de la polémica ley de seguridad impulsada por el Gobierno chino para la región semiautónoma e implementada desde el pasado 1 de julio.

Bajo esta normativa, decenas de personas que protestan contra las autoridades locales de la isla y Beijing han sido arrestadas. Además de la jefa de Gobierno de la excolonia británica, Carrie Lam, fueron sancionados otros 10 altos funcionarios.

"Hoy, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 11 personas por socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos de Hong Kong", aseguró en un comunicado este ente del Gobierno federal.

Como consecuencia de las sanciones, quedan bloqueados los activos que estas personas tengan bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, les prohíbe cualquier transacción financiera con entidades de EE. UU. El Tesoro acusó a Lam de ser "directamente responsable de implementar las políticas de Beijing de supresión de las libertades y procesos democráticos".

Entre los otros diez sancionados se encuentran Chris Tang, comisionado de la policía de Hong Kong, quien "ha apoyado con entusiasmo la ley de seguridad nacional de Hong Kong" y Stephen Lo, comisionado de la Policía hasta 2019, ya que "bajo su liderazgo, más de 4.000 manifestantes fueron arrestados y 1.600 resultaron heridos en enfrentamientos", aseguró el Departamento del Tesoro.

En la lista también figuran John Lee Ka-chiu, secretario de Seguridad; Teresa Cheng, secretaria de Justicia de Hong Kong, designada para adoptar o implementar la controversial normativa; Erick Tsang, secretario de Asuntos Constitucionales y Continentales, también responsable de la aplicación de la ley y Xia Baolong, director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, organización dentro del Consejo de Estado.

En un comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que "Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y usaremos nuestras herramientas y autoridad para perseguir a aquellos que socavan su autonomía".

¿En qué consiste la polémica ley de seguridad nacional en Hong Kong?

Hong Kong, considerado un importante centro financiero a escala mundial, fue testigo el 1 de julio de 2020 de la implementación la ley de seguridad nacional, que castiga el separatismo, la subversión y el terrorismo. Desde el mismo día de su entrada en vigor, el 30 de junio, han sido detenidos decenas de manifestantes.

Imagen de una de las protestas multitudinarias en Hong Kong para reclamar una mayor democracia.
Imagen de una de las protestas multitudinarias en Hong Kong para reclamar una mayor democracia. © Anthony Wallace/ AFP

La ley fue promulgada por China en el marco de la ola de protestas que desde 2019 han sacudido a Hong Kong. Inicialmente, las manifestaciones fueron convocadas contra un proyecto de ley de extradición a China continental. Aunque esa iniciativa fue retirada en medio de la presión social, las movilizaciones se extendieron por otras inconformidades que en general reclaman mayor independencia y menos control de China sobre la región administrativa especial.

Durante varios meses las manifestaciones pacíficas se vieron empañadas por disturbios y protestas violentas que causaron destrucción en las calles de Hong Kong. Las voces de rechazo crecieron aún más cuando las autoridades anunciaron la ley de seguridad nacional, que para sus críticos coarta el derecho a la protesta y amenaza el principio de "un país, dos sistemas", que ha regido a la excolonia británica desde su traspaso a China en 1997.

Manifestantes destrozan ventanas de una estación de metro,  durante las protestas en Hong Kong, el 8 de septiembre de 2019.
Manifestantes destrozan ventanas de una estación de metro, durante las protestas en Hong Kong, el 8 de septiembre de 2019. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

La ley de seguridad entró en vigor justamente el 1 de julio, la misma fecha en la que durante 17 años los hongkoneses celebraban la tradicional manifestación antigubernamental, para conmemorar la devolución de Hong Kong, de manos británica a Chinas.

Desde entonces, los opositores denuncian que aumentan las detenciones. Sin embargo, la jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha defendido la medida al asegurar en ese momento que el hecho de que la mayoría de casos recaigan sobre la Justicia hongkonesa muestra el "alto grado de confianza" de Beijing en las autoridades de la ciudad. "Ahora que tenemos la ley, la haremos cumplir con decisión. Hong Kong recuperará su prosperidad muy pronto", dijo Lam en julio.

Manifestantes frente a la entrada de una estación de metro, en Hong Kong, el 8 de septiembre de 2019.
Manifestantes frente a la entrada de una estación de metro, en Hong Kong, el 8 de septiembre de 2019. REUTERS/Tyrone Siu

La jefa de Gobierno también atribuyó el estallido social a desconocimiento de la historia. "Hong Kong tampoco lo ha hecho bien en la educación, especialmente la de nuestros jóvenes, sobre la historia y la cultura de nuestra nación. Tampoco se ha podido profundizar en la relación de trabajo con el Gobierno central. Todo ha contribuido a una crisis y al auge de elementos radicales locales", declaró la líder hongkonesa.

Pero para muchos gobiernos extranjeros y hongkoneses que se oponen al dominio de China sobre Hong Kong y sobre sus ciudadanos, se trata de una arbitrariedad. La ley, aprobada sin ser pública a los ciudadanos de la región, no solo contempla la extradición a China continental, sino que también comprende penas de hasta cadena perpetua a los delitos que considera incurren en separatismo, subversión y terrorismo, entre otros, que a ojos de Beijing vulneran su soberanía.

Con EFE y AP

 

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