Perú pasa su año preelectoral ante una de sus peores crisis y con un sistema político debilitado

El presidente peruano, Martín Vizcarra, pidió “voltear página” tras un reciente choque de poderes con el Congreso. Su nuevo equipo ministerial buscará el voto de confianza del Parlamento en los próximos días.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, pidió “voltear página” tras un reciente choque de poderes con el Congreso. Su nuevo equipo ministerial buscará el voto de confianza del Parlamento en los próximos días. © Cortesía Agencia Andina

En medio de la pandemia, el Gobierno y el Congreso de Perú cargan con la tarea de la recuperación nacional y el cierre de sus gestiones, frente a los comicios generales programados para abril de 2021, los cuales aún no cuentan con reglas claras dado que gran parte de la reforma política impulsada por Martín Vizcarra no ha alcanzado resultados en el Parlamento.

Anuncios

La última semana, Perú experimentó una nueva crisis política entre el Gobierno y el Congreso. El gabinete de ministros, que había jurado apenas el 15 de julio, no recibió el voto de confianza del Parlamento y tuvo que renunciar. Al presidente Martín Vizcarra solo le quedó la opción de acogerse a la decisión y cambiar de primer ministro, depositando su fe en Walter Martos, quien hasta entonces era ministro de Defensa.

El nuevo equipo deberá pasar otra vez por un pedido de aprobación del Congreso; el mismo que le fue negado a Pedro Cateriano a solo 19 días de entrar en funciones.

En tanto, el país lleva más de 145 días en Estado de Emergencia por la propagación del brote de Covid-19, que ya ha dejado una cifra oficial superior a los 20 mil muertos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo en Lima se han perdido cerca de 2.700.000 empleos entre abril y junio. Y, según el Instituto Peruano de Economía, la crisis actual vaticina una caída de entre el 14 y 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a registrarse a fin de año.

La emergencia sanitaria y el descalabro económico acompañan a una desgastada relación Ejecutivo-Legislativo. Además, se suma otro escenario: el de los comicios generales programados para el 11 de abril de 2021, sobre los que faltan regulaciones específicas y aún se desconocen candidatos.  

Política debilitada y confrontación continua entre poderes

Como se recuerda, en septiembre de 2019 Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso tras un doble rechazo a la confianza de su gabinete, entonces comandado por Salvador del Solar. Para fines de enero, la población votó por un nuevo Parlamento, que -al igual que Vizcarra- culminará su mandato en julio de 2021.

Desde la instalación de este Congreso transitorio, la relación con el Ejecutivo no ha mejorado. Y, en estos meses de pandemia, se han repetido los enfrentamientos, que van desde pedidos constantes de interpelación a ministros hasta la reciente negativa al gabinete bajo supuestos intereses de algunos parlamentarios ligados a universidades.

En entrevista con France 24, el politólogo Arturo Maldonado Nicho sostuvo que las esperanzas de una política congresista más enfocada en el bien de la ciudadanía eran bajas desde el inicio. “Vale la pena plantear un escenario contrafactual; es decir, ¿qué hubiera pasado si el Congreso disuelto siguiera? Creo que, con el contexto del Covid-19, con un Gobierno debilitado y con una etiqueta de Congreso ‘obstruccionista’ hubiéramos estado en una posición peor. No quiero excusar el desempeño pobre del actual Congreso, pero termina siendo menos malo. Lo que ocurre es que el Congreso actual está formado con las mismas reglas y los mismos partidos políticos. Tenemos bancadas parlamentarias en las que lo que vemos no es un partido político, sino una federación de grupos independientes. Estos tienen luchas internas que no se resuelven y que se evidencian en su trabajo legislativo”.

Adicionalmente, la reforma política y electoral, que se compone de un conjunto de proyectos de ley que tramitó el Gobierno en abril de 2019, no ha sido del todo atendida por el Parlamento pese a la cercanía de los comicios. En algunos casos, se produjeron nuevas polémicas por aparente manipulación de las fórmulas legales, como la de la inmunidad parlamentaria. Dicha reforma se anunciaba como el cambio sustancial a la política del país para el Bicentenario de su independencia, que justamente se celebrará en julio de 2021. 

Paula Muñoz Chirinos es politóloga, profesora de la Universidad del Pacífico y fue integrante de la comisión de expertos que convocó el Gobierno a finales de 2018 para el diseño de proyectos de la reforma política. De ese grupo de trabajo, se emitieron propuestas como la paridad alternada por género en listas electorales, la modificación de reglas a la inmunidad parlamentaria, el mayor control al financiamiento político, las elecciones primarias abiertas y simultáneas, y la prohibición de candidatos con sentencia judicial en primera instancia por delito doloso. A la fecha, solo la paridad alternada es la más aterrizada, aunque sus efectos en el Parlamento recién se notarían el 2026.

“Este es un Congreso elegido con las reglas que estábamos tratando de cambiar. Entonces, de alguna manera adolece de los mismos problemas del Congreso anterior, salvo que esta vez tenemos más fragmentación (bancadas medianas, pequeñas o de personas sin afiliación partidaria), en las que pareciera que hay muchos intereses atomizados dando vueltas. Y, así como está, es un Congreso que maneja la responsabilidad de concretar la reforma política, pero no está cumpliendo", señaló Muñoz a France 24.

Para la politóloga, hay un déficit por omisión también: "por no terminar de discutir temas como la eliminación del voto preferencial o una serie de cambios importantes en el financiamiento de partidos para que no se cuelen los intereses ilegales y se prevenga la corrupción. Son grandes pendientes que se hubiera esperado solucionar con este Congreso. Pero, hasta por el tema de sumar votos y ponerse de acuerdo, nos queda una fragmentación de intereses personales particulares que no ayudan a construir consensos”.

En su mensaje a la nación por el 199 aniversario de la independencia de Perú, Vizcarra anunció la creación de un espacio de diálogo entre organizaciones políticas, autoridades y sociedad civil. A esto lo llamó “Pacto Perú” y tendría como propósito garantizar puntos de desarrollo para el país hacia su Bicentenario. Dichos puntos incluirían la unificación del sistema de salud, el fortalecimiento del sector educativo, la recuperación de las inversiones, las reformas política y judicial, y la lucha contra la pobreza.

El Gabinete ministerial de Pedro Cateriano duró solo 19 días. El Gobierno peruano no tiene bancada parlamentaria, por lo que los puentes de comunicación con el Congreso pesan sobre el primer ministro.
El Gabinete ministerial de Pedro Cateriano duró solo 19 días. El Gobierno peruano no tiene bancada parlamentaria, por lo que los puentes de comunicación con el Congreso pesan sobre el primer ministro. © Cortesía Agencia Andina

Los efectos poco favorables de unas elecciones en pandemia 

El contexto electoral aún no está claro para Perú. Lo único concreto es que está prohibida la reelección inmediata de autoridades, por lo que todos los partidos con aspiraciones presidenciales o parlamentarias deberán presentar candidatos nuevos.

Además, están las dificultades que su realización puede acarrear en medio de la pandemia si es que no se implementa un sistema contra contagios. En cuanto a los comicios primarios para que los partidos elijan a sus candidatos con voto electrónico, el Pleno del Congreso ya dio uno de los pasos requeridos: aprobar una ley. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se encargará de organizar estas elecciones internas, ha mostrado su preocupación. 

La norma, aprobada este último viernes, dispone que las organizaciones políticas puedan votar por dos sistemas diferentes. Uno es el voto directo del propio militante y el otro es la designación previa de delegados de los partidos para que estos voten por sus candidatos. Este otro mecanismo genera un doble procedimiento electoral que se contrapone a lo planteado para la reforma política y a lo observado con anterioridad por la ONPE.

Los desafíos políticos de un proceso atípico

Respecto a las elecciones generales y, más allá de los desafíos del Covid-19, estarán los efectos de un proceso atípico. Para la presidenta de la Asociación Civil Transparencia y analista política, Adriana Urrutia Pozzi-Escot, las posibilidades de hacer campaña electoral se reducen al plano digital, al cual no todo el país tiene acceso. Como consecuencia, estima que las campañas se centrarían mayoritariamente en captar votos de la ciudadanía que vive en zonas urbanas y, probablemente, más aún de la ciudadanía que vive en la capital. A su vez, están los riesgos de que los candidatos infrinjan normas sanitarias.

“Creo que el primer desafío está en las características que tendrán esas campañas políticas y, en particular, las del Congreso, para el que se presentan listas de 130 candidatos, en busca de la mayor cantidad de curules. Como hemos visto en las últimas elecciones, hay un fuerte componente territorial. El peruano vota por el candidato que siente cerca, que lo ha visitado, que le ha dado un volante o con el que se ha encontrado en el mercado. Todas estas posibilidades de territorialidad de la campaña son ahora mínimas por obvias razones. Entonces, ahí tendremos dos situaciones: partidos que van a optar por la campaña digital o partidos que van a transgredir las reglas sanitarias para acercarse al ciudadano. Es un riesgo posible. Sobre los partidos que opten por lo digital, evidentemente la agenda será muy urbana y, por decir otra característica, esencialmente limeña”, dijo Urrutia a este medio.

José Tello Alfaro, abogado especialista en derecho electoral, señala que, a falta de reformas normativas contundentes y con una pandemia de por medio, las elecciones de 2021 no serían favorables para el fortalecimiento del sistema político peruano.

“No me cabe la menor duda de que habrá candidatos desafiantes de las medidas de distanciamiento social. Siempre hay más de uno que infringe normas, tal y como lo hicieron los candidatos que, en comicios pasados, entregaban dádivas a cambio de votos. Además, tenemos un serio problema, por lo menos en lo que se refiere a la elección congresal. Como no se ha eliminado el voto preferencial, vamos a tener nuevamente candidatos enfocados en hacer sus propias campañas personales y no a nivel de partido. Tendremos, entonces, otra vez un universo de candidatos que van a pelear por tener protagonismo individual. Y eso, en un contexto como el actual, resulta contraproducente y dificulta la fiscalización de parte de organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones”, explicó Tello.

Perú es uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia. La cifra oficial de fallecidos por el virus sobrepasa los 20.000. En paralelo a la emergencia, la crisis económica ha profundizado las brechas de desigualdad y elevado los niveles de pobreza.
Perú es uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia. La cifra oficial de fallecidos por el virus sobrepasa los 20.000. En paralelo a la emergencia, la crisis económica ha profundizado las brechas de desigualdad y elevado los niveles de pobreza. © Cortesía Agencia Andina

La nueva medición de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo se centrará en el voto de confianza al gabinete de Martos, quien debe presentarse el 11 de agosto ante el Pleno. Debido a que la Constitución Política del Perú prohíbe la disolución del Congreso en el último año de su mandato, Vizcarra ya no cuenta con ese recurso para un equilibrio en la presión. Todos los entrevistados coincidieron en que el Gobierno deberá priorizar consensos con el Legislativo si es que busca cerrar gestión con lo prometido a la ciudadanía hacia el 2021 y frente a la crisis por el Covid-19.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24