Colombia: proceso del expresidente Uribe pasa a la Fiscalía, en medio de controversia

Archivo-El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, en una rueda de prensa desde su residencia en Rionegro, el 30 de julio de 2018.
Archivo-El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, en una rueda de prensa desde su residencia en Rionegro, el 30 de julio de 2018. AFP

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes que el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, Vélez, por presunta manipulación de testigos, pasa a la Fiscalía. El tribunal tomó la decisión tras determinar que perdió competencia en el asunto, luego de que Uribe, quien se encuentra en detención domiciliaria, renunciara a su cargo como senador el pasado 18 de agosto. Las sospechas sobre lo que vendría para Uribe vuelven a avivar el debate entre los detractores y simpatizantes del exmandatario.

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La situación judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez es objeto, nuevamente, de polémica en Colombia. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de pasar el caso, por presunta manipulación de testigos, a la Fiscalía General es consecuencia de la renuncia que el exmandatario presentó a su escaño en el Senado. De esta manera, la corte perdió su competencia y la investigación de sus supuestas actuaciones queda en manos de la justicia ordinaria.

"Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la nación (Francisco Barbosa) al detenido", dijo la Sala Especial de Instrucción de la Corte este martes en un comunicado.

Se trató de una decisión unánime y los magistrados coincidieron así con el equipo de defensa de Uribe que indicó que se trata de “una investigación que no está relacionada con su papel como congresista". Pero hay quienes ven la renuncia a la Cámara Alta como una jugada del exmandatario para tratar de evadir este tribunal, que a juicio de Uribe no le provee “garantías” procesales y sería parte de una presunta persecución política.

Para expertos legales la nueva decisión de los magistrados justamente demuestra que están libres de cualquier sesgo político. "La Corte Suprema de Justicia dio una muestra de imparcialidad, de que no está actuando como un agente político y que por el contrario aplicó las reglas (...) y da paso a la Fiscalía General de la Nación, que en primer lugar conserva con plena validez todas las decisiones y las pruebas que haya recaudado la Corte", aseguró Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

El pasado 4 de agosto la Corte Suprema expidió “medida de aseguramiento de detención preventiva” contra Uribe, al señalar “posibles riesgos de obstrucción de la justicia”. La medida fue controversial por no permitirle defenderse en libertad cuando aún no ha iniciado la etapa de juicio y aumentó aún más la polarización política que vive Colombia desde hace años. 

Los orígenes de las acusaciones

El caso se remonta a 2012, cuando el exjefe de Estado, que gobernó entre 2002 y 2010, demandó al senador de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. El legislador preparaba en ese entonces un caso contra Uribe por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Sin embargo, la demanda que Uribe elevó contra Cepeda se volvió en su contra, luego de que el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, no solo decidió archivar el caso contra el legislador del partido Polo Democrático, sino que abrió un nuevo expediente contra el exgobernante, al acusarlo de ser él quien supuestamente estaría involucrado en sobornos de testigos, para favorecerlo ante los señalamientos de Cepeda. El exgobernante rechaza las acusaciones.

El expresidente Álvaro Uribe es recordado en Colombia por su guerra sin cuartel contra esa guerrilla mientras gobernó por ocho años. 

¿Qué sigue en el proceso contra Uribe?

Por ahora la situación en torno a la detención domiciliaria de Uribe no cambia, según indicó Bernate. La parte más sensible del traslado del proceso a la Fiscalía está en las pruebas. La corte tomó decisiones con base en evidencias que lleva dos años recolectando, entre ellas las declaraciones de varios testigos.

Archivo: El expresidente colombiano (2002-2010) y senador Álvaro Uribe (C) llega al Palacio de Justicia para una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia en un caso sobre manipulación de testigos en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 2019.
Archivo: El expresidente colombiano (2002-2010) y senador Álvaro Uribe (C) llega al Palacio de Justicia para una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia en un caso sobre manipulación de testigos en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 2019. © AFP

El medio local Revista Semana destaca que, al pasar el caso al entre investigador, “estas declaraciones pierden su valor probatorio y deben ser ratificadas en sede de juicio ante un juez para que recobren su peso. Es decir que, si la Fiscalía decide acusar al expresidente Uribe, tendrá que convocar a los mismos testigos. Si estos no comparecen o no declaran en los mismos términos que lo hicieron ante la Corte Suprema, su versión solo será una prueba de referencia, la cual es insuficiente para dictar una sentencia condenatoria”.

La remisión a la Fiscalía también resulta controversial, debido a que esta entidad es liderada por Francisco Barbosa, un amigo personal del actual presidente Iván Duque y aliado político de Uribe. En este contexto, el senador Cepeda quien inició la demanda contra Uribe dijo que exigirá que Barbosa no tenga relación directa con este asunto y sea nombrado un fiscal ad hoc.

"Que no haya duda: pese a inmensas presiones que ejercen Uribe y sus fanáticos seguidores, campañas de desprestigio, amenazas y hostigamientos, tengan la certeza de que con mis abogados perseveraremos hasta las últimas instancias para que haya plena verdad y justicia en este caso", afirmó Cepeda el lunes ante la posibilidad de que la Corte traspasara el proceso a la Fiscalía.

Recientemente Cepeda también fue objeto de cuestionamientos por parte de la bancada oficialista al conocerse que presuntamente había borrado chats de una conversación que sostuvo con Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro de la investigación contra Uribe y su supuesta relación con el exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló y el actual magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes Medina. El senador de la oposición rechazó este último señalamiento.

Tardará al menos 10 meses que la Fiscalía resuelva si procede o no un juicio contra el expresidente.

Con EFE y medios locales

 

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