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Este el caso por el que Estados Unidos sancionó a la fiscal de la CPI

Desde el Departamento de Estado en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo (izquierda), anunció este 2 de septiembre de 2020 nuevas sanciones en contra de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda (derecha), por la investigación en contra de militares estadounidenses y miembros de la CIA.
Desde el Departamento de Estado en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo (izquierda), anunció este 2 de septiembre de 2020 nuevas sanciones en contra de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda (derecha), por la investigación en contra de militares estadounidenses y miembros de la CIA. © Reuters / AFP

La Administración Trump anunció nuevas restricciones contra la fiscal Fatou Bensouda y otros investigadores de la Corte Penal Internacional, quienes adelantan pesquisas que podrían apuntar a que militares estadounidenses y agentes de la CIA cometieron crímenes de guerra en Afganistán.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su país impuso sanciones en contra de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por la investigación que adelanta este organismo de Justicia sobre la presunta responsabilidad de militares estadounidenses y miembros de la CIA en crímenes cometidos en Afganistán.

Las sanciones también fueron para Phakiso Mochochoko, el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la CPI; y además el Departamento de Estado de EE. UU. restringió la emisión de visas para algunos trabajadores de la Fiscalía de la CPI que trabajan en el caso, aunque Pompeo no nombró a los afectados.

Esta no es la primera sanción estadounidense en contra de Bensouda. Desde 2019, el Gobierno Trump le retiró la visa a la investigadora internacional y en junio de 2020 impuso sanciones a varias de las personas que trabajan con ella. La nueva sanción económica se formaliza con la inclusión de sus nombres a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. 

La Corte rechazó la decisión y la catalogó como “otro intento de interferir con la independencia judicial y fiscal de la Corte”. Adicionalmente, aseguró que los “actos coercitivos” de Estados Unidos “constituyen graves ataques contra la Corte, el sistema de justicia penal internacional del Estatuto de Roma y el estado de derecho en general”.

Ante la nueva arremetida, también se pronunció la Asamblea de los Estados Partes, que supervisa a la Corte, y explicó que esto no tiene precedentes en contra de un tribunal creado con tratados internacionales, como es el caso de la CPI, que se basa en el Estatuto de Roma para juzgar crímenes contemplados en este instrumento.

La Asamblea anunció que hará una reunión extraordinaria con el objetivo de pensar en maneras efectivas para apoyar “de manera incondicional” a la CPI. Adicionalmente, hizo un llamado a los 123 Estados que firmaron el Estatuto de Roma, y que por ende reconocen la jurisdicción de la CPI, para que no se dejen “intimidar por cualquier medida y amenaza contra la Corte y sus funcionarios, personal y sus familias”.

La investigación en contra de militares de EE. UU. y miembros de la CIA

Lo que motivó las sanciones de Estados Unidos son las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra de Afganistán. Este caso también incluye a los talibanes y militares afganos, y no es contra el Gobierno de Estados Unidos, pues la CPI juzga a individuos.

Pero lo que le preocupa a EE. UU. son sus funcionarios que podrían estar implicados. Cuando la Fiscalía de la Corte le solicitó autorización al tribunal internacional para comenzar una etapa de pre-investigación aseguró que tiene información que mostraría que miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la CIA torturaron y violaron a varios de sus detenidos entre 2003 y 2004 durante el conflicto de Afganistán.

Además, la oficina de Bensouda señaló que aunque Estados Unidos dice que ha investigado los abusos militares, no parece haber ninguna pesquisa para aclarar la “responsabilidad criminal” de quienes dieron las órdenes y mucho menos para judicializar a miembros de la agencia de inteligencia estadounidense. Este es un punto crucial pues este organismo internacional solo entra a investigar un caso cuando se prueba que un Estado no puede o no quiere resolverlo, según el Estatuto de Roma.

Ella es la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Foto de archivo.
Ella es la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Foto de archivo. © FRANCE 24

En noviembre de 2017, la Corte autorizó a Bensouda a adelantar las investigaciones preliminares, que son apenas la primera etapa de cualquier caso que llega a la CPI. Y en marzo de este año, la autorizó para avanzar al segundo paso y empezar las pesquisas formales por posibles crímenes de guerra en contra de varios miembros de todos los actores del conflicto, incluidos militares y agentes de inteligencia estadounidenses.

La respuesta del Gobierno Trump fue la Orden Ejecutiva 13928 del 11 de junio de 2020, con la que bloqueó bienes de varios investigadores de la CPI que estaban en el caso de Afganistán y además cesó sus visas estadounidenses. 

Como EE. UU. nunca firmó el Estatuto de Roma, el Gobierno asegura que la CPI no puede investigar a ninguno de sus ciudadanos; pero la Corte defiende que como los presuntos crímenes habrían ocurrido en relación con Afganistán, sí puede indagar qué hicieron los militares estadounidenses y los miembros de la CIA pues el país árabe hace parte de su jurisdicción.

Este es otro capítulo más de la tensa relación que históricamente ha tenido Estados Unidos con la Corte Penal Internacional y que se agudiza particularmente cada vez que la CPI avanza en el caso de Afganistán. 

Con Reuters

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