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Bolivia se empantana en un conflicto de poderes

La presidenta interina Jeanine Áñez y la titular del Senado, Eva Copa, comparten la firma de la ley para la convocatoria a elecciones, el 29 de noviembre de 2019. Hoy son las líderes de un conflicto de poderes que frena la implementación de leyes en Bolivia.
La presidenta interina Jeanine Áñez y la titular del Senado, Eva Copa, comparten la firma de la ley para la convocatoria a elecciones, el 29 de noviembre de 2019. Hoy son las líderes de un conflicto de poderes que frena la implementación de leyes en Bolivia. France 24
7 min

El Gobierno interino y el Parlamento de Bolivia protagonizan un conflicto de poderes sin precedentes con el bloqueo mutuo de leyes sobre la salud y la economía, cuando la pandemia ha matado a más de 5.200 bolivianos, la producción y el empleo se han hundido y los partidos están en una reñida campaña para los comicios del próximo 18 de octubre.

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La presidenta interina y candidata para las próximas elecciones, Jeanine Áñez, y la titular del Senado, Eva Copa, del partido del expresidente Evo Morales, están enfrascadas en la disputa con denuncias mutuas y escenificaciones paralelas de autoridad que provocan la incertidumbre en el país.

Áñez decidió no promulgar varias leyes aprobadas en el Parlamento, rechazó que entren en vigencia y sean publicadas oficialmente las que ya han sido firmadas por Copa, a quien no reconoce facultades para la promulgación de esas normas. El Gobierno ha consultado al respecto al Tribunal Constitucional, ya que Copa defiende la legalidad de sus acciones.

Si hace tres semanas los bolivianos estaban tensionados por una ola de bloqueos de rutas de seguidores de Morales, que afectaron la provisión de oxígeno medicinal y alimentos, el caos ahora es institucional, entre el Gobierno, al que llegó Añez por sucesión constitucional hace casi 10 meses tras la renuncia forzada de Morales, y el Parlamento, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario.

En los últimos episodios de la disputa, Copa promulgó estos días tres leyes y fue a entregarlas en persona a la oficina de correspondencia de la Presidencia para que las publique la Gaceta Oficial, condición para que entren en vigor; pero las normas fueron devueltas por un viceministro al día siguiente en una ventanilla externa de la Vicepresidencia porque el Gobierno no las reconoce como válidas.

Una de esas normas fija que los propietarios de viviendas condonen un 50 % de los alquileres a los inquilinos durante la pandemia; otra que las clínicas privadas atiendan a pacientes de Covid-19 pasando la factura al Estado; y la tercera regula la donación informada de plasma hiperinmune.

Para el Gobierno, por un lado, Copa no cuenta con la legalidad suficiente para promulgar leyes y, por el otro, aunque el objeto de las normas tenga una buena intención, son “inviables” porque no establecerían la fuente de financiación.

El MAS responde a las críticas sobre la legalidad de los actos de Copa subrayando, a su vez, que la presidenta Áñez, quien llegó al poder en medio de la crisis política, carece de la legitimidad de las urnas y se convirtió en candidata, agravando los conflictos políticos.

Áñez ha denunciado que el Parlamento no da curso a su proyecto de ley para que el Estado destine un 10 % del presupuesto general a salud, ni aprueba hace siete semanas unos créditos internacionales para pagar el “Bono Salud”, de 72 dólares, a más de tres millones de personas.

Para contradecirla, el Parlamento aprobó el “Bono Hambre”, de 140 dólares, con fondos de organismos financieros internacionales, pero el pago tampoco puede ejecutarse porque el Gobierno argumenta que ese dinero en concreto está destinado a otra cosa.

Así la población no sabe si finalmente recibirá un cuarto bono cuando el índice de actividades económicas del Instituto Nacional de Estadística muestra un hundimiento del 8 % en junio, y un aumento del desempleo al 11,8 % en julio.

La batalla por las leyes mutuamente saboteadas incluye temas sobre seguridad interna, contratos mineros, estados de excepción y amnistía para quienes lideren protestas, pero ha tenido una salvedad en la coincidencia para promulgar un nuevo aplazamiento en el pago de créditos a los bancos para todos los deudores hasta el 31 de diciembre.

Carlos Cordero: “El conflicto dejará una huella muy amarga en la política”.

El politólogo Carlos Cordero dijo a France 24 que el inédito conflicto entre los órganos del Estado refleja “una disputa electoral entre Eva Copa, que es del MAS y defiende una corriente política, y Jeanine Áñez, que es candidata”. El pulso institucional dejará una “huella amarga en la política boliviana”, apuntó el analista.

“Apruebas leyes o bloqueas leyes. Estás o no estás en los medios. Todo es con el propósito de mejorar el desempeño electoral”, agregó.

No obstante, reconoció que el conflicto “ha provocado un empantamiento del Estado” porque, aunque el Parlamento se sienta victorioso con sus leyes, el Ejecutivo no las aplicará; y al contrario, el Gobierno se verá obligado a dictar decretos porque el Parlamento no le dará la legitimidad de la aprobación legislativa a sus proyectos.

La situación actual incuba otro conflicto para el nuevo Gobierno porque estará condicionado a trabajar sobre el escenario legal que se está dejando en situación irregular o ”tendrá que negociar en el Parlamento el tratamiento de todas las leyes aprobadas”, según el analista.

Así, la crisis institucional es una consecuencia del enfrentamiento entre Morales, asilado en Argentina, y Áñez, en una pelea que comenzó con la renuncia del primero al poder luego de jornadas de protestas y de la presión de las Fuerzas Armadas, y el acceso de la segunda a la Presidencia, en noviembre de 2019, tras la crisis electoral de ese año.

Estos días, Morales tuiteó que más que una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que hay “es una disputa entre dos modelos de Estado: los que defienden al pueblo contra quienes en el pasado beneficiaron a las trasnacionales y, ahora, a la banca privada”.

En cambio, Áñez contrasta insistentemente en sus discursos la “violencia” y la “guerra civil” supuestamente promovidas por Morales y la presunta “pacificación del país” lograda por su Gobierno.

Según las encuestas de intención de voto, el 18 de octubre, los bolivianos dirimirán entre Áñez; el candidato de Morales, Luis Arce; y el expresidente Carlos Mesa, quienes figuran en los primeros tres lugares de la preferencia electoral.

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