¿Cuáles son las razones por las que aumentan las masacres en Colombia?

Las masacres vuelven a ser noticia en Colombia. Esta vez, solo durante el 7 de septiembre hubo tres matanzas diferentes que dejaron por lo menos 13 víctimas y que ocurrieron en los municipios de Zaragoza (Antioquia), Simití (Bolívar) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Con estos nuevos hechos ya son seis masacres cometidas en la primera semana de septiembre, comparadas con las 11 que hubo en agosto, el mes más mortal según la organización no gubernamental Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Esas 55 masacres sin que se acabe 2020 ya exceden las 36 que hubo durante todo 2019, según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Eso es alarmante si se tiene en cuenta que la estadística anterior fue suficiente para que el organismo internacional asegurara que ese fue “un año muy violento para los derechos humanos en Colombia”. Ambos números contrastan con los 37 "homicidios colectivos" de los que habla el Gobierno colombiano entre 2018 y 2020.

Pero más allá de cuántos son, el incremento de este tipo de asesinatos consterna al país, especialmente porque todavía no hay una claridad sobre por qué están ocurriendo o quién los está perpetrando. Incluso, las visiones oficiales distan de las que plantean diferentes analistas del conflicto.

El Gobierno sostiene que la razón es el narcotráfico

Desde que se dispararon las cifras de masacres en agosto, el presidente colombiano Iván Duque aseguró que el nombre apropiado eran “homicidios colectivos”, que eran un tipo de victimización que nunca ha cesado en el país y que la causa principal era el narcotráfico.

“Esos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos, son producto de la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico (...) Pero tenemos que hacer más, mucho más y eso implica hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y demás herramientas que se requieran para enfrentar las estructuras criminales”, indicó el mandatario el 22 de agosto en su visita al municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño y en el suroeste del país, donde ocurrió una de las masacres.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, a través del líder de la cartera, Carlos Holmes Trujillo, ha insistido en que la solución es atacar la siembra de coca, especialmente mediante la fumigación aérea, un mecanismo que el Gobierno ha defendido a pesar de que la Corte Constitucional limitó ampliamente su uso desde hace más de un año al considerarlo contrario al Acuerdo de Paz de La Habana, que prioriza la sustitución de cultivos pactada con los campesinos.

En cuanto a los autores, ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa han lanzado públicamente una hipótesis sobre cuáles son los grupos que están detrás de las matanzas. Duque hizo una referencia generalizada atribuyendo responsabilidades a múltiples bandas criminales que existen en el país, al grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a la guerrilla del ELN y a las disidencias de la antigua guerrilla FARC; todo sin especificar cómo estaban vinculados o en qué masacre en particular.

La Fiscalía General, entidad que investiga todos los delitos en el país, tampoco dice por qué aumentaron drásticamente las masacres en agosto ni señala responsables. Hasta ahora, sus pronunciamientos se han limitado a notificar la captura de ocho personas que serían responsables de tres de las matanzas del mes pasado y que, en su mayoría, estarían conectadas con las disidencias de las FARC.

Todas estas estructuras están relacionadas con la producción o el transporte de la cocaína y es esta droga la que ha impulsado en gran medida el conflicto colombiano. Este es un punto central porque Colombia es el mayor productor de hoja de coca en el mundo, con el 70 % de los cultivos frente al 20 % de Perú y el 10 % de Bolivia, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Sin embargo, los analistas desestiman que esa sea la única causa de las masacres y explican que la situación va mucho más allá.

Organizaciones explican que hay más de una causa

Indepaz ha sido una de las organizaciones no gubernamentales colombianas que ha llevado el registro de las masacres cometidas durante 2020 y que ha denunciado su incremento respecto al año anterior.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de esta ONG, le explicó a France 24 que los motivos de las matanzas varían dependiendo del contexto conflictivo de cada región donde ocurren. González asegura que unas fueron por un ajuste de cuentas en las que grupos ilegales mataron a personas que estarían vinculadas con otros grupos armados con los que se disputan el control del territorio y la droga. En otros casos, ha sido por asesinar a migrantes venezolanos y en algunas ocasiones se ha tratado de ejercer un control político para obligar a los habitantes de ciertos lugares a que cumplan con los toques de queda y las cuarentenas que han impuesto los grupos ilegales en medio de la pandemia.

“Son muchas las razones”, dice González, pero explica que hay una en particular que se repite en varias de las 55 masacres que van en 2020: la mala implementación del Acuerdo de Paz.

En 2016, la entonces guerrilla de las FARC firmó un pacto con el Gobierno colombiano que contenía diferentes compromisos, desde el abandono de las armas por parte de ese grupo ilegal hasta la llegada integral del Estado a territorios donde históricamente no ha hecho presencia.

Pero en la práctica y después de cuatro años de implementación, esto no se ha cumplido a cabalidad en la mayoría de los casos. “Como el Estado sigue ausente en el territorio, varios grupos ilegales están tratando de llegar a las zonas donde dominaban las FARC para imponer el orden, y eso no es solo controlar las rutas del narcotráfico, sino tener el control del territorio a través de órdenes a los campesinos, indígenas, afrodescendientes que viven allí”, indicó González.

Es por esto que el analista precisa que, a diferencia de los "homicidios colectivos" de los que habla el Gobierno, el término ‘masacres’ tiene una connotación política que está relacionada con la intención de generar terror para lograr algún objetivo, sea el control de la economía o de la política en el territorio.

“'Homicidio colectivo' es lo que se ve en Estados Unidos, que un individuo se mete a un colegio y mata a decenas de personas. Eso es un hecho aislado. Mientras que las masacres tienen repercusión política y, además, vuelve a la discusión sobre la existencia del conflicto armado en el país, conflicto que el Gobierno ha negado de múltiples formas, especialmente desde el lenguaje”, señala González.

La ausencia estatal se evidencia donde ocurrieron las masacres

Un ejemplo de lo que explica el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz se ve en los tres municipios colombianos donde ocurrieron las más recientes masacres.

Si bien la Defensoría del Pueblo, que es la entidad estatal para los derechos humanos, no se ha pronunciado específicamente sobre las razones de las masacres, ha advertido sobre las características del conflicto en Zaragoza, Simití y Carmen de Bolívar, donde se perpetraron las últimas matanzas.

En diferentes Alertas Tempranas, que es su mecanismo de informe más expedito, la Defensoría ha dicho que en Zaragoza aumentaron las masacres y los desplazamientos forzados desde finales de 2019 “por el interés (de diferentes grupos armados ilegales) de atacar lo que se consideran las sedes del mando del enemigo” y que se han ensañado contra los “habitantes del municipio que consideran colaboradores de su contraparte”.

En Simití y la región alrededor del municipio había un ‘pacto de no agresión’ entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para dejar de enfrentarse por los corredores del narcotráfico. Sin embargo, la Defensoría alertó el 9 de junio de este año que eso estaba comenzando a cambiar y que las disputas dejaban cada vez más civiles en el medio.

En cuanto al Carmen de Bolívar, la entidad oficial registró un control casi total por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, incluso en términos políticos; y advirtió que este grupo ilegal incrementó “sus niveles de violencia contra la población civil”, especialmente en contra de defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, docentes y excombatientes de FARC. Todo a raíz de capturas de varios de sus altos mandos en julio y diciembre de 2019.

Los tres lugares son claves para el transporte de cocaína porque son corredores estratégicos que conectan con la Costa Atlántica, un puerto de salida para el tráfico de drogas a otros países como México y Estados Unidos. Pero también tienen en común lo que señala González: son territorios donde los grupos armados ilegales ejercen gran parte del control ante la ausencia del Estado.