Condenan en España a un exviceministro de El Salvador por el asesinato de cinco jesuitas en 1989

Vista de un mural dedicado a los jesuitas asesinados en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador, el 11 de septiembre de 2020.
Vista de un mural dedicado a los jesuitas asesinados en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador, el 11 de septiembre de 2020. © Rodrigo Sura / EFE

La Audiencia Nacional española condenó a 133 años y 4 meses de cárcel al excoronel Inocente Orlando Montano tras juzgarlo responsable de planear y ordenar la matanza de cinco jesuitas españoles hace 30 años. El fallo ejerce presión a la Justicia salvadoreña para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra civil entre 1980 y 1992. 

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Desde España llegó un fallo histórico para El Salvador. La Audiencia Nacional española condenó a 133 años y 4 meses de cárcel al excoronel Inocente Orlando Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989.

Para el órgano español, el militar retirado, quien por entonces ejercía como viceministro de Seguridad Pública, es responsable de planear y ordenar la matanza de los religiosos de la Universidad Centroamericana (UCA), una maniobra de la que participó con la cúpula castrense y el entonces presidente Alfredo Cristiani, a quien El Salvador se negó a extraditar a España.

En su sentencia, los magistrados indicaron que los asesinatos fueron cometidos desde el aparato estatal, "lo que comúnmente viene a denominarse como 'terrorismo desde el Estado".

La Audiencia Nacional se basó en el principio de la justicia universal para condenar a Montano, aunque el exmilitar no podrá estar en prisión más de 30 años, según la ley española. A ese plazo se le deben descontar el tiempo que el coronel retirado de 77 años lleva en prisión provisional desde su extradición desde Estados Unidos en 2017.

El fallo alcanza a la muerte de los jesuitas hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (por entonces rector de la Universidad Centroamericana) y a los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector de la institución educativa), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. En el hecho también hubo otras tres víctimas salvadoreñas, el jesuita Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina Ramos, pero la Justicia española no tiene potestad para emitir condenas sobre esos tres asesinatos.

El asesinato de los jesuitas, un golpe al proceso de mediación en la guerra civil salvadoreña

En aquél momento, la orden religiosa, con Ignacio Ellacuría a la cabeza, estaba liderado un proceso de mediación entre el Gobierno y la guerrilla del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí con el objetivo de poner fin a la guerra civil salvadoreña.

Según la Audiencia Nacional española, ese hecho "les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios".

Montano formaba parte de "La Tandona", un grupo de 46 oficiales graduados en 1966 que lideró el ejército durante gran parte de la guerra civil salvadoreña, conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

Además del excoronel, los otros señalados son el expresidente Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda y el fallecido René Emilio Ponce. La inclusión de estas personas en un proceso judicial abierto en El Salvador depende de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Por la matanza solo está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, quien fue condenado a 30 años de prisión en 1991. Él fue el encargado de entregar la orden al grupo que ingresó en la UCA y asesinó a las ocho personas.

El fallo de España aumenta la presión sobre la deuda de la justicia salvadoreña

La Justicia de El Salvador mantiene una larga deuda para poner fin a la impunidad de los crímenes perpetrados durante la guerra civil entre 1980 y 1992.

El proceso contra los supuestos autores intelectuales del crimen de los seis padres jesuitas y las dos mujeres en 1989, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, se encuentra paralizado desde hace más de seis meses en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que no se ha expedido sobre un recurso de casación que busca evitar la reapertura de la causa.

El reinicio del proceso fue ordenado por una corte de paz salvadoreña, luego de la anulación de la ley de amnistía de 1993 y por pedido del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca). Pero los amparos presentados por la defensa han demorado el inicio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Para Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, la sentencia de la Audiencia Nacional en España "es histórica y emblemática porque le marca al sistema judicial lo que debería hacer acá en El Salvador".

Escalante subrayó que la condena es "ejemplarizante" y demostró que el "Estado salvadoreño durante el conflicto armado sí ejercía terror a través de acciones judiciales". Por eso reclamó a la alta corte salvadoreña que reactive el proceso "para superar la impunidad aquí en El Salvador".

A través de Twitter, la Universidad Centroamericana (UCA), donde se cometió la matanza, destacó que "se dio un gran paso hacia la verdad", pero "la justicia salvadoreña sigue en deuda", a la vez que aclaró que "las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría, expresan la triste realidad de un momento de la historia".

Para la UCA, "ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil".

Ante esto, reclamó a la entidad castrense que pida perdón y abra sus archivos a la justicia porque, de lo contrario "difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos".

Con EFE y AFP

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