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Perú: cinco claves del pedido de destitución contra el presidente Martín Vizcarra

“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila”, dijo el gobernante la noche del jueves, 10 de septiembre.
“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila”, dijo el gobernante la noche del jueves, 10 de septiembre. © Andina / EFE

El Parlamento aprobó discutir una moción de vacancia contra Vizcarra por supuesta incapacidad moral. El pedido se basa en unas grabaciones que demostrarían que el mandatario habría mentido al país, al respecto de un escándalo político pasado. Estos son los puntos detallados de la actual crisis política peruana.

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En medio de su crisis sanitaria y económica, Perú vuelve a experimentar una hecatombe política. En los últimos días, el Congreso de la República oficializó un procedimiento de destitución contra el presidente Martín Vizcarra, por presunta incapacidad moral permanente. Para los legisladores que apoyan el pedido, el mandatario mintió en torno a un caso que se investiga desde hace varios meses. 

Las nuevas imputaciones surgen tras la revelación de unos audios en los que se oye la voz de Vizcarra. Las grabaciones, que aún no tienen peritaje fiscal, han sido desestimadas por el propio mandatario. En un mensaje a la nación, Vizcarra indicó que el ánimo de sacarlo tiene un fondo netamente político y negó que vaya a renunciar al Gobierno. El Legislativo evaluará una decisión final el próximo 18 de septiembre.

A continuación, cinco claves para entender el pedido de destitución contra el jefe de Estado peruano:

Primero, unos audios comprometedores 

La mañana del jueves 10 de septiembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el legislador Edgar Alarcón, reveló ante su fuero tres audios que comprometerían al presidente. Las grabaciones que, de acuerdo con Alarcón, llegaron a su despacho de manera anónima, fueron reproducidas en sesión pública del Pleno y por el canal de televisión del Parlamento.

En dos de los audios se oye al mandatario en conversación con Karem Roca, su ahora exasistenta. Y en un tercero, participan la exfuncionaria y el cantante Richard Cisneros, cuyas irregulares contrataciones con el Estado produjeron en mayo pasado la renuncia de la entonces ministra de Cultura. 

En el primer diálogo entre Vizcarra y Roca, se entiende que ambos discuten sobre lo que ella declararía ante la Fiscalía respecto de Cisneros. El tema central era la cantidad de ingresos que Cisneros habría registrado en el Palacio de Gobierno. Según la grabación, en la que también se oye a una secretaria, las entradas de Cisneros habrían sido seis. En la segunda grabación, se escucha la mención de una renuncia por parte de Roca y el reclamo que la misma le hace a Vizcarra por aparente deslealtad y favoritismo hacia otros asesores. 

En el tercer audio, Roca habla con Cisneros sobre su frustración. En un momento, se oye a Cisneros jactarse de dirigir a Vizcarra en decisiones cruciales de Gobierno, como la del cierre del Congreso en septiembre de 2019.

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"Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Se metió en Chinchero porque no me hizo caso [Chinchero es un proyecto de construcción de un aeropuerto en Cusco, cuyos cuestionamientos devinieron en la salida de Vizcarra como ministro de Transportes en 2017]. Yo le dije que iba a quedar como el peor de los delincuentes (...)  Martín en un correo me dice ‘Richard, ¿ya solucionaste lo de tu trabajo?’. Le digo ‘no’, y me dice, ‘no te preocupes, yo ahorita le hablo a la ministra’. ¿Qué es eso? Tráfico de influencias, vacancia presidencial.  ¿Qué no tengo de Martín? Y me trata así (...) Desde el 23 de octubre de 2019, él ya no me responde", le dice Cisneros a Roca.

Ya sobre las visitas al Palacio de Gobierno, se escucha que los dos confirman al menos un encuentro con el presidente. "Yo me reuní con él", dice Cisneros. "Claro, y ahora nos hemos repartido los temas de que yo te recibí por cortesía", le responde Roca. "Tú sabes que Martín dio la orden para que yo vaya", interviene Cisneros. 

Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra Quispe, aunque lo que se dice en los audios todavía no ha sido comprobado y faltan piezas para entender la historia, el efecto político sobre el Gobierno resulta innegable.

"Sin duda, esto tiene un impacto sobre la imagen presidencial. Es algo que, seguramente, se verá plasmado en las encuestas de opinión. Y eso, definitivamente, tiene una importancia política porque −como el presidente no posee una bancada en el Parlamento ni tiene partido que lo respalde− su permanencia en el poder está ‘sostenida’ sobre un pilar, que es la aprobación ciudadana. Entonces, existe una afectación", dijo el politólogo a France 24.

¿Quién es Richard Cisneros y por qué su figura ha remecido la política peruana?

Richard Cisneros se promociona con el nombre artístico de 'Richard Swing'. Se dedica al canto y a la composición de temas musicales, aunque su carrera no es tan notoria a nivel nacional. Cisneros tuvo acercamiento con el partido Peruanos por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski, cuando era candidato a la presidencia de Perú en 2016.

El compositor habría colaborado entonces con canciones para mítines. En declaraciones públicas, Martín Vizcarra, quien estuvo en la lista de Kuczynski como su vicepresidente, ha admitido que conocía a Cisneros desde la campaña. Sin embargo, rechaza que la relación se haya vuelto estrecha con el tiempo. 

El caso de Richard ‘Swing’ Cisneros es investigado por el Congreso y la Fiscalía. El Ministerio de Cultura contrató por miles de soles al compositor para diferentes servicios entre 2018 y 2020. Cisneros no tendría aptitudes para los puestos que se le confiaron.
El caso de Richard ‘Swing’ Cisneros es investigado por el Congreso y la Fiscalía. El Ministerio de Cultura contrató por miles de soles al compositor para diferentes servicios entre 2018 y 2020. Cisneros no tendría aptitudes para los puestos que se le confiaron. © Andina / EFE

'Swing' saltó a la escena mediática en mayo, luego de que un programa de televisión informara sobre los varios contratos que este había firmado con el Ministerio de Cultura. Según el detalle que arroja la página de proveedores del Estado peruano, se trata de nueve órdenes de servicio que superan los 175.000 soles (cerca de 49.000 dólares).

Dichas contrataciones se extendieron de manera repartida e intermitente durante las gestiones de hasta seis ministros de Cultura diferentes. El portal público señala que Cisneros fue contratado para conducir actividades de promoción del Ministerio y prestar apoyo comunicacional. Su último convenio de trabajo con la institución fue firmado en abril de 2020, y figura con el rótulo de "actividades motivacionales a través de conferencias virtuales". Solo para esa actividad, la bonificación asignada fue de casi 9.000 dólares.

El destape sobre Cisneros tuvo gran repercusión porque el ciudadano no tendría el perfil ni la experiencia acreditados para ninguna de las tareas por las que el Estado le pagó. En consecuencia, el Congreso y el Ministerio Público abrieron investigaciones que hasta hoy continúan en curso. Además, la ministra de Cultura de ese momento, Sonia Guillén, renunció al cargo por responsabilidad política. En intervenciones como invitada de la Comisión de Fiscalización del Parlamento y también ante la prensa, la propia Guillén dijo desconocer por qué y cómo se habían solicitado los servicios de 'Swing'.

El viernes, Cisneros acudió al Palacio de Gobierno para dejarle una carta a Vizcarra. En la misiva, que luego leyó en voz alta frente a los medios, señala que tiene evidencia de que algunos congresistas están conspirando en su contra y pide una reunión urgente.

¿Martín Vizcarra le mintió al país? Tercer punto

Por todo esto, los audios generan sospechas sobre Vizcarra, pese haber rechazado siempre cualquier vínculo con el cantante. El jueves, dando respuesta a la polémica y a los pedidos de vacancia, dio este mensaje.

"Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado de manera ilegal constituye causal de vacancia", desafió por cadena nacional. También dijo que él ya conocía de la existencia de estos audios desde fines de julio y que estos han sido "manipulados maliciosamente". Asimismo, expresó que él es el mayor interesado en que las investigaciones muestren "el fondo de la verdad".

Al día siguiente, Vizcarra detalló a la prensa que toda la información correspondiente a los ingresos de Cisneros fue remitida a la Fiscalía y que las conversaciones con Karem Roca se enfocaron en una simple "incongruencia" hallada en el momento de revisar los datos. En esta línea, sostuvo que las visitas 'Swing' fueron, en realidad, tres: una para el acto público de juramentación presidencial, otra para una reunión con Karem Roca y una tercera para un encuentro similar con Mirian Morales, otra de las asistentes del despacho.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, en el palacio presidencial en Lima, Perú, el 6 de agosto de 2020.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, en el palacio presidencial en Lima, Perú, el 6 de agosto de 2020. © Carla Patiño / Presidencia Perú / AFP

Hasta el momento, no existen datos concluyentes sobre los audios. Solo dudas. ¿El presidente quiso ocultar información sobre las visitas de Cisneros? ¿Hubo un interés particular en el registro de ingresos de esta persona? ¿Qué hubo detrás de esas visitas? Para los legisladores que promueven la vacancia, el material es suficiente para concluir que el presidente le mintió a la ciudadanía. 

El politólogo Iván Lanegra afirma que "con los audios, se entendería que hubo un encuentro entre Cisneros y el presidente, aunque en las mismas grabaciones se señala que esto se produjo por insistencia de Cisneros. No estamos hablando de una situación de cercanía o que el presidente haya buscado reunirse con él. No se deduce que se trate de una persona de su círculo íntimo. Pero, por alguna razón, y ahí viene el tema, el presidente cede a atenderlo. Eso es lo que se desprende de los audios y hasta ahí podemos llegar. Los motivos o la influencia que este señor pueda tener en el Gobierno ya entrarían en el ámbito de la especulación, y eso es lo que amerita ser investigado. Sin duda, es necesaria una indagación profunda y no solo sobre este supuesto episodio, sino sobre todos los que permitieron el favorecimiento de Cisneros en el Estado".

Ante los medios, el congresista Alarcón ha sostenido que los audios "corroboran" importantes nexos de Cisneros con el Palacio de Gobierno. Alarcón no es un personaje exento de cuestionamientos. De hecho, está siendo investigado por la Fiscalía, por varios actos de presunta corrupción, que arrastra desde su cargo como contralor de la República.

Tampoco es la primera vez que pone contra las cuerdas a Vizcarra. En 2017, siendo contralor, reveló el audio de una reunión que tuvo con él, cuando este último era ministro de Transportes. Dicho encuentro tenía que ver con el caso del aeropuerto de Cusco.

Edgar Alarcón Tejada es el cuestionado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga el caso Richard Swing. "Que explique, que demuestre que no estaría dando instrucciones para que vengan a mentir tanto al Congreso y a la Fiscalía", dijo sobre Vizcarra tras la admisión del pedido de vacancia.
Edgar Alarcón Tejada es el cuestionado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga el caso Richard Swing. "Que explique, que demuestre que no estaría dando instrucciones para que vengan a mentir tanto al Congreso y a la Fiscalía", dijo sobre Vizcarra tras la admisión del pedido de vacancia. © Andina / EFE

En su mensaje a la ciudadanía, Vizcarra ha aducido que la nueva difusión responde a motivaciones políticas para desestabilizar al Ejecutivo y postergar las elecciones generales que se han programado para abril de 2021. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, incluso ha señalado que el Parlamento estaría orquestando un "golpe de Estado".

"Yo considero que no hay que ver al Congreso como un ‘todo’ cuando nos referimos a este nuevo enfrentamiento. Seguramente, hay intereses de determinados grupos y bancadas, y no tienen por qué ser los mismos. También está el señor Alarcón, que no tiene el mejor de los perfiles como fiscalizador. Lo que quiero decir es que las agendas y expectativas sobre una eventual vacancia pueden variar. Un tema que no es menor es que las bancadas y los partidos que las manejan tienen en mente, o deben tener en mente, la reacción de sus electores. Y todo esto, sin duda, está siendo evaluado por la población", explica Lanegra.

Este sábado, el medio investigativo IDL-Reporteros publicó otra información inquietante: el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, habría llamado a altos mandos de las Fuerzas Armadas peruanas para notificarles de una eventual destitución presidencial. Esto, antes de que siquiera el Pleno del Congreso votara por la admisión de la solicitud.

Recordemos que, al no existir vicepresidentes en el Ejecutivo de Vizcarra, quien tomaría el mando por orden constitucional, tras una hipotética vacancia, sería el presidente del Parlamento. Es decir, Merino de Lama. 

Aún no se ha comprobado la comisión de los delitos

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha solicitado los audios para su peritaje dentro de la investigación por el Caso Swing. En paralelo, ya existe una denuncia ciudadana ante la Fiscalía en contra de Vizcarra por los presuntos delitos de falsedad, encubrimiento y aprovechamiento del cargo. 

La penalista Liliana Calderón Jacinto explicó a France 24 que, si se demostrara algún ánimo de ocultamiento de información por parte de Vizcarra, se podrían citar dos potenciales delitos: el de encubrimiento real y el de obstrucción a la justicia.

"Primero se debe determinar que estos audios constituyen una prueba importante para la investigación. Solo bajo verdadera corroboración, es posible argumentar que existió una intención de entorpecer u obstaculizar las indagaciones fiscales; y esas son acciones que calzan con los delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento real", señaló la también profesora de la Universidad Científica del Sur y abogada del Estudio Benites, Vargas & Ugaz.

Un policía hace guardia frente al palacio presidencial en Lima, el 28 de julio de 2020, durante el día de la Independencia de Perú.
Un policía hace guardia frente al palacio presidencial en Lima, el 28 de julio de 2020, durante el día de la Independencia de Perú. © Renato Pajuelo / Presidencia Perú / AFP

Mientras en el Pleno del Congreso se debatía la admisión del pedido de vacancia contra Vizcarra, la Comisión de Fiscalización entrevistaba virtualmente a Roca, persona clave de esta trama. En esta sesión extraordinaria, la exfuncionaria negó haber grabado las conversaciones, exigió que no usen su nombre para complots políticos en contra del Gobierno y calificó de "circo" toda la situación surgida por las escuchas. 

Para Calderón, resulta poco proporcional que el Congreso empuje una vacancia sin tener real conclusión respecto de los audios. Resalta que el Legislativo enmarca sus acciones sobre el pulso de la política.

"Tenemos que tener en claro cuál es la función del Congreso y la competencia del Ministerio Público (Fiscalía). Porque este último es el que persigue el delito. El Congreso, en realidad, no tiene esa función. Claro, tiene facultades investigadoras que puede aportar elementos o indicios que luego deben ser conocidos y evaluados por el Ministerio Público. Entendamos que lo que el Congreso finalmente ejerce es una investigación y una sanción de carácter político. En este caso, lo que se persigue es eso. La vacancia es, básicamente, una sanción política. Pero, como incluso se puede señalar desde el Derecho Constitucional, esta situación específica de la vacancia no deja de estar atada a una investigación que tiene que dilucidar la propia Fiscalía", dijo la abogada.

El pedido para debatir la destitución ya fue aprobado, pero el escenario final se mantiene incierto

La tarde del viernes, con 65 votos a favor, 36 votos en contra y 24 abstenciones, el Congreso peruano aprobó discutir la vacancia del presidente. Para la admisión de este pedido se requerían, como mínimo, 52 respaldos.

En consecuencia, se decidió el viernes 18 de setiembre como fecha para el debate final y la votación. Ese día, el gobernante (y/o su abogado) puede asistir al hemiciclo para ejercer su derecho a la defensa. Según el oficio de notificación que le remitió el presidente del Congreso, Vizcarra tendrá un espacio de una hora para exponer sus descargos.

Vista general del Congreso peruano de Lima, durante la sesión para suspender al legislador Kenji Fujimori, el 6 de junio de 2018.
Vista general del Congreso peruano de Lima, durante la sesión para suspender al legislador Kenji Fujimori, el 6 de junio de 2018. © AFP

En Perú, la vacancia está regulada por el artículo 113 de su Constitución Política. Una de las causales que pueden invocarse es la de incapacidad moral permanente, la misma que se aprobó contra Alberto Fujimori en el 2000, luego de que viajara para abandonar la presidencia por evidencias de corrupción. En 2018, el Congreso también había iniciado un proceso de vacancia contra Kuczynski por el descubrimiento de alianzas con congresistas para salvarlo de una anterior destitución. Kuczynski renunció antes de que el Congreso votara.

Los presidentes de Perú tienen inmunidad y solo pueden ser acusados durante su mandato por el delito de traición a la patria o por impedir elecciones o disolver el Congreso de manera inconstitucional o arbitraria.

Los procesos relacionados con otros delitos deben emprenderse cuando el mandatario deja el cargo. Sin embargo, la cláusula de incapacidad moral permanente le permite al Congreso alejar del poder a presidentes cuestionados. El problema puede surgir cuando la cláusula no se aplica debidamente. Y, si bien la Constitución no prevé límites de interpretación para atribuir incapacidad moral, existen otros procedimientos igual de constitucionales para situaciones como la de Vizcarra. Así nos lo explica la constitucionalista Beatriz Ramírez Huaroto.

"Efectivamente, [la invocación de incapacidad moral permanente] es una potestad del Congreso y está regulada en un procedimiento que requiere votación calificada para su aprobación final. Sin embargo, no se han delineado suficientemente criterios para su aplicación. Pero varias y varios constitucionalistas, sobre todo quienes han estudiado a fondo este tema, sostienen con acierto que para aplicar la incapacidad moral, se necesita usarla como una herramienta de última ratio; es decir, cuando ya no se tienen o no aplican vías alternativas". 

Lo que señala Ramírez es que este caso bien podría ser tratado bajo otros canales y que la incapacidad moral permanente funciona −o debería funcionar− como única opción.

La policía hace guardia a las afueras del Congreso peruano tras la suspensión del presidente Martín Vizcarra, Lima, Perú, el 1 de octubre de 2019.
La policía hace guardia a las afueras del Congreso peruano tras la suspensión del presidente Martín Vizcarra, Lima, Perú, el 1 de octubre de 2019. Guadalupe Pardo / Reuters

"Si el presidente comete delitos o se presume que cometió delitos, él está protegido por un tipo de inmunidad. Pero sí se pueden hacer investigaciones y apenas deje el cargo, que eso pasará con Vizcarra en unos meses, procede a presentarse la acusación. O si el presidente ha cometido una infracción a la Constitución, entonces se le debe someter a las garantías de un juicio político. Esto significa que la incapacidad moral permanente debe usarse de forma residual. Es decir, cuando no se trata de delitos ni de infracciones a la Constitución (ambas ya sometidas a procedimientos especiales) y son conductas que son tan graves que hacen inviable que la persona siga ejerciendo el cargo presidencial. La pregunta es si su presunta implicación en la contratación de Cisneros y la presunta coordinación para obstaculizar la justicia califican para el tratamiento de la vacancia por incapacidad moral. Mi impresión es que esos son elementos presuntos de la comisión de delitos y lo que correspondería es que la Fiscalía investigue y posteriormente acuse", aclara Ramírez a France 24.

Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, coincide en que el artículo 113 de la Constitución es muy abierto, en cuanto a la figura de vacancia por incapacidad moral permanente.

"Lamentablemente, no ha tenido una definición ni una delimitación en parámetros que los podría haber fijado en alguna oportunidad el Tribunal Constitucional o el mismo Parlamento, a través de resoluciones. El caso de Fujimori fue por hechos distintos. Pero en este caso, el de Vizcarra, se está atribuyendo incapacidad moral por, presuntamente, no haber reconocido o aclarado su cercanía con el señor Cisneros. Y aquí también es necesario que el Congreso aplique un estricto criterio de proporcionalidad para determinar si tal cosa amerita ser calificada como prueba de incapacidad moral permanente".

El Consejo de Ministros, dirigido por Walter Martos, oficializó el sábado un documento de demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para bloquear la vacancia que pueda decidir el Congreso. La acción será presentada la próxima semana.
El Consejo de Ministros, dirigido por Walter Martos, oficializó el sábado un documento de demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para bloquear la vacancia que pueda decidir el Congreso. La acción será presentada la próxima semana. © Andina / EFE

Aunque las discusiones sobre la real fundamentación son válidas, lo que concreta objetivos en procesos como este son los votos. Para que la destitución de un presidente prospere se requieren 87 votos, que es la mayoría calificada del Congreso (hoy compuesto por 130 funcionarios). Si se aprobara, una hipotética vacancia tendría efectos inmediatos.

"La vacancia es inmediata. Si se obtienen los 87 votos, eso simplemente se ratifica a través de una resolución legislativa que se aprueba en el mismo momento. Luego pasa a publicarse en el diario oficial y se convierte en ley de la República, con lo cual el presidente tendría que irse. Es una situación bien delicada", advierte Urviola a France 24.

El exmagistrado critica que esta cláusula constitucional pueda ser manipulada en perjuicio del balance de poderes: "El uso indebido de este inciso es, en realidad, algo que está generando un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema democrático".

La noche del viernes, la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, anunció que la próxima semana el Gobierno interpondrá una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

Con la acción, que fue oficializada el sábado, se buscará que el alto colegiado determine si el Congreso está aplicando la Constitución adecuadamente al emprender este procedimiento contra Vizcarra. A la demanda se sumará un pedido de medida cautelar para frenar una eventual vacancia.

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