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Iván Duque visitó, con uniforme policial, varias comisarías afectadas tras las manifestaciones

En la imagen aparece el presidente de Colombia, Iván Duque, con un uniforme de Policía Nacional junto a otros agentes en una de sus visitas a un CAI. En Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2020.
En la imagen aparece el presidente de Colombia, Iván Duque, con un uniforme de Policía Nacional junto a otros agentes en una de sus visitas a un CAI. En Bogotá, Colombia, el 15 de septiembre de 2020. © Presidencia de Colombia
13 min

El presidente colombiano se presentó en algunos centros policiales destrozados tras las manifestaciones contra el abuso policial, un gesto que no cayó bien en los sectores que piden reformar esa institución, en el centro de varios escándalos. Colombia se encuentra sumergida en una crisis política tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez durante una detención y la posterior muerte de 13 jóvenes en unas protestas que se tornaron violentas.

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El presidente Iván Duque sembró la polémica en Colombia tras mostrar su decidido apoyo a las fuerzas policiales. El mandatario visitó este 16 de septiembre varios CAI (comisarías policiales conocidas como Centros de Atención Inmediata) ataviado con el uniforme oficial de la Policía Nacional, días después de que este cuerpo fuese acusado de excesos y brutalidad luego de que dos de sus miembros mataran a Javier Ordóñez durante un operativo en Bogotá.

Aunque desde el Gobierno y el Ministerio de Defensa se ha condenado la violencia con la que actuaron los dos agentes que terminaron con la vida de Ordóñez, también se han mostrado acérrimos defensores de la institución, a pesar de que la noche siguiente a la muerte del abogado se registrasen otros 13 homicidios de civiles durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes.

"Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución", aceptó el jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, durante su intervención como "invitado" en una sesión virtual del Senado.

La línea mantenida desde el Ejecutivo sigue defendiendo a la Policía Nacional en su conjunto, a pesar de los casos de violencia, y condenando los ataques que destruyeron, durante las protestas, casi un tercio de los CAI de Bogotá.

La actuación de los cuerpos de seguridad durante la noche del 9 al 10 de septiembre ha sido muy criticada porque se observaron varias escenas donde los uniformados respondieron con armas de fuego a manifestantes desarmados o que poseían objetos simples como palos y piedras. Usar armas de fuego en un contexto en que no haya proporcionalidad por la otra parte es ilegal según la normativa colombiana.

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Los heridos de las protestas que necesitaron hospitalización superaron los 300, de los cuales 75 fueron por herida de bala. Un balance que ha impactado tanto dentro como fuera de Colombia y que ha causado indignación. Actualmente, más del 70% de los ingresados han sido dados de alta pero todavía quedan algunas personas debatiéndose entre la vida y la muerte por sus lesiones.

El caso de Javier Ordóñez reavivó el debate sobre la brutalidad policial 

El martes 15 de septiembre se pudo realizar, tras varios días de investigaciones, el velorio y funeral del abogado Javier Ordóñez se pudo realizar en Bogotá. Durante el acto, varios familiares aseguraron que el cuerpo se encontraba amoratado y con síntomas evidentes de extrema violencia.

El video de su detención se hizo viral en menos de 24 horas en Colombia. En él se ve cómo dos agentes le propinaron más de 10 disparos eléctricos con un taser a Ordóñez, a pesar de los gritos de súplica de la víctima.

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Cuando el video de los testigos finaliza, el abogado aún está vivo y lo que es un misterio fue lo que sucedió cuando se le llevó al CAI más cercano, donde minutos después lo trasladaron a una clínica y ya estaba muerto. 

Alcaldía vs. Gobierno central: la lucha política por la responsabilidad

La actuación policial de estos días ha desatado una lucha entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno de Colombia. Desde un primer momento, la alcaldesa Claudia López responsabilizó del uso de armas de fuego al Ministerio de Defensa, pero desde el Ejecutivo sostienen que la máxima responsable de la Policía Nacional en la jurisdicción de Bogotá D.C. es ella.

El manejo del operativo policial de la noche del 9 de septiembre ha acentuado las diferencias entre Claudia López e Iván Duque, que ya existían previamente debido a las tensiones que mantienen en diversas cuestiones políticas.

Claudia López, aunque no ha defendido los disturbios y los actos vandálicos, ha responsabilizado a la Policía Nacional de los heridos y fallecidos y ha pedido que el cuerpo sea profundamente renovado, asegurando que no se trata de “manzanas podridas” o casos aislados. 

Sobre el papel, la alcaldesa de Bogotá es la jefa máxima de la Policía dentro de su jurisdicción y desde el Gobierno se insiste en compartir la responsabilidad de lo ocurrido. López ha dicho en varias oportunidades que jamás dio la orden de usar armas letales y en declaraciones acusó a la Policía de desobedecerla. 

Aunque en las últimas jornadas la intensidad de las protestas se ha reducido, Colombia continúa teniendo una policía que tras cada gran movilización social protagoniza graves incidentes. Esto ha hecho pedir desde varios sectores que este cuerpo, que pertenece al Ministerio de Defensa, se reforme, pase a ser civil y deje de funcionar como un ente militar.

Con EFE y medios locales

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