La Corte Suprema pide al Gobierno de Colombia que respete el derecho a la protesta pacífica

Un manifestante es retenido por la policía durante el paro nacional del pasado lunes 21 de septiembre, Bogotá, Colombia.
Un manifestante es retenido por la policía durante el paro nacional del pasado lunes 21 de septiembre, Bogotá, Colombia. © Luisa Gonzalez / Reuters

El máximo órgano judicial colombiano emitió un fallo en el que pide al Gobierno que garantice el derecho fundamental a la manifestación pacífica y exige responsabilidades por los abusos de las fuerzas de seguridad durante las marchas. Además, insta a las autoridades colombianas a que pidan perdón por la represión durante las protestas de 2019. El Ejecutivo desconoció las acusaciones y apelará el fallo. 

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia exigió al Gobierno nacional que garantice el respeto al derecho a la manifestación pacífica. Se trata de una de las decisiones judiciales más severas y críticas emitida por el órgano judicial en el marco de las protestas sociales que se vienen sucediendo en la capital Bogotá desde hace unas semanas.

La Sala de Casación Civil del máximo tribunal sostuvo que la intervención de las fuerzas de seguridad contra quienes salen a marchar pacíficamente es “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” frente al derecho fundamental de los ciudadanos a manifestarse, como lo recoge el artículo 37 de la Constitución colombiana. La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”, según reza el fallo.

La sentencia, de 171 páginas, responde a una acción de tutela, o recurso de amparo, presentado por un grupo de 49 ciudadanos que consideran que el Gobierno y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) agredieron a los manifestantes “sistemáticamente” durante la movilización social el pasado noviembre de 2019, cuando los ciudadanos llevaron a cabo varias jornadas de protestas.

"Entre las medidas (...) está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará 'Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana'", detalló el alto tribunal en un comunicado.

Restructuración de la policía y el ESMAD, uno de los principales reclamos

"Hace falta una Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica", señala la Corte en unos de sus puntos.

La Policía colombiana ha sido criticada en los últimos meses por los abusos que ha cometido para dispersar las protestas, en particular durante las movilizaciones de noviembre pasado, cuando el bachiller Dilan Cruz murió por un disparo de un miembro del Esmad durante una manifestación en Bogotá.

El exceso policial volvió a ponerse de manifiesto este 9 y 10 de septiembre, cuando los agentes dispararon contra manifestantes -según reveló la propia alcaldesa de la capital, Claudia López- durante las protestas contra la brutalidad policial, que dejaron 13 muertos. Esas manifestaciones se desataron luego de la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien falleció horas después de ser sometido a varios impactos de pistola eléctrica por dos agentes policiales que lo tenían bajo custodia.

Una manifestante con una imagen de Javier Ordóñez, asesinado en custodia policial, que desató una oleada de protestas contra la brutalidad policial.
Una manifestante con una imagen de Javier Ordóñez, asesinado en custodia policial, que desató una oleada de protestas contra la brutalidad policial. © Marina Sardiña

Prohibición del arma que mató al joven Dilan Cruz

En este sentido, la providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte ordenó al Esmad suspender el uso de las escopetas de calibre 12 "hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento".

Precisamente, esa fue el arma –cuya munición era una bolsa con “múltiples perdigones de plomo”- que mató al joven Cruz durante una manifestación contra la política económica y social del Gobierno del presidente Iván Duque, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

"Hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas (...) al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente", añadió la Corte en su sentencia respecto a las actuaciones del ESMAD, dejando de manifiesto la incapacidad de este escuadrón de mantener el orden de una forma no violenta.

La Corte solicita al Gobierno que pida disculpas, pero el Ejecutivo desconoce las acusaciones y apelará el fallo

Entre los tres principales puntos de las 14 órdenes dictadas por la Corte para garantizar el derecho fundamental a la manifestación, los magistrados piden al Gobierno Nacional que pida disculpas “simbólicas” a los ciudadanos y que los miembros del Ejecutivo “deben mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si estás están dirigidas a cuestionar las políticas propias”. El Gobierno de Iván Duque cuenta con 30 días para ordenar que la rama ejecutiva mantenga dicha neutralidad.

Concretamente, el ministro de Defensa, Carlos Holmos Trujillo, tiene 48 horas para ofrecer disculpas por los excesos cometidos por los integrantes de las fuerzas de seguridad pública a su cargo en todo el país. Sin embargo, eso no parece que vaya a ocurrir.

Poco después de conocerse el fallo, Holmes Trujillo respondió a la decisión y les dijo a los magistrados que “los excesos de fuerza registrados en algunas de esas jornadas de protesta no son una directriz sino actuaciones personales de algunos integrantes de esa fuerza policial”, las cuales, según el ministro, están bajo investigación. 

Además, el titular de la cartera de Defensa indicó que la actuación del ESMAD, cuyo desarme es uno de los principales reclamos de los manifestantes, se produce "exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas".

Asimismo, en su declaración, Holmes Trujillo especificó que el Gobierno nacional solicitará a la Corte Constitucional la revisión del fallo de la Sala de Casación de la Corte Suprema.

Con medios locales y EFE

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