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Colombia: el poder de las víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz

Los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá, el ataque más mortífero de las Farc contra civiles en el conflicto armado de Colombia, llevan urnas con los restos de sus seres queridos a su llegada a Bojayá, departamento de Chocó, Colombia, el 11 de noviembre de 2019, para una ceremonia fúnebre.
Los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá, el ataque más mortífero de las Farc contra civiles en el conflicto armado de Colombia, llevan urnas con los restos de sus seres queridos a su llegada a Bojayá, departamento de Chocó, Colombia, el 11 de noviembre de 2019, para una ceremonia fúnebre. © Raúl Arboleda / AFP

Quienes padecieron los horrores en más de 50 años de conflicto con la antigua guerrilla de las Farc ahora están en el centro de la gestión de entidades que pretenden darles Justicia y verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Así avanzan estas instituciones creadas hace más de cuatro años en el marco de las negociaciones de La Habana.

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"En el secuestro hay un descuartizamiento de la dignidad, una anulación del ser humano", así describió la política colombo-francesa Ingrid Betancourt lo que padeció durante más de seis años de secuestro a manos de la entonces guerrilla de las Farc y le dijo a los ahora reincorporados que les corresponde "no seguir mintiendo y reconocer lo que ocurrió".

Fue así como su contribución a la Comisión de la Verdad de Colombia el pasado 14 de septiembre movió una de las fibras más sensibles durante la implementación del Acuerdo de Paz. Ese mismo día, y tan solo horas después de las palabras de Betancourt, los antiguos comandantes del antiguo grupo guerrillero hicieron la petición más clara de perdón que se les ha conocido por ese delito.

Sin llamarlo "retenciones", como muchas veces solían hacerlo, los exlíderes de esa guerrilla reconocieron lo ocurrido. "El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos". Además, les pidieron perdón a las víctimas y a sus familiares por arrebatarles "lo más preciado: su libertad y dignidad".

Este episodio es uno de los tantos que evidencian el poder del relato de las víctimas en la transición que intenta Colombia, luego de cuatro años de que el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmara el primer Acuerdo de Paz con las Farc.

Las instituciones que creó el Acuerdo para las víctimas

Desde la negociación en La Habana hasta lo implementado, las víctimas han estado en el centro de lo acordado, o al menos esa fue la idea principal. Para ellas es que existe uno de los seis puntos del Acuerdo que, concretamente, creó un sistema de tres instituciones temporales. 

La primera es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Este es un tribunal de Justicia transicional que tendrá hasta 20 años para sancionar a los principales responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto, desde exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, hasta políticos y civiles que hayan contribuido con la guerra. Su modelo se basa en sanciones -que no siempre implican cárcel- a cambio de la verdad que reconozcan.

La otra raíz del sistema que creó el punto de víctimas es la Comisión de la Verdad. La institución tiene hasta noviembre de 2021 para elaborar un informe que esclarezca qué ocurrió durante el conflicto, para realizar encuentros entre víctimas y victimarios en los que se reconozca lo sucedido y para estructurar recomendaciones que contribuyan a que los horrores de la guerra no se repitan y que se promueva la convivencia en los territorios.

El tercer componente es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tiene 20 años para encontrar, vivos o muertos, a quienes fueron desaparecidos durante el conflicto armado. Esto representa una tarea titánica en el país que tiene una de las estadísticas más altas del mundo sobre desaparición forzada, con más de 80.000 víctimas, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, un sistema oficial de información.

Si bien sus objetivos son diferentes, las tres entidades tienen algo en común: darles una respuesta a las víctimas y priorizarlas durante todo su trabajo. Aunque sus avances hacen parte de los más visibles de los cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz, se enfrentan a enormes retos como la polarización política. Este es el balance de lo que han hecho las instituciones después de las negociaciones en La Habana.

El papel protagonista de las víctimas en la JEP

Una de las grandes particularidades de la Jurisdicción Especial de Paz es precisamente el papel que tienen las víctimas en este mecanismo judicial. "Ellas elaboran informes para la JEP y se les ha extendido el tiempo límite de entrega dos veces. Tienen el derecho de participar en todas las etapas procesales. Esa participación significa que pueden estar en audiencias, versiones, tener la palabra, la posibilidad de pedir pruebas y controvertirlas. Además, reciben toda la información que acopia y procesa la jurisdicción. Hay mucha esperanza de parte de las víctimas que durante décadas no han sido escuchadas por el Estado ni por la sociedad", indicó en France 24 Patricia Linares, presidenta de la JEP.

El 17 de febrero de 2020 la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) entregó el primer cuerpo identificado de las exhumaciones hechas en el cementerio de Dabeiba, Colombia, en el que fue identificado Edison Lexcano Hurtado, desaparecido hace 18 años.
El 17 de febrero de 2020 la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) entregó el primer cuerpo identificado de las exhumaciones hechas en el cementerio de Dabeiba, Colombia, en el que fue identificado Edison Lexcano Hurtado, desaparecido hace 18 años. © Álvaro Ballesteros / EFE

Actualmente, en los procesos que lleva este mecanismo de Justicia transicional, hay 307.000 víctimas activas, según Linares. Esas personas están congregadas en siete casos que la JEP seleccionó como los más graves, que van desde el secuestro por parte de las Farc hasta las muertes de civiles que agentes del Estado hicieron pasar por guerrilleros, conocidas popularmente como 'falsos positivos'.

Estos dos son quizá los casos más adelantados en la Justicia transicional. El de secuestro fue el primero que abrió la JEP, en julio de 2018. Dos años después ya se estaba terminando el contraste de los informes, las versiones de exguerrilleros y los aportes de diferentes víctimas que hablaron ante los estrados, como lo hizo Ingrid Betancourt en octubre de 2018. El caso de ejecuciones extrajudiciales ya recopiló más de 200 versiones, incluidas las de cuatro generales. Se espera que, a finales de este año, avance a la segunda etapa, que consiste en la presentación del escrito de acusación, el paso previo a que los implicados reconozcan sus responsabilidades, como lo puntualizó Linares.

¿Las Farc negaron el reclutamiento?

Pero no todos los procesos avanzan al mismo ritmo. A pesar de que la Justicia transicional abrió el caso de reclutamiento desde marzo de 2019, los excombatientes comenzaron a dar sus versiones voluntarias ante los magistrados únicamente desde agosto de 2020. La razón principal de la demora es que el equipo jurídico de las Farc presentó decenas de recursos que retrasaron todo el proceso judicial. Uno de ellos, por ejemplo, fue para solicitar que los magistrados de la JEP no se pronuncien sobre los casos ante los medios de comunicación, como lo hizo el magistrado relator del caso de reclutamiento.

Una vez los comparecientes comenzaron a hablar, el país entró en una polémica. Un medio local aseguró que Rodrigo Londoño, el otrora comandante de las Farc, conocido como ‘Timochenko’, negó ante la JEP que hubiesen reclutado menores de edad. Aunque Londoño aclaró en diferentes entrevistas radiales que sí reconoce que hubo reclutamientos, insistió que esta no era una política de la guerrilla.

Diego Martínez, asesor jurídico de varios excombatientes, le dijo a France 24 que la primera publicación fue una filtración sin contexto y que realmente la exguerrilla sí reconoce el reclutamiento. Agrega que ese episodio motivó a que las Farc le pidieran a la JEP que hicieran públicas todas las audiencias, que hasta entonces eran privadas. Además, esta solicitud ocurrió justo días después de que Ingrid Betancourt les pidiera más verdad.

Al final, la Justicia transicional le otorgó el poder a cada magistrado para que abra las versiones voluntarias que considere, siempre respetando los derechos de las víctimas. Fue así como por primera vez se comenzaron a ver en vivo y en directo las declaraciones de los antiguos comandantes guerrilleros precisamente sobre el reclutamiento.

Más allá de volver públicas diferentes audiencias, toda la discusión sobre si las Farc niegan o no el reclutamiento evidenció una vez más la polarización en la que está sumida Colombia. Y, en más de una ocasión, la Justicia transicional ha padecido esas divisiones políticas. "Ciertos actores políticos de manera equivocada y poco generosa han hecho del Acuerdo de Paz, del sistema integral (del punto de víctimas) y muy concretamente de la JEP, el blanco de su actividad proselitista utilizando campañas de desprestigio, de sistemático cuestionamiento que han generado amenazas y una presión con la que es muy difícil sacar adelante un proceso tan complejo como estos", precisó Patricia Linares.

Una de las arremetidas más fuertes fue en marzo de 2019 por parte del propio presidente de Colombia. Iván Duque se negó a firmar la Ley Estatutaria que regularía la JEP y, en cambio, objetó seis puntos esenciales, argumentando que solo así se aseguraría la "genuina verdad".

Colombia: Presidente Duque objeta ley esencial para la continuidad del proceso de paz en el país
El presidente colombiano Iván Duque anuncia las objeciones a la JEP en una alocución pública
El presidente colombiano Iván Duque anuncia las objeciones a la JEP en una alocución pública Presidencia de Colombia vía EFE

La Corte Constitucional terminó por rechazar sus argumentos y le ordenó que firmara la ley para que la JEP tuviera, por fin, todas sus normas de base para operar. Casi al mismo tiempo, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, propuso una de las varias reformas que ha sugerido hacerle al mecanismo de Justicia transicional, aunque ninguno de los proyectos ha sido aprobado en el Congreso.

La más reciente discusión sobre si se debe cambiar algo o no en la JEP la lideró el exmandatario Juan Manuel Santos. En diferentes entrevistas aseguró que, aunque no habla de reformar la Justicia transicional, sí podría pensarse conjuntamente cómo acelerar procedimientos que "quedaron muy engorrosos" desde el Acuerdo. Por ejemplo, el mecanismo judicial fue criticado por tardarse casi dos semanas en expulsar del sistema a varios jefes guerrilleros que anunciaron a través de un video que volverían a las armas, como Luciano Marín alias 'Iván Márquez' y Seuxis Paucías Hernández alias 'Jesús Santrich'.

Además, es todo un reto hacer una Justicia transicional en medio del conflicto. Martínez denuncia, por ejemplo, que varios excombatientes aseguran que hay grupos armados en el departamento de Caquetá, en el sur del país, que quieren cobrarles con sangre los secuestros que cometieron en la región. "El tema central es que las Farc se desarmaron y el resto del país no. En ese panorama, hay mucho miedo e incertidumbre", señaló el abogado de los firmantes del Acuerdo.

La Comisión de la Verdad, entre el retrato del horror y las recomendaciones futuras

El conflicto también afecta a la Comisión de la Verdad. Para cumplir con sus cuatro objetivos -esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición-, debe hablar con víctimas y victimarios. Pero muchas veces ellos no se atreven precisamente por la inseguridad que les genera desconfianza.

"La gente tiene miedo a hablar delante de las autoridades, muchas veces no les creen a las Farc ni a los exparamilitares. Así es muy difícil y eso ha obligado a la Comisión a hacer un trabajo más confidencial", explicó Marta Ruiz a France 24, una de los 11 comisionados que lideran las labores del organismo.

En Norte de Santander, Colombia, hacen un homenaje a las víctimas torturadas y desaparecidas en los ríos Catatumbo y Magdalena. Foto de Archivo.
En Norte de Santander, Colombia, hacen un homenaje a las víctimas torturadas y desaparecidas en los ríos Catatumbo y Magdalena. Foto de Archivo. © Comisión de la Verdad de Colombia

A esto se suma que ya la entidad está en una carrera contra el tiempo. En poco más de un año debe entregar el informe que esclarezca qué ocurrió durante el conflicto armado. Gerson Arias, director para el diálogo social de Comisión de la Verdad, le dijo a France 24 que ya tienen una estructura básica de los capítulos y que están organizando todo por patrones macro, que más que contar delito a delito pretende explicar por qué ocurrieron ciertas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Incluso tienen pensado hacer una serie de televisión para difundir sus hallazgos.

Esta labor es particular porque, a diferencia de otros países, la Comisión colombiana no es el primer organismo de la nación en retratar lo que pasó. Antes del Acuerdo de Paz, las víctimas ya habían obtenido algunas verdades en procesos anteriores de Justicia transicional e incluso con organismos creados para contar la memoria de los tiempos de guerra.

Es por eso que Marta Ruiz enfatiza que, si bien dos de los cuatro objetivos que tiene la Comisión apuntan a "mostrar el retrato del horror de lo que ocurrió, lo más potente de este trabajo serán las recomendaciones a futuro". Estos lineamientos serán los que le ayudarán al país a entender qué se debe hacer para evitar que el conflicto se repita.

"La Comisión es la bisagra entre el pasado y futuro", dice Ruiz y agrega que el trabajo de la entidad será la base para que líderes sociales y políticos construyan la reconciliación.

Las claves para que esto ocurra son precisamente las víctimas. Tanto Ruiz como Arias coinciden en que los relatos de quienes han padecido el conflicto son lo único que logra mover las fibras de los victimarios. Sus experiencias muestran que todos los grupos aportan más verdad cuando las víctimas les hablan directamente, como ocurrió con el testimonio de Ingrid Betancourt y el posterior reconocimiento del secuestro por parte de las Farc. "Conectar el dolor de víctima con el dolor y la conciencia moral del otro. Eso es lo que genera la reconciliación", agrega Ruiz.

Las víctimas y su derecho a la verdad también son el punto nodal que conecta a la JEP con la Comisión de la Verdad, porque si los grupos armados reconocen hechos ante la Comisión, esto les servirá para tener sanciones más leves en la jurisdicción.

Pero ni siquiera con los beneficios ha sido fácil que los diferentes bandos del conflicto reconozcan lo que pasó. Los funcionarios dicen que todavía para muchos exguerrilleros es difícil reconocer que en medio de las ideas que defendieron durante décadas también dejaron miles de víctimas a su paso. La Fuerza Pública, por su parte, ha entregado múltiples informes que explican desde cómo evolucionaron sus capacidades militares hasta los resultados de la inteligencia que le hicieron a la guerrilla, pero por lo general es más complejo que accedan a hablar. "Quienes más colaboran suelen ser desde coroneles hacia abajo", dice Gerson Arias.

El 11 de octubre de 2018, las Fuerzas Militares de Colombia le entregaron a la Comisión de la Verdad el informe Génesis, que contiene 50 tomos y 18.300 páginas con información sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, Colombia.
El 11 de octubre de 2018, las Fuerzas Militares de Colombia le entregaron a la Comisión de la Verdad el informe Génesis, que contiene 50 tomos y 18.300 páginas con información sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, Colombia. © Comisión de la Verdad de Colombia

El acercamiento con los empresarios tampoco ha sido fácil porque sectores como los palmeros, ganaderos o bananeros temen que los traten como victimarios que financiaron grupos ilegales y no como víctimas de extorsión por parte de organizaciones al margen de la ley. "Están trabajando en informes que quieren entregar y nosotros les insistimos que también nos permitan hablar con ellos", explica Arias.

La verdad, una disputa desde los discursos

Las reticencias de todos los lados muestra que todavía hay una desconfianza generalizada y en gran parte esto se explica por la pelea discursiva que continúa. En sus palabras ante la Comisión de la Verdad, Ingrid Betancourt explicó que mientras las Farc esperaban que tras la dejación de las armas los acogieran con agradecimiento, del otro lado hay una narrativa "de un Gobierno que las derrota y les está dando una oportunidad".

"Las diferentes estrategias políticas están creando la noción de que hay una guerra por la verdad. Entonces la puja es por quién da la versión más fuerte. Eso no genera las condiciones políticas para hacer una catarsis colectiva, para generar los diálogos que requiere la reconciliación", explicó Marta Ruiz.

Al igual que la JEP, la Comisión también ha sido blanco de señalamientos en medio de la profunda polarización del país. Uno de los casos más sonados corrió por cuenta del exiministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien dijo que la "mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados".

La Comisión le pidió que se retractara al considerar que la afirmación deslegitimaba la institución y, a la vez, ponía en peligro la vida de los comisionados. Pero Pinzón se mantuvo en su postura, a lo que la entidad respondió que daba por terminada la discusión.

El profesor de la Universidad Javeriana Andrés Dávila y estudioso del sistema integral asegura que dentro de la Comisión también hay roces pues los mismos funcionarios y algunos miembros de cooperación internacional le han dicho que hay egos encontrados entre los comisionados, aunque aclara que han logrado acuerdos básicos y desarrollos.

Como si los problemas políticos fueran pocos y el tiempo no fuese apremiante, el trabajo de los funcionarios de la entidad se ralentizó con la pandemia del Covid-19. Colombia tuvo uno de los aislamientos obligatorios más prolongados de América Latina con más de seis meses de encierro. Esto fue un obstáculo para la Comisión. Primero, porque gran parte de su trabajo es en los territorios y, segundo, porque no todas las personas tienen acceso a Internet para una conexión virtual.

Además, la confianza es el pilar clave del trabajo de la Comisión y es complejo construirla a distancia. "Se ha hecho lo que se ha podido por Zoom, pero el ritmo no es igual. Tenemos la experiencia de que un encuentro presencial entre excombatientes y víctimas es otra cosa. En las reuniones, los exparamilitares, los exguerrilleros y los militares terminan yendo juntos a tomarse un café y eso genera una conversación que no se da en Zoom", dice Ruiz.

La Unidad de Búsqueda en alianza con los familiares de los desaparecidos

Al igual que en las otras dos entidades, las víctimas están en el centro de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. La información que esta institución compartió con France 24* evidencia que diferentes víctimas participaron en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda durante ocho eventos en 2019. Esta es la hoja de ruta que trazó la estrategia para buscar a los desaparecidos del conflicto armado.

Una de las líneas, por ejemplo, es que los familiares de quienes fueron desaparecidos puedan participar en la búsqueda de sus seres queridos, en el momento en los que los identifican y en la entrega digna de sus restos. "La participación (...) es en sí misma una forma de reparación y responde a la necesidad real y urgente de aliviar el sufrimiento", señala el Plan Nacional.

Además, la Unidad cambia todo el paradigma de búsqueda. Hasta ahora, la vía para localizar los restos de un desaparecido iniciaba cuando un proceso judicial lo ordenaba y se guiaba por las indicaciones de los victimarios. Pero ahora la Unidad reconoce que quienes han buscado por años a sus seres queridos ya tienen una experiencia en el tema que no se puede desaprovechar y que  sirve para no partir de cero.

Hasta ahora, la entidad ha recopilado esa experticia a través de 15 cortometrajes animados, un audiolibro, una radionovela y dos obras de teatro. También ha asesorado a casi 1.800 personas para que continúen con esta labor. Adicionalmente, la Unidad ha recibido más de 7.200 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas.

Pero los procesos de la Unidad, la JEP y la Comisión tardan en realizarse más de lo que las víctimas quisieran, porque encontrar a los desaparecidos, construir relatos sobre el conflicto y determinar responsabilidades jurídicas es una tarea compleja y más en medio de una guerra que no cesa.

*France 24 contactó a la entidad para hablar con Luz Marina Monzón, su directora, pero no fue posible.

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