Francia autoriza la extradición de Kabuga, presunto tesorero del genocidio ruandés

La fecha del arresto y una cruz roja están escritas en el rostro de Félicien Kabuga, uno de los últimos sospechosos clave en el genocidio de Ruanda de 1994.
La fecha del arresto y una cruz roja están escritas en el rostro de Félicien Kabuga, uno de los últimos sospechosos clave en el genocidio de Ruanda de 1994. © AFP

El Tribunal Supremo de Francia aceptó la extradición de Félicien Kabuga al centro de detención de la ONU en Arusha, en Tanzania, donde tiene su sede el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI). Kabuga es acusado de ser el cerebro financiero del genocidio que asoló Ruanda en 1994.

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Félicien Kabuga será juzgado por la Justicia Internacional por los supuestos vínculos que apuntan a que fue el motor financiero que subvencionó el genocidio cometido en Ruanda en 1994, que se saldó con la vida de 800.000 personas. 

El Tribunal Supremo francés autorizó este 30 de septiembre su extradición a la ciudad de Arusha, en Tanzania, lugar donde está el centro de detención de la ONU y donde tiene su sede el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI). Según su conclusión, no hay ningún obstáculo jurídico ni médico para ejecutar el mandato de arresto que contemplaba su transferencia al centro de detención de la ONU en Arusha.

La Corte de Apelación rechazó en la anterior audiencia la Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad en la que la defensa alegaba que la ley francesa de entrega de personas reclamadas por el MTPI vulnera la Carta Magna gala, y el Supremo se posicionó hoy en esa misma línea.

Financiación del genocidio ruandés 

Kabuga, que dice tener 87 años, aunque para la Justicia francesa figura de 85, fue detenido el pasado 16 de mayo en la ciudad de Asnières sur Seine, a las afueras de París, donde vivía en la clandestinidad con una identidad falsa, tras más de dos décadas de persecución internacional.

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo acusó en 1997 de siete cargos de genocidio, complicidad de genocidio o incitación directa y pública de genocidio e intento de genocidio. Todos los crímenes se habrían cometido entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994.

Los fiscales de la ONU acusan al exmagnate de la industria del té y el café de financiar e importar una gran cantidad de machetes para las milicias étnicas hutus que mataron a cientos de miles de tutsis y hutus moderados en Ruanda.

El ahora octogenario presidió el comité provisional del Fondo de Defensa Nacional, que proporcionó armas a ese grupo paramilitar, y la Radio Télévision Libre des Mille Collines, que se utilizó para diseminar un discurso de odio contra los tutsis.

Los jueces se negaron en junio a decretar su liberación, solicitada por sus abogados, a la vista del tiempo que había logrado burlar a la Justicia internacional, ya que desde abril de 2013 era objeto de una orden de arresto del MTPI, la institución sucesora del TPI. Los abogados defensores también alegaron gran debilidad mental y física por la edad del acusado, algo que ha sido desestimado por los médicos franceses.

El abogado francés Laurent Bayon, que defiende al sospechoso de genocidio de Ruanda Felicien Kabuga, abandona la sala del tribunal después de la audiencia inicial de extradición de Félicien Kabuga en el juzgado de París, Francia, el 20 de mayo de 2020.
El abogado francés Laurent Bayon, que defiende al sospechoso de genocidio de Ruanda Felicien Kabuga, abandona la sala del tribunal después de la audiencia inicial de extradición de Félicien Kabuga en el juzgado de París, Francia, el 20 de mayo de 2020. © Gonzalo Fuentes / Reuters

El mantenimiento de su detención también fue justificado por las perturbaciones al orden público que podría generar la liberación de alguien inculpado por su implicación directa en un genocidio en el que murieron unas 800.000 personas, la gran mayoría de etnia tutsi.

 

Hasta su arresto, Kabuga había sido el fugitivo de más alto perfil buscado por el tribunal de la ONU en Arusha, anteriormente conocido como el TPIR. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda se cerró en 2015, pero un órgano sucesor todavía opera en Tanzania y en los Países Bajos.

Con Reuters, AP, EFE 

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