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Sandinistas promueven Ley de Agentes Extranjeros que limitaría a la oposición en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 41 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, el 9 de septiembre de 2020.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 41 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, el 9 de septiembre de 2020. © César Pérez Presidencia de Nicaragua vía Reuters
Texto por: Jorge Hurtado
9 min

La mayoría oficialista del parlamento de Nicaragua presentó el proyecto de ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obligaría a toda persona natural o jurídica a declarar ante el gobierno sobre los fondos económicos que recibe del exterior y los excluye de participar en la vida política del país. 

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El fundamento que la bancada sandinista utilizó para introducir la discusión es que esta normativa se basa en asuntos de “seguridad de Estado”, pretende “regular” a todo aquel que reciba financiamiento del extranjero y evitaría que estos fondos deriven en “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua”.

La intención de la ley es crear un Registro de Agentes Extranjeros que obligue a que estos reporten mensualmente sus actividades. El proyecto define a los agentes extranjeros como toda “persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente, directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras”.

Con la norma, el Gobierno de Nicaragua también catalogaría bajo este rótulo a “consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, empresas o fundaciones extranjeras”.

Además, les prohíbe postular a cargos públicos, una medida que según la oposición local busca “desmantelar” cualquier voz disidente justo antes de las elecciones generales de noviembre de 2021. Y es que la normativa también prohibiría “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o a asociaciones”.

¿La ley coarta las libertades políticas o promueve la participación nacional?

La oposición y el oficialismo distan sobre si la ley es conveniente o no para el país. “Este agente puede ser confiscado o puede perder sus libertades civiles o políticas”, declaró Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, el bloque opositor al gobierno que surgió durante las revueltas de 2018. Para Chamorro, esta es una “ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional y además es falsa porque lo que trata en el fondo es reprimir a opositores nicaragüenses”.

El dirigente opositor y excarcelado político Yubrank Suazo participa en la presentación de una propuesta de agenda para construir "una nueva Nicaragua" el 10 de septiembre de 2020, en Mangua.
El dirigente opositor y excarcelado político Yubrank Suazo participa en la presentación de una propuesta de agenda para construir "una nueva Nicaragua" el 10 de septiembre de 2020, en Mangua. © Jorge Torres / EFE

Asimismo, la Coalición Nacional, el grupo que pretende enfrentar a Daniel Ortega en los comicios del próximo año, emitió un comunicado de condena a lo que denomina como una “nueva modalidad de persecución política, discriminación social y violaciones a todos los preceptos constitucionales”.

El diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez respondió a estos señalamientos en un medio local y aseguró que la ley no busca perseguir opositores. “Es falso, carente de toda base o fundamento de legalidad lo que están planteando ahí. Lo que sencillamente nosotros estamos haciendo es creando una herramienta que te permita garantizar, o te permita evitar, de que potencias extranjeras, países, gobiernos organismos u organizaciones extranjeras desarrollen actos de injerencia en asuntos domésticos o de política interna nacional”, aseguró Gutiérrez. Según el político, “a nadie se le está cortando el derecho a la participación en política” y que lo único que pretende la norma es que la política nacional la desarrollen los mismos nicaragüenses.

La abogada independiente Martha Patricia Molina analizó a profundidad la iniciativa legislativa y encontró que el proyecto vulnera al menos 30 artículos de la Constitución Política de Nicaragua. Por eso, señaló que es “la peor ley que se va a aprobar en todo este periodo de Ortega, la más nefasta”. Según Molina, los diputados sandinistas realizan una “interpretación extensiva de los artículos, a favor de ellos y de manera discrecional”.

Especialistas consultados que prefieren el anonimato por seguridad sostienen que la ley estaría creando una nueva categoría de ciudadanos: los agentes extranjeros, lo que vulneraría los derechos de nacionalidad existentes. “Una vez seás declarado agente extranjero, no podés opinar”, indicó la abogada Molina.

Pese a las críticas, el diputado Gutiérrez defendió que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros no afectará tratados, ni la inversión, ni el comercio. “Cualquier persona natural o jurídica que venga aquí a representar intereses de una transnacional en nuestro país perfectamente lo puede hacer”, señaló.

Periodismo independiente en la mira

Entre las diversas reacciones a esta controversial ley está la del capítulo en Nicaragua de PEN Internacional, una organización que congrega periodistas y escritores de todo el mundo. La entidad catalogó la normatividad como “una aberración jurídica” y aduce que la propuesta vulnera varios artículos de la Constitución Política de Nicaragua, a la par que afecta otras legislaciones como la Ley de Participación Ciudadana y los tratados internacionales de derechos humanos que ratificó el país centroamericano.

La razón de las críticas es que la ley actuará en contra quienes reciben financiamiento de cooperación internacional, que en Nicaragua son mayoritariamente grupos opositores, defensores de derechos humanos, iglesias, empresas privadas y medios de comunicación. “Pretenden sepultar la libertad de expresión, que es la piedra fundamental de la construcción democrática, la participación ciudadana, el derecho a la organización, a la libertad de información, la libertad de prensa”, alertó la Fundación Violeta B de Chamorro por medio de un comunicado.

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG pidió archivar el proyecto legislativo. “Ya no solo estamos en un estado de total indefensión, sino bajo la constante posibilidad de ser acusados sin fundamento, exigiendo mediante esta iniciativa de ley, que la sociedad civil se autoincrimine como activistas sociales y defensores/as de derechos humanos”, arguyó la organización.

Martha Jackson Eade, en representación de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), denunció el 18 de septiembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), que la ley es una amenaza para defensores en Nicaragua y “es una propuesta que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas”.

Un total de 21 parlamentarios europeos enviaron una misiva a presidente Daniel Ortega Saavedra en la que expresan su preocupación por la iniciativa de ley y le piden que analice la normatividad. “Los instamos a que recapaciten y le exhortamos a usted, señor presidente de la República, a que no aprueben la ley propuesta”, se lee.

Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno Estados Unidos, aseguró en su cuenta de Twitter que esta iniciativa no protege la soberanía sino que “busca criminalizar a los medios independientes y a los grupos prodemocracia”.

Ortega responde con otra ley

Pese a los llamados locales e internacionales, Ortega reaccionó a las críticas con otra controversial medida, aprobando un decreto denominado Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025 e introduciendo en el parlamento la Ley de Ciberdelitos con el objetivo de “garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio que permita el aprovechamiento de las TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramienta que contribuya a la paz, estabilidad, seguridad y desarrollo sostenible del país”. Este lunes, con la firma de la mayoría sandinista, los diputados introdujeron dicho proyecto de ley que en su artículo 30 considera como delito “la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de información y comunicación”.

“Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa”, dice el artículo propuesto.

En los últimos meses, organizaciones de periodistas han denunciado una nueva modalidad de asedio a su labor informativa. Al menos cuatro periodistas han sido acusados ante las autoridades por injurias y calumnias, en su mayoría las víctimas son trabajadores del estado o miembros del partido sandinista. El nuevo borrador de ley usa un lenguaje similar al que Rosario Murillo, primera dama y vicepresidente, ha usado para referirse a medios independientes que critican su gestión pública, a quienes acusa abiertamente de crear “noticias falsas”.

Así ocurrió, por ejemplo, en mayo pasado cuando Murillo señaló a opositores y periodistas de crear “noticias falsas” en torno a la pandemia del Covid-19 en Nicaragua. Según ella, sus críticos “pretenden crear, seguir creando, realidades falsas. Y usando videos de otros países, pretendiendo hacer creer que son videos de Nicaragua”.

El país centroamericano vive una crisis política y social desde 2018, cuando la represión oficial a las protestas antigubernamentales por reformas democráticas dejó más de 325 muertes, en su mayoría civiles, según organismos internacionales. Actualmente, varios líderes políticos retornaron de un exilio forzado y discuten la unidad de varios sectores para encontrar una salida a la crisis que ha dejado más de 100.000 nicaragüenses en exilio, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

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