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EE. UU. impone nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua

Archivo-El presidente nicaragüense Daniel Ortega escucha a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, durante el 41º aniversario del Ejército de Nicaragua, en la Plaza de la Revolución, en Managua, el 2 de septiembre de 2020
Archivo-El presidente nicaragüense Daniel Ortega escucha a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, durante el 41º aniversario del Ejército de Nicaragua, en la Plaza de la Revolución, en Managua, el 2 de septiembre de 2020 Cesar PEREZ Presidencia de Nicaragua/AFP

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes nuevas sanciones contra dos altos funcionarios nicaragüenses: la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido De Romero y Paul Oquist, el secretario privado para políticas nacionales del presidente Daniel Ortega. La medida, que bloquea los activos en EE. UU. de los sancionados y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses tratar con ellos, fue emitida por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos en el país centroamericano.

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Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicaragua apuntan a “operaciones financieras corruptas y partidarios del régimen de Ortega”, aseguró el Departamento del Tesoro este viernes 9 de octubre.

Washington sancionó a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido De Romero, tras acusarla de formar un grupo de fiscales que trabajó con la Policía "para fabricar casos contra presos políticos y sus familias". Según la entidad del Gobierno federal, la fiscal creó una unidad especializada "que ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra manifestantes pacíficos".

También es blanco de las retaliaciones el secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist Kelley, nacido en Estados Unidos. La Administración Trump afirmó que Oquist "juega un papel principal en el encubrimiento y justificación de los delitos del régimen y abusos de derechos humanos (…) Ha defendido el caso de Ortega internacionalmente con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen".

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos apuntó contra la Caja Rural Nacional (Caruna), una especie de asociación de ahorro y crédito, por usar “los ahorros y préstamos para desviar fondos del Gobierno, y señaló que "el régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como un recurso financiero para permanecer en el poder y pagar una red de patrocinio".

La oposición nicaragüense aplaudió la medida. Félix Maradiaga, líder de la Coalición Nacional dijo que “esta es una victoria más para el pueblo de Nicaragua en su búsqueda de Justicia y el aislamiento de la dictadura”.

De esta manera, ya son al menos 24 las personas sancionadas por Estados Unidos en Nicaragua, incluidos Rosario Murillo, vicepresidenta del país y esposa del mandatario, y tres de sus hijos. También están en la lista el general Julio Avilés, jefe del Ejército nicaragüense, el ministro del Tesoro, Iván Acosta, y la Policía Nacional. Washington ha señalado que busca presionar a Ortega para que celebre elecciones libres y justas y respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La Eurocámara pide sanciones contra el Gobierno de Ortega

Las medidas contra el Gobierno de Ortega por sus presuntos abusos no solo provienen de Estados Unidos. Con 609 votos a favor, 21 en contra y 64 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó este viernes una resolución con la que pide a la Unión Europea nuevas sanciones contra Managua.

Archivo-El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 41 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, el 9 de septiembre de 2020.
Archivo-El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 41 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, el 9 de septiembre de 2020. © César Pérez Presidencia de Nicaragua vía Reuters

Entre las razones, la Eurocámara señala los intentos de Nicaragua por aprobar la llamada Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y una propuesta de implementar cadena perpetua para lo que califica como “crímenes de odio”, que Bruselas considera “anticonstitucionales” y “represivos”. En la sesión hubo 12 intervenciones contra Ortega y ninguna para defender sus acciones.

Los dirigentes nicaragüenses respondieron al bloque europeo que exigen no intervenir en su soberanía: "Respeto es lo que demandamos y proclamamos en estas tierras benditas de 'nuestramérica', y respeto a nuestra dignidad, a nuestra soberanía", dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

Archivo-Un grupo de manifestantes sostiene una gran bandera nacional durante una protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 18 de junio de 2019.
Archivo-Un grupo de manifestantes sostiene una gran bandera nacional durante una protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 18 de junio de 2019. Oswaldo Rivas / Reuters

Para la oposición nicaragüense, este tipo de presiones internacionales "demuestra que el régimen Ortega-Murillo está completamente aislado y se ha quedado solo".

Ortega, en el poder desde 2007, es acusado por sus adversarios políticos y miles de manifestantes como un dictador que atenta contra su pueblo, mientras se rehúsa a abandonar el cargo.

Desde la ola de protestas antigubernamentales que comenzó en abril de 2018, el país está sumido en una profunda crisis social que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero organismos nacionales elevan la cifra a 684. El Gobierno reconoce 200 y afirma que fue víctima de un intento de golpe de Estado.

Con AP y EFE

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