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Oposición nicaragüense rechaza controversial Ley de Agentes Extranjeros

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 41 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, el 9 de septiembre de 2020.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 41 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, el 9 de septiembre de 2020. © César Pérez Presidencia de Nicaragua vía Reuters
5 min

Con 70 votos a favor de la mayoría sandinista, 17 en contra y cuatro abstenciones, la polémica ley de regulación, que obligará a todas las personas jurídicas o naturales a declarar ante el Gobierno de Daniel Ortega los fondos financieros que perciban del exterior, fue aprobada por la Asamblea Nacional este 15 de octubre. La decisión fue repudiada por los líderes opositores, que la consideran como un ataque directo contra su ejercicio político.

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A pesar de la controversia que había desatado su promoción por parte de los líderes sandinistas, este jueves 15 de octubre fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. 

De acuerdo con lo señalado por el citado órgano, que equivale al Parlamento de esta nación centroamericana, la nueva ley contribuirá a la "defensa de la soberanía" y a la independencia del país ante la "injerencia extranjera".

Aunque lo previsto era que lo concerniente al entonces proyecto de ley fuera discutido en la jornada de este viernes, finalmente su revisión y votación terminó por llevarse a cabo durante el debate de este 15 de octubre. 

Los datos confirmados por Gustavo Porras, el titular de la Asamblea Nacional, dan cuenta de que la aprobación se produjo con 70 votos a favor, todos de representantes sandinistas y aliados, ante 17 en contra y cuatro abstenciones. 

¿A quiénes afectará la implementación de la ley?

Técnicamente, con la aprobación de esta ley, todas las personas jurídicas o naturales tanto nicaragüenses como de otras nacionalidades que reciban financiamiento externo y que con el dinero percibido realicen actividades consideradas como muestras de injerencia política serán clasificadas como "agentes extranjeros". 

Entre las excepciones contempladas por la ley figuran los ciudadanos que reciben remesas de familiares en el exterior, así como residentes pensionados y compañías extranjeras que cuenten con sucursales en territorio nicaragüense, al igual que los comercios que funcionen con inversión externa. 

Solo los organismos humanitarios y las misiones internacionales o diplomáticas que hayan sido acreditadas por el Gobierno quedarán excluidas. 

En materia de periodismo y comunicaciones, solo quedarán excluidos los medios internacionales y sus debidos corresponsales. Entre tanto, en el campo religioso aplicará la excepción únicamente para las personas jurídicas eclesiásticas que estén inscritas en los listados del Ministerio de Gobernación. 

Pero la implementación de la ley no termina ahí, dado que gracias a estas medidas los "agentes extranjeros" tampoco podrán postularse a ningún cargo de elección popular, lo cual es visto por expertos como una clara limitación a la oposición. 

De no inscribirse ante el Ministerio de Gobernación, las personas naturales o jurídicas se enfrentarán a la imposición de sanciones que les impedirán continuar con sus actividades y sus activos y fondos podrán ser intervenidos. 

Las reacciones de la oposición 

Tras el anuncio de la aprobación de la ley, diversos sectores opositores reaccionaron repudiando la decisión y asegurando que el objetivo es "criminalizar" a las ONG, la prensa no oficialista y los partidos políticos que rechazan el mandato de Ortega. 

En redes sociales, Juan Sebastián Chamorro, el director ejecutivo de la Alianza Cívica, rechazó la aprobación de la ley e incluso afirmó que esta viola los derechos tanto humanos como constitucionales. 

"Como era de esperarse, la dictadura orteguista, a través de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como la "Ley Putin". Esta es una ley inconstitucional porque violenta las libertades públicas, tiene el objetivo de cercenar la capacidad operativa de organizaciones políticas que se oponen a la dictadura. Pero no se queda ahí porque también va a afectar la operación de fundaciones y organizaciones que trabajan con temas sociales o la defensa de los Derechos Humanos, incluso va a tener consecuencias sobre proyectos de índole privado", declaró Chamorro. 

Según la Alianza Cívica, con esta decisión la Administración de Ortega actuó, una vez más, en contra de los intereses de los nicaragüenses y volvió a ignorar las advertencias de la comunidad internacional sobre las consecuencias de la aprobación de esta ley. 

Y es que justamente hace una semana, el 8 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución con la que buscaba que la Unión Europea acordara la imposición de nuevas sanciones contra el Gobierno de Ortega en caso de que aprobara la polémica ley, mientras que Estados Unidos, a su vez, alertaba a la OEA sobre el aceleramiento del "totalitarismo" en el país mediante medidas como la confirmada este jueves. 

La aprobación del texto se da en el marco de la crisis social y política en la que permanece sumergida la nación gobernada por Ortega desde el año 2007 y que ha derivado en la muerte de decenas de manifestantes en las protestas registradas desde abril de 2018. 

Chamorro asegura que la próxima semana sería aprobada la llamada "Ley Mordaza" y que, con ello, serían restringidas más libertades en materia de información. 

Con EFE y medios locales 

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