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A un año de las protestas, Chile sigue pidiendo verdad y justicia por la actuación policial

Las protestas en Chile contra el Gobierno de Sebastián Piñera cumplen un año este 18 de octubre. En la imagen, manifestantes antigubernamentales queman muebles saqueados en Santiago, Chile, el lunes 28 de octubre de 2019.
Las protestas en Chile contra el Gobierno de Sebastián Piñera cumplen un año este 18 de octubre. En la imagen, manifestantes antigubernamentales queman muebles saqueados en Santiago, Chile, el lunes 28 de octubre de 2019. © Rodrigo Abd / AP
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Este 18 de octubre, se cumple un año desde el estallido social que sacudió Chile contra el Gobierno de Sebastián Piñera. Durante esos meses de manifestaciones, se produjeron graves violaciones de los derechos humanos por parte de los Carabineros chilenos, que no se veían desde el regreso de la democracia en 1990. Los chilenos todavía exigen que se esclarezca toda la verdad y se aplique la justicia sobre aquellos agentes que se excedieron en sus funciones.

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Chile hace balance a un año del estallido social que tambaleó los cimientos de una democracia joven, que sigue teniendo muy presente el fantasma de la dictadura de Augusto Pinochet, finalizada en 1990. A pesar de ser, sobre el papel, un ejemplo de estabilidad y de buenos índices macroeconómicos en la región, este país ocultaba profundas desigualdades que hicieron explotar a la población el pasado 18 de octubre de 2019.

Durante los meses de protesta que sacudieron al país, se observó una reacción por parte del Estado que muchos ya pensaban que formaba parte exclusivamente del pasado. Se presentaron querellas por violaciones a los derechos humanos, que incluyen torturas, abusos sexuales, vejaciones, uso indiscriminado de la fuerza y también, heridos por armas de fuego, muertos, y más de 460 personas con daño ocular y pérdida de visión de uno o dos ojos por parte de balines o botes lacrimógenos lanzados por la policía chilena.

Los ojos sangrantes se han convertido en el emblema de la represión en todas las manifestaciones del país y las víctimas oculares en el reflejo visible de la brutalidad policial.

Sin embargo, a un año del estallido y según un reciente balance de la Fiscalía Nacional chilena solo 75 personas han sido procesadas en las 4.681 causas que continúan vigentes por violencia institucional, de las 8.827 personas que denunciaron delitos. De esos 75 agentes del Estado, sólo un tercio se encuentran en la actualidad en prisión preventiva y una persona ha sido condenada. Entre los acusados figuran delitos como apremio ilegítimo, torturas, lesiones graves, homicidio y obstrucción a la investigación, entre otros. 

La policía chilena es atacada por un coctel molotov cuando un camión antidisturbios lanzaba agua. En Santiago, Chile.
La policía chilena es atacada por un coctel molotov cuando un camión antidisturbios lanzaba agua. En Santiago, Chile. © Esteban Félix / AP

Las mayores violaciones a los derechos humanos desde 1990

Lo vivido durante las protestas son “las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno de la democracia” en Chile. Así lo valoró Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que también hizo su propio balance, afirmando que de las más de 2.520 querellas judiciales que ellos han presentado, en solo 31 casos ha habido personas acusadas de cometer los delitos, con un total de 72 imputados.

“Cuando se lacera un rostro, se golpea brutalmente un cuerpo o se degrada moralmente a una persona, no solo se abre una herida en la víctima, sino en toda la sociedad. No solo el cuerpo, sino que también el alma de Chile está herida”, por eso la sociedad chilena requiere reparación señaló Micco. El director del INDH asegura que no se trata de abusos esporádicos o incidentes aislados, sino de actos que se han repetido “en el espacio y el tiempo”. Micco también dio a conocer un mapa de violencia y violaciones de derechos humanos durante el estallido creado por el organismo.

Las 2.520 querellas implican a 3.202 víctimas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, fecha en que se inician las medidas por la pandemia en Chile. El 95% de las querellas del INDH son contra la policía chilena, Carabineros de Chile, la institución más cuestionada en todo este tiempo.

Esta misma semana, otro informe lanzado por Amnistía Internacional (AI), “Ojos sobre Chile”, que estudió los ataques cometidos contra los derechos humanos entre el 18 de octubre y noviembre del 2019, concluía que al menos tres mandos de carabineros, entre ellos el general director, Mario Rozas, el general subdirector y el director de orden y seguridad debían de ser perseguidos penalmente por la Fiscalía Nacional chilena. 

“A pesar de tener conocimiento de que las personas estaban siendo gravemente lesionadas a diario, no se tomaron todas las medidas adecuadas para prevenir que esas violaciones sucedieran y como resultado se dio la violación generalizada del derecho de las personas a la integridad personal” declaró a France 24 Pilar San Martín, investigadora de AI y una de las personas que presentó el estudio.

Policías chilenos detienen a un hombre durante una protesta contra el aumento del costo del metro y el autobús, cerca de la estación de metro Santa Lucía en Santiago, el viernes 18 de octubre de 2019.
Policías chilenos detienen a un hombre durante una protesta contra el aumento del costo del metro y el autobús, cerca de la estación de metro Santa Lucía en Santiago, el viernes 18 de octubre de 2019. © Esteban Félix / AP

“También creemos que, si el Ejecutivo del presidente Sebastián Piñera hubiera ejercido un adecuado control sobre esta institución, estas violaciones no se hubieran dado de una forma tan masiva”, señala la investigadora.

El Gobierno de Chile señaló el viernes su respeto irrestricto a los derechos humanos y afirmó que aguardará a los resultados de la justicia. Pero como en otras ocasiones, no acompañó sus palabras con acciones concretas.

Las víctimas piden justicia

Mery Cortez viajó más de 500 kilómetros desde La Serena, en el norte de Chile, hasta Santiago para realizar una protesta, frente al palacio presidencial de La Moneda, en la que solicitó justicia para su hijo, Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que llevaba 16 de ellos viviendo en Chile y que perdió la vida a manos del Ejército el tercer día del estallido.

Para ella mataron a su hijo “porque era negro, porque era extranjero. Como era el único negro y extranjero que estaba en la marcha para quién disparó fue su blanco fácil”.

Hasta el 14 de octubre del 2020, no había ninguna persona procesada por este caso, pero un día después de que Cortez y la madre de la hija de 6 años de Romario, Francisca, gritaran frente a La Moneda e hicieran ruido en los medios nacionales fue acusado el capitán del ejército José Santiago Faúndez.

Cortez se siente aliviada al fin. “No tiene idea, no podía más con mi corazón de tanta felicidad, si bien yo tengo claro que esto es el principio de una nueva batalla”, declaró a France 24. 

“Sí, fueron meses duros como familia, esperando a que se haga justicia, igual justo llegó la pandemia y uno va en las calles y no sabe cuál de todos los militares es el que mató a nuestro ser querido. Es difícil estar en esa posición”, relata Francesca Escudero, la madre de la hija de Romario, Maite de 6 años, que está deprimida tras entender que su padre no volverá.

“Me da pena que haya tenido que pasar todo esto después de que él fuese a luchar por el futuro de nuestra hija”, señala la joven de 28 años a France 24, afirmando que este avance en su caso le abre una pequeña esperanza a que se pueda hacer justicia frente a todos los demás delitos vividos durante el estallido.

Manifestantes antigubernamentales queman muebles saqueados en Santiago, Chile, el lunes 28 de octubre de 2019.
Manifestantes antigubernamentales queman muebles saqueados en Santiago, Chile, el lunes 28 de octubre de 2019. © Rodrigo Abd / AP

Lentitud judicial

La abogada del caso de Romario, Adriana Rojas, que lleva más de 10 causas de derechos humanos en la región norteña de Coquimbo, denuncia excesiva lentitud en las investigaciones y falta de colaboración de las instituciones. La causa de Romario, en la que dos jóvenes más quedaron heridos de bala con graves secuelas, es la única de las que lleva donde se ha identificado a posibles acusados de los hechos.

“Desde hace mucho tiempo estamos denunciando la lentitud en el proceso investigativo, no sólo de parte del Ministerio Público, sino que también a propósito de las dificultades que ha interpuesto el mismo ejército”, afirma Rojas a France 24.

“No se ha hecho y no sabemos por qué. Y esto preocupa porque el pasar del tiempo también da un temor a las víctimas de la impunidad que ya ha vivido nuestro país. Se vuelve a repetir una historia que queremos persistentemente impedir” expresando su deseo de terminar definitivamente con la “historia de impunidad en nuestro país”.

Las violaciones a los derechos humanos del estallido vuelven a abrir las viejas heridas que nunca cicatrizaron en Chile: las de las graves y sistemáticas violaciones de derechos durante la cruel dictadura de Augusto Pinochet que, en muchos casos, aún no encuentran reparación ni justicia y que terminaron con la vida de miles de personas.

 

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