Análisis

¿Por qué es tan cuestionada la destitución de Martín Vizcarra y qué sigue para Perú?

“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, dijo ante la Nación el ahora exmandatario Martín Vizcarra, luego de que el Parlamento aprobara su vacancia el 9 de noviembre de 2020.
“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, dijo ante la Nación el ahora exmandatario Martín Vizcarra, luego de que el Parlamento aprobara su vacancia el 9 de noviembre de 2020. © Cortesía: Presidencia de Perú

El Congreso peruano aplicó un mecanismo de la Constitución que permite remover al jefe del Estado por “incapacidad moral permanente”. Así, el país sudamericano cambia por tercera vez de presidente en menos de cinco años. Sobre este escenario, recogemos las impresiones de expertos en derecho y política.

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La profunda crisis política en Perú alcanzó su máximo tope el lunes 9 de noviembre, cuando el Congreso decidió, por mayoría, destituir a Martín Vizcarra como presidente de la República. Lo hizo bajo el argumento de que el ahora exmandatario califica como 'incapaz moral' por las investigaciones que la Fiscalía le ha abierto en torno a indicios de presunta corrupción. Las indagaciones, en etapa preliminar, se desprenden de relatos todavía no corroborados.

Para aprobar la vacancia presidencial, el Pleno del Parlamento llegó a reunir 105 votos, superando largamente el mínimo reglamentario de 87. Como se conoce, Vizcarra gobernaba sin reemplazantes porque su vicepresidenta Mercedes Aráoz había renunciado el año pasado. Al no existir vicepresidentes, quien toma el cargo interinamente es el presidente del Congreso. Por ello, Manuel Merino de Lama deberá conducir el Gobierno nacional hasta el 28 de julio de 2021, fecha en la que Vizcarra habría terminado su mandato.

Horas después de declararse la destitución, el Congreso de la República difundió un comunicado por sus redes sociales. En este, garantiza “la impostergable conducción de las elecciones del 11 de abril de 2021”, que Vizcarra había convocado unos meses atrás.

La carta es congruente con la Constitución peruana, pues esta prohíbe que los presidentes en funciones bloqueen el normal desarrollo de los procesos electorales. Además, transgredir esta disposición configura otro supuesto de vacancia presidencial e, incluso, el procesamiento judicial del infractor.

Una destitución cuestionable pero irreversible

El pedido de vacancia presidencial fue inicialmente formulado en octubre por 27 congresistas de diferentes bancadas. Ese mes, el diario local 'El Comercio' reveló que varios aspirantes a colaboradores eficaces del Ministerio Público habían señalado a Vizcarra como beneficiario de dos sobornos a cambio de obras en la región Moquegua, donde este último fue gobernador entre 2011 y 2014.

El monto total ascendería a 2.300.000 soles (unos 650.000 dólares), y provendría de ICCGSA-Incot y Obrainsa-Astaldi. Dichos consorcios empresariales son investigados por integrar una aparente red de concertaciones y pagos ilícitos, en un caso de gran envergadura, conocido como ‘Club de la Construcción’, donde también están incluidas algunas empresas brasileñas del mega caso regional Lava Jato.

La “incapacidad moral permanente” que se le atribuyó a Vizcarra es una causal prevista por la Constitución Política de Perú. Sin embargo, a diferencia del resto de supuestos que validan una vacancia presidencial, este es particularmente debatible porque su interpretación no está delimitada.

No se exige ni se descarta, por ejemplo, para casos de sospecha sobre supuestos delitos. De hecho, en septiembre pasado, cuando el Congreso emprendió un primer pedido de destitución contra Vizcarra, el Ejecutivo respondió con una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que este determine en qué márgenes se puede alegar la permanente incapacidad moral de un mandatario. Este proceso sigue en curso, pero lo que se resuelva quedará para la posteridad porque no tiene efecto retroactivo. 

En entrevista con France 24, el expresidente del Tribunal Constitucional peruano, Óscar Urviola Hani, señaló que, para la destitución de Vizcarra, el Parlamento aprovechó la ambigüedad de esta causal. “Lamentablemente, la interpretación (de la incapacidad moral permanente como supuesto para la vacancia presidencial) aún no tiene límites claros y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado al respecto. Esto, de alguna manera, ha sido aprovechado políticamente por el Congreso. Sin embargo, aun con los defectos de regulación de esta causal y la calificación política que se le pueda hacer al Congreso, este ha actuado dentro del ejercicio de sus facultades. No hay recurso que revierta lo decidido”, confirmó el exmagistrado.

Manuel Merino de Lama (en el centro de la imagen) es un parlamentario del partido Acción Popular. Conducía la Mesa Directiva del Legislativo desde que este se instaló, en marzo de 2020. La mayoría de miembros de su bancada votaron a favor de la vacancia contra Vizcarra.
Manuel Merino de Lama (en el centro de la imagen) es un parlamentario del partido Acción Popular. Conducía la Mesa Directiva del Legislativo desde que este se instaló, en marzo de 2020. La mayoría de miembros de su bancada votaron a favor de la vacancia contra Vizcarra. © Cortesía: Agencia Andina

Como lo explicamos en un anterior artículo, la destitución por “incapacidad moral permanente” es calificada por los expertos en derecho como una herramienta de última ratio o de uso residual, cuando no se identifican otros mecanismos de sanción para un caso específico. Pero ese no es el razonamiento que aplicó el Parlamento esta semana. 

Para el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. “Es cierto que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y, así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario, que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú”, indicó Abad para este artículo.

No obstante, el especialista coincidió en que no habría mecanismos legales -ni rápidos ni efectivos- para revertir la decisión actual. Y vale precisar que Martín Vizcarra tampoco ha pretendido impugnar el resultado.

La abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni sostuvo para este medio que no se logran identificar los “beneficios” políticos ni legales de esta vacancia contra Vizcarra. Esto, porque la Fiscalía no estaba impedida de investigar a Vizcarra y porque las elecciones de 2021 no pueden aplazarse.

“Las investigaciones han podido seguir avanzando tal y como avanzan ahora y las elecciones son impostergables por mandato constitucional. Como presidente, además, Vizcarra no podía salir del país sin el permiso del Congreso; con lo cual, se tenía en buena parte controlada la posibilidad de que escape de la Justicia. Claramente había otros mecanismos para asegurar la continuidad de esas investigaciones preliminares sin tener que recurrir a la vacancia. Entonces, el haberla aplicado así, con estos escenarios, me parece un ejercicio un poco hueco”, explicó Oporto.

¿Está garantizada la separación de poderes?

Con el traspaso de Manuel Merino a la presidencia de la República, cabe preguntarse ahora si el expresidente del Congreso garantizará el equilibrio y la independencia entre los poderes. La noche de la destitución de Vizcarra, cientos de ciudadanos salieron a las calles para manifestarse sobre la decisión tomada por el Parlamento. Las protestas fueron más intensas en el centro de Lima, zona donde se ubica el Palacio de Gobierno y la sede del Legislativo. 

La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia Pozzi-Escot, indicó a France 24 que la ciudadanía toma un protagonismo especial frente a este nuevo escenario político. “Creo que hay un factor importante y es el rol de la ciudadanía. El país está observando todo lo que está ocurriendo y sigue evaluando la conducta de sus autoridades; sobre todo, frente a las próximas elecciones. Entonces, los actores políticos -Congreso y Gobierno- deberán tomar en cuenta que su accionar va a tener una respuesta”, expresó la politóloga. 

Urrutia también destacó el proceso pendiente en el Tribunal Constitucional para definir y asegurar una interpretación responsable de la causal de incapacidad moral permanente.

“Considero que queda muy clara la urgencia de que el TC emita lineamientos al respecto en el mediano plazo para, así, impedir un uso arbitrario de la vacancia bajo ese supuesto. Lo que la reciente situación ha demostrado es que, con una simple suma de votos, el Congreso puede poner al país en vilo en cualquier momento. Se esperaría que, en los próximos días, ya exista una opinión técnica del Colegiado”.

El Tribunal Constitucional aún no resuelve la demanda competencial que presentó el Ejecutivo en septiembre, frente al riesgo de una primera vacancia. En esa oportunidad, el Colegiado rechazó una medida cautelar como protección para el Gobierno. De haberla acogido, el desenlace no sería el actual.
El Tribunal Constitucional aún no resuelve la demanda competencial que presentó el Ejecutivo en septiembre, frente al riesgo de una primera vacancia. En esa oportunidad, el Colegiado rechazó una medida cautelar como protección para el Gobierno. De haberla acogido, el desenlace no sería el actual. © Cortesía: Agencia Andina

France 24 consultó también al analista político José Tello Alfaro. Para el especialista, es legítima la duda respecto al balance de poderes en el Estado tras la sucesión de Merino. Afirma que una primera impresión de estos riesgos o garantías es la que dará su Gabinete Ministerial. “Tenemos una situación donde se puede complicar un poco la división de poderes porque el Ejecutivo emanaría, en este caso, del Legislativo. Existe ese riesgo de que el régimen se torne muy parlamentario; por ejemplo, con un Ejecutivo formado por un consenso de fuerzas políticas”, refirió.

Tello destaca, además, este contraste que habría entre un Gobierno saliente que nunca conectó con el Congreso y un Gobierno entrante que, precisamente, nace del Legislativo.

“Creo que hay que admitirlo fríamente: Vizcarra era un gobernante de sondeos de opinión y no de articulación política. No es que haya sido un dictador ni mucho menos, pero la verdad es que gobernaba solo frente al Perú; con sus ministros, pero desconectado de la representación nacional en el Legislativo. Yo sí considero que le pasó factura el no haberse interesado por tener una bancada oficialista”, explicó el analista.

Tanto Urrutia como Tello coinciden en que el mayor test de capacidad del Gobierno de transición será su respuesta frente a la pandemia Covid-19. La mañana del martes, en el diario oficial El Peruano -donde las resoluciones del Estado adquieren rango de ley- fueron publicadas, además de las disposiciones sobre la vacancia de Vizcarra, las renuncias de cada uno de sus ministros. Alrededor de las 10:40 a.m. (hora Perú), Manuel Merino juró como jefe del Estado en una protocolar sesión ante el Pleno del Congreso.

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