ANÁLISIS

¿Por qué la izquierda se opone al impuesto extraordinario a la riqueza en Argentina?

Un hombre cocina mientras una bandera argentina ondea en el viento sobre una carpa instalada en un terreno ocupado por personas sin hogar, en las afueras de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 28 de agosto de 2020.
Un hombre cocina mientras una bandera argentina ondea en el viento sobre una carpa instalada en un terreno ocupado por personas sin hogar, en las afueras de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 28 de agosto de 2020. © Ronaldo Schemidt / AFP

Este martes 17 de noviembre, la Cámara de Diputados argentina abordará un proyecto del oficialismo sobre un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país. Este ha sido criticado por sectores cercanos a quienes serían alcanzados por el tributo pero, de forma llamativa, también ha sido rechazado por la izquierda.

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Se podría esperar que un impuesto por única vez, que alcanzará a los más ricos entre los ricos en Argentina, sería motivo de festejo para los sectores de izquierda. Pero no. Para el pequeño bloque en la cámara baja del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que cuenta con dos bancas pero mucha capacidad de movilización callejera –lo demostraron el sábado pasado en una gran marcha cuestionando el proyecto en la Ciudad de Buenos Aires– está lejos de ser ideal. Y, por ello, dicen que no lo acompañarán.

"Se le está reclamando a la izquierda que aplauda esta maniobra y que seamos cómplices de ella y nosotros no vamos a caer en esa trampa, no vamos a caer, porque es justamente como el tero (un ave), que grita en un lugar cuando puso los huevos en el otro", le dijo a France 24 Romina Del Plá, diputada del Partido Obrero, que forma parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El Gobierno argentino, asegura, "intenta disimular los brutales ajustes que están llevando adelante con un proyecto que cuando viene la aplicación efectiva es la negación de lo que dicen". ¿A qué se refiere Del Plá?

Respecto de los ajustes, se refiere a varias cosas: al planteo del Gobierno de modificar la fórmula del cálculo del aumento que periódicamente se hace de las jubilaciones, que muchos consideran que llevará a una pérdida de su poder adquisitivo; al recorte en áreas sociales del presupuesto 2021; y a la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un pago extraordinario de 10.000 pesos (unos 125 dólares al cambio actual) que el Gobierno entregó en tres ocasiones a cerca de nueve millones de personas para ofrecer apoyo económico en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Y cuando Del Plá señala que se trata de una "negación de lo que dicen", llama la atención sobre el destino específico que el proyecto de ley del oficialismo le da a los algo más de 300.000 millones de pesos que prevé recaudar (unos 3.751 millones de dólares al cambio oficial) al tasar a unas 9.280 fortunas. Inicialmente, se suponía que estarían específicamente destinados a cubrir la emergencia sanitaria.

Del Plá hace hincapié en el hecho de que, aunque de acuerdo con el dictamen de la Comisión y Presupuesto de Hacienda de Diputados –emitido el 25 de septiembre– un 20% de lo recaudado se usará para comprar o fabricar equipamiento médico, de protección, vacunas y otros insumos sanitarios; otro 20% a subsidios a pequeñas y medianas empresas; otro 20% a un programa de becas para estudiantes; y un 15% para la mejora de condiciones de salud y condiciones habitacionales en barrios populares; la mayor parte, un 25%, será destinado a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural. "El tema del gas es verdaderamente ofensivo", dijo Del Plá.

Su bloque hubiera preferido que se avanzara con su propio proyecto de impuesto a la riqueza, que presentaron en abril pasado. Preveía gravar las rentas, además de los bienes, y tenía como destino específico reforzar el sistema de salud, un salario de emergencia de 30.000 pesos para personas sin ingresos y la construcción de 100.000 viviendas populares. Pero no fue tratado. Y sobre el proyecto del Gobierno aclaró: "Si acá este impuesto, aunque fuera limitado (cree que no recauda todo lo que podría) hubiera ido todo a la salud, educación y a obras, nosotros lo estaríamos votando con las dos manos".

La legisladora dijo que a pesar de estar en contra estarán presentes en el recinto, van a dar quórum, pero van a abstenerse a la hora de votar. Tal vez a lo largo del debate pueda haber cambios. El propio impulsor del proyecto, el diputado oficialista Carlos Heller, habló este lunes con la emisora local Radio Con Vos y dio a entender que podría haber espacio para revisar el uso que se le dará a lo recaudado: "A mí no me molestaría discutir esas prioridades".

El legislador nacional y presidente de la Cámara Baja Sergio Massa se ve en la pantalla, durante la primera sesión virtual en el Congreso dentro de una medida contra la propagación del nuevo coronavirus, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de mayo de 2020.
El legislador nacional y presidente de la Cámara Baja Sergio Massa se ve en la pantalla, durante la primera sesión virtual en el Congreso dentro de una medida contra la propagación del nuevo coronavirus, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de mayo de 2020. © Juan Mabromata / AFP

Además de las críticas de la izquierda, desde la vereda opuesta, desde los sectores que podrían verse afectados por el impuesto, los cuestionamientos tienen que ver con que el gravamen puede considerarse una doble imposición (porque se solapa con el impuesto a los Bienes Personales) o ser confiscatorio (que obliga a perder rentas o propiedades para poder pagarlo).

Otra crítica, que se apoya sobre estos últimos dos puntos, asegura que, de convertirse en ley, podría desatar una catarata de causas judiciales. En todo caso, todavía debe dejar de ser un proyecto y pasar a ser norma vigente. Para eso debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, donde necesita del voto favorable de al menos 129 legisladores. Y, si es así, luego pasar al Senado, donde tendría menos resistencia, ya que el oficialismo tiene allí mayoría propia.

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