María Heredia, el nuevo caso de agresión política contra una alcaldesa en Bolivia

El municipio de Sipe Sipe está ubicado en el departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia.
El municipio de Sipe Sipe está ubicado en el departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia. © Cámara de Senadores de Bolivia

La violencia sufrida por la alcaldesa del pueblo boliviano de Sipe Sipe, María Heredia, una mujer quechua de 53 años, ha conmovido al país. Ella fue retenida durante dos días por sus propios vecinos y, bajo amenazas, la forzaron a firmar un contrato ilegal para el reparto de alimentos a las familias.

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Las agresiones contra las mujeres que ejercen cargos políticos en Bolivia es frecuente. Hace un año, en el pueblo vecino de Vinto, la alcaldesa Patricia Arce fue vejada en las calles en medio del conflicto político que estalló con una movilización que exigía la renuncia de Evo Morales. Arce es ahora senadora tras ganar un escaño con el Movimiento al Socialismo (MAS), que venció en las recientes elecciones nacionales.

Heredia, quien también es del MAS, llegó a la Alcaldía hace cinco años y su mandato va hasta marzo próximo. Sin embargo, dijo que casi durante toda su gestión afrontó el acoso político de sus propios correligionarios y fue discriminada por ser quechua y usar su vestimenta típica.

Ahora se encuentra en reposo en un hospital de la ciudad de Cochabamba, después de ser rescatada por la Policía de una vivienda en la que se escondía bajo una cama tras haber escapado con ayuda de su familia.

El martes y el miércoles fueron para ella un verdadero infierno, según contó a France 24 la hija de Heredia, Neyva Almanza. Ella está con su familia en el hospital acompañando a su madre porque temen que quienes la agredieron intenten matarla o quemen su casa en Sipe Sipe, Cochabamba, para forzar su renuncia al cargo.

“Quisiera que se pongan en mi lugar, he visto cómo han tratado a mi madre, peor que a un animal. Nadie merece ser tratado así en vía pública. No dejaban pasar ni el oxígeno. Parece que la gente ya no siente, algunos eran conocidos, eran vecinos. ¿Hasta qué extremo podemos llegar?”, lamentó, tras recordar esos momentos.

Quienes presuntamente la agredieron pertenecen a una asociación de padres de familia de Sipe Sipe que forzó a Heredia a firmar el contrato al margen de la ley para que se concrete la distribución alimentaria con los fondos que no fueron usados en el desayuno escolar debido a la pandemia y a la clausura anticipada del año educativo a fines de julio pasado.

La alcaldesa estuvo retenida a la intemperie el martes y el miércoles. Los miembros de una asociación de padres de familia la sacaron de una reunión y la condujeron hasta un punto de bloqueos de otros manifestantes que reclamaban la dotación de los alimentos.

Cuando la montaban en un burro, ella se desmayó y requirió ayuda médica y oxígeno, algo que los manifestantes rechazaron al punto de que apedrearon una ambulancia. La mujer usa marcapaso y también se está recuperando de Covid-19.

Los manifestantes la agredieron física y verbalmente, le tiraron orines, agua y cáscaras de plátano, según un reporte de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL).

Almanza dijo no entiende cómo padres de familia reaccionaron “de forma inhumana” y lo atribuyó al hecho de que su madre es la primera quechua que ocupa al cargo, algo que, según dijo, no se mira bien entre sus rivales políticos.

Los manifestantes la acusaban de supuestamente haber robado fondos destinados al desayuno escolar, pero Almanza dijo que la gente no entiende los procedimientos, plazos y la burocracia del municipio para hacer contratos.

Denuncian que la violencia “se está naturalizando”

La activista de la organización Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, ayudó a Heredia a buscar un refugio cuando huyó de la turba agresora corriendo por ocho cuadras en medio de los golpes de los manifestantes.

Nogales dijo a France 24 que esa institución generalmente apoya a las familias donde se ha producido pérdidas de vidas por feminicidios, pero en el último tiempo trabaja para respaldar las víctimas de violencia política.

“La violencia que ejercen las turbas se está naturalizando”, lamentó Nogales al recordar que se están produciendo una seguidilla de protestas contra autoridades municipales que incluyen agresiones, bloqueos y enfrentamientos entre sectores que buscan beneficios.

El comandante nacional de la Policía, coronel Johnny Aguilera, se reunió este viernes con los dirigentes vecinales de Sipe Sipe para que se suspenda el bloqueo de las carreteras en la zona tras una semana de conflicto, al tiempo que el Gobierno anunciaban sanciones a los agresores.

La directora ejecutiva de la ACOBOL, Bernarda Sarue, confirmó a este medio que en el último tiempo “se han incrementado las agresiones a mujeres autoridades”, lo cual explicó por la persistencia de las estructuras sociales patriarcales que rechazan el protagonismo femenino.

“Parece que en el país hemos retrocedido un montón en todos los logros que hemos hecho desde el Estado hacia las mujeres. Hay una reproducción de una actitud colonial y del patriarcado, lo que implicaría la sumisión de las mujeres”, agregó.

Lamentó que ninguna denuncia penal contra el acoso haya dado como fruto una sentencia, ni siquiera en el caso de la concejal Juana Quispe, quien fue asesinada en 2010 y con cuyo nombre se bautizó dos años después la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres.

Bolivia tiene 339 municipios, más de mil concejalas y 34 alcaldesas. En este momento están vigentes 156 casos denuncias de vulneraciones a los derechos políticos de las mujeres en diferentes tribunales e instancias.

Según Sarue, “las historias son terribles” como el caso de una concejal que fue golpeada por traficantes de tierras hasta perder un embarazo y a otra sus colegas la obligaron a donar parte de su sueldo mensualmente.

También hay muchos casos en que las autoridades mujeres fueron destituidas de sus cargos por sus otros colegas e hicieron juicios para lograr la restitución, pero los funcionarios municipales desoyen a la Justicia.

“Parece que no hay una voluntad real para solucionar estos casos y eso facilita la impunidad de los agresores”, concluyó la dirigente de las concejalas.

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