Análisis

Tres crisis enmarcan el segundo aniversario de López Obrador al frente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mira hacia arriba mientras la bandera mexicana se iza a media asta en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017, durante una ceremonia para conmemorar un nuevo aniversario de ambos hechos, en el Zócalo de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2020.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mira hacia arriba mientras la bandera mexicana se iza a media asta en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017, durante una ceremonia para conmemorar un nuevo aniversario de ambos hechos, en el Zócalo de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2020. © AFP

Las crisis en materia de salud, por los 105.000 muertos a causa del Covid-19; de seguridad, por ser 2020 el año más violento de la historia reciente, y la económica, derivada de la pandemia, son el escenario de los dos primeros años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que llega a la fecha con altos índices de popularidad en las encuestas y diversos desafíos. 

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Una crisis sanitaria que rebasó por mucho las estimaciones del propio Gobierno, con más de 105.000 muertos por Covid-19; una persistencia de los índices de criminalidad, con más de 29.000 homicidios dolosos de enero a octubre, y las alarmas encendidas por una profunda crisis económica marcan el segundo aniversario de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Presidencia de México. Un panorama sombrío que arriba cuando el mandatario goza de niveles altos de popularidad en las encuestas, de entre el 58 % y 64%. 

El propio mandatario reconoció que no ha sido fácil este primer tercio de su gobierno y destacó los ingredientes que a su parecer han representado obstáculos: la crisis económica y el actuar de “los conservadores”, es decir, sus críticos en la oposición.

“En estos dos años he contado con el apoyo de ustedes, de la mayoría de los mexicanos. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y privilegio", aseguró en la ciudad fronteriza de Tijuana, el 29 de noviembre.

La pandemia que se creyó domada

El manejo de la pandemia ha sido el tema más criticado por los opositores al Gobierno. México alcanza, el día en que López Obrador termina su segundo año del sexenio, 105.940 defunciones confirmadas y 1.113.543 contagios, según las cifras oficiales que noche a noche presenta la Secretaría de Salud.

Unos números que superaron los pronósticos del Gobierno. Lejos quedó la estimación del subsecretario de Salud y responsable de la estrategia ante el SARS-CoV-2, Hugo López-Gatell, que dibujó un escenario catastrófico de máximo 60.000 muertos. También quedó atrás la aseveración del presidente en abril y mayo de que se había “domado” la pandemia.  

Para el registro quedaron también las frases de AMLO aquel 22 de marzo cuando, ya en plena irrupción del coronavirus, cuando llamó a la población a que “no dejen de salir” y que, “si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular”. Un mensaje ampliamente cuestionado. 

 

 

Asimismo, su reticencia a usar el cubrebocas y su negativa a exhortar a la ciudadanía a que lo utilice. Una de esas ocasiones en las que claramente desestimó la mascarilla fue el 24 de julio. “No quiero yo entrar en polémica sobre este tema, si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”, aseguró.

Dura ha sido su crítica a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, que han destacado la cifra de muertos por Covid-19. "Prensa amarillista y conservadora", han sido sus calificativos. 

En contraste, los aspectos que la Administración señala como aciertos en el manejo de la emergencia sanitaria son, por una parte, evitar la saturación hospitalaria. Una y otra vez ha insistido el presidente en que le dejaron un sistema de salud en ruinas, una red hospitalaria en el abandono, y que su Gobierno se ha dedicado a recuperar la disponibilidad de las unidades de atención médica, ya sea terminando las obras inacabadas o recurriendo a convenios con los hospitales privados para la atención de pacientes con Covid-19.

Por otra parte, destaca las gestiones que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard para garantizar el acceso de la población mexicana a una vacuna, cuando esta finalmente se encuentre aprobada y disponible. México integra el mecanismo de Covax, que es multilateral. Y además, tiene tres convenios de precompra con CanSino, Pfizer y AstraZeneca, esta última en el marco de una alianza con Argentina, gracias a la Fundación Slim.

Claroscuros en el combate contra el nuevo coronavirus

Para el infectólogo Alejandro Macías, quien fuera el zar contra la pandemia de influenza AH1N1 en 2009, “el manejo que ha hecho México tiene aspectos criticables, pero también aspectos que pueden considerarse positivos. Por ejemplo, podemos decir que en México no se afectó la gobernanza porque hubieran colapsado las instituciones públicas, como sí se vio en algunos países”. 

El experto acota, sin embargo, que lo anterior no quiere decir necesariamente que se haya dado una buena atención a los pacientes y que sin duda hay aspectos por mejorar para darles un mejor pronóstico. 

Macías considera también que “la comunicación de riesgos ha sido buena. El gobierno ha sido abierto, ha sido transparente. Las cifras están ubicables, las puedes encontrar en Internet. Probablemente no nos gusta cómo se están tomando los datos; probablemente no estemos de acuerdo con los números que están ahí, pero son transparentes”.

Este trabajador de la salud toma una muestra por Covid-19 en el Parque Lázaro Cárdenas en Ciudad de México el 1 de septiembre de 2020.
Este trabajador de la salud toma una muestra por Covid-19 en el Parque Lázaro Cárdenas en Ciudad de México el 1 de septiembre de 2020. © Henry Romero / Reuters

El especialista retoma la constante crítica sobre el bajo número de pruebas y apunta –desde una perspectiva constructiva– que, a estas alturas, todavía podemos mejorar la detección temprana.

Sobre el tema del cubrebocas, Macías reconoce que “todos, y me incluyo, hasta antes de marzo, opinábamos que la utilidad de la mascarilla era muy limitada”. El problema –dice– está en que el Gobierno ha sido poco receptivo a las nuevas evidencias.

“Poco a poco llegamos a tener información de diversos tipos de estudios, de dinámica de partículas, estudio de brotes, análisis epidemiológicos, modelos matemáticos, casos específicos de cómo se evitó la transmisión gracias al uso del cubrebocas”, por lo que sumaría que el Gobierno de AMLO reconociera estas nuevas evidencias y recomendara el uso del aditamento. 

Criminalidad y feminicidios, heridas abiertas 

En su informe de septiembre pasado, el presidente López Obrador aseguró que “en México ya no hay masacres”, pero los hechos muestran otra realidad. Guanajuato, entidad azotada por la disputa de grupos criminales, es uno de los estados con más matanzas este 2020. 

El 27 de septiembre un ataque armado a un centro nocturno en el municipio de Jaral del Progreso dejó un saldo de 11 asesinados.

Tres meses antes, el 1 de julio, en Irapuato, otro municipio de Guanajuato, 26 personas fueron asesinadas en un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Otro ejemplo es Michoacán. En febrero pasado, nueve personas, entre ellas varios menores de edad, fueron ejecutadas en un negocio de videojuegos en el municipio de Uruapan. Y en mayo, en el municipio de Huetamo, aparecieron 12 cuerpos en la batea de una camioneta en un tramo carretero. 

Estas matanzas han sido los casos más sonados este año, en el que ni el coronavirus ha logrado disminuir los homicidios dolosos. Entre enero y octubre de 2020 (al último corte de información disponible), se registraron 29.182 de estos crímenes.

Archivo: Peritos forenses inhuman unos 157 cadáveres no identificados ni reclamados por sus familiares, en una fosa comun del Panteón Municipal San Rafael, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). Se trata de víctimas de la violencia o muertas en hospitales de la localidad, que permanecían resguardados en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde 2017, 2018 y 2019.
Archivo: Peritos forenses inhuman unos 157 cadáveres no identificados ni reclamados por sus familiares, en una fosa comun del Panteón Municipal San Rafael, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). Se trata de víctimas de la violencia o muertas en hospitales de la localidad, que permanecían resguardados en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde 2017, 2018 y 2019. Luis Torrez / EFE

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en octubre pasado se registraron 2.944 homicidios dolosos, 211 casos más que en septiembre pasado y 61 casos más que los registrados en octubre de 2019.

Al participar en la conferencia matutina en Palacio Nacional el 19 de noviembre pasado, el titular del secretariado de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que seis entidades del país concentran el 52 por ciento de la incidencia de homicidios dolosos en el país: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

En este contexto la Secretaría de Seguridad ha cambiado de titular, pues el que estaba al frente, Alfonso Durazo, renunció para ir en busca de la gubernatura de Sonora. Rosa Icela Rodríguez, la nueva responsable, heredó el gran pendiente de reducir la violencia.

Sin embargo, para Lilian Chapa Kolofón, investigadora senior del World Justice Project, hay que tener en cuenta, cuando se habla de seguridad pública en todo el país, cuál es el ámbito de responsabilidad que realmente le corresponde al gobierno federal, pues siempre se cree que la federación es la responsable de delitos como los homicidios. 

 No queda claro qué es lo que tiene que hacer la Guardia Nacional para contribuir a reducir la violencia

Ante ello, la especialista en políticas de seguridad indica que el gobierno federal tiene un margen de maniobra limitado y apunta: “Sí creo que la mayoría de las dinámicas delictivas, incluyendo el homicidio, son más resultado de omisiones y decisiones que se toman en el ámbito local, en los estados y municipios, y de eso se habla mucho menos. Deberíamos estar hablando de la falta de estrategias locales para la reducción del homicidio”.

Chapa Kolofón señala que, ya en cuanto a las responsabilidades a nivel federal, concretamente en la creación de la Guardia Nacional, se incurrió en la idea equivocada de que la conformación en sí de este nuevo cuerpo era una estrategia, cuando en realidad –explica– las instituciones se crean para, con ellas, aplicar una estrategia integral definida.

Además, la experta advierte que “hoy por hoy no queda claro qué es lo que tiene que hacer la Guardia Nacional para contribuir a reducir la violencia o a mejorar la seguridad pública, eso no lo hemos visto. Su despliegue en sí mismo no forma parte de una estrategia, falta el qué va a hacer y cómo y dónde, y con qué estrategia”.

Aunado a lo anterior, Chapa señala que la instancia de coordinación en la materia, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no está cumpliendo su papel de identificar los principales retos para traducirlos en políticas públicas, lo cual se explica también por el clima cada vez de mayor confrontación política entre el Gobierno federal y los estados gobernados por la oposición.

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, esa política pública que tiene como objetivo fortalecer a las policías estatales y municipales y definir sus ámbitos de actuación, es –indica la experta del WJP– el mayor acierto en materia de seguridad en la actual Administración, aunque aún falta aterrizarlo y evitar que se quede en el papel. 

Por otra parte, como nunca antes en el país, se ha hecho sentir el reclamo de las mujeres por la violencia de género y, sobre todo, los feminicidios. Numerosas han sido las marchas y manifestaciones para protestar por el asesinato de mujeres en razón de género y la crueldad con la que se cometen los crímenes.

Decenas de mujeres marchan para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Acapulco (México). Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el 66 % de las mujeres mexicanas han sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y el 44 % a manos de su pareja actual o en su última relación.
Decenas de mujeres marchan para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Acapulco (México). Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el 66 % de las mujeres mexicanas han sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y el 44 % a manos de su pareja actual o en su última relación. © Daviv Guzmán/EFE

Los grupos feministas han confrontado al titular del Ejecutivo –causando incluso destrozos y pintas e Palacio Nacional– por la falta de respuesta eficaz a esta problemática y la reticencia a crear una Fiscalía Especializada en materia de feminicidios, aunque en el marco del 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, López Obrador no descartó que se pudiera abrir esta instancia.

“El pueblo pone y el pueblo quita”

Una de las banderas de López Obrador, tanto en su campaña como ya en el ejercicio de gobierno, es la concepción de que 'el pueblo es el que manda'. En congruencia con ello, el mandatario ha impulsado modificaciones legales para acotar el poder del Ejecutivo.

La más reciente es la que promovió para suprimir el fuero presidencial. Aunque así lo “vendió”, lo cierto es que lo que aprobó el Congreso a finales de noviembre pasado fue la eliminación de la inmunidad procesal a través de la ampliación del catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente de la República.

Anteriormente, el presidente sólo podía ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del fuero común. Hoy, a iniciativa de López Obrador, el titular del Ejecutivo podrá ser juzgado por delitos como corrupción o fraude electoral, o prácticamente todos los delitos por los que se puede juzgar a cualquier ciudadano. No obstante, para el caso del presidente, la procedencia de un proceso legal tendrá que ser previamente autorizada por el Senado.

Archivo: el entonces candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Uruapan, estado de Michoacán, México, el 8 de junio de 2018.
Archivo: el entonces candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Uruapan, estado de Michoacán, México, el 8 de junio de 2018. © Enrique Castro / AFP

Otro claro ejemplo de lo que ha impulsado desde el inicio López Obrador para devolver poder al pueblo son las reformas constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta popular que fueron aprobadas en noviembre de 2019 por ambas Cámaras del Congreso. 

Así, ha insistido AMLO, la ciudadanía decidirá en las urnas, en la consulta de 2022, si se va de la silla presidencial o concluye su mandato, como está previsto, en septiembre de 2024, pues “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Asimismo, y aunque aseguró ser partidario del borrón y cuenta nueva y ver hacia adelante, López Obrador se convirtió finalmente en el principal impulsor de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México que hayan cometido delitos. 

El ejercicio quedó aprobado por la Suprema Corte, aunque “descafeinado”, pues la pregunta que se someterá a consideración de los ciudadanos ya no incluirá –como quería AMLO– los nombres de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, y dejará ambigua la interrogante sobre la decisión de juzgar a los “actores políticos” por las “decisiones tomadas en el pasado”.

Una popularidad sin pausa

A pesar de enfrentar la pandemia, la delincuencia organizada y “el embate de los conservadores que quisieran que continuaran los privilegios de unos cuantos”, como se ha quejado reiteradamente, Andrés Manuel López Obrador llega al arranque de su tercer año de gobierno con una popularidad y aprobación ciudadana en niveles altos.

La encuesta de 'El Financiero' y la de la casa encuestadora Buendía&Laredo coinciden en situar en 64% el nivel de aprobación. Demotecnia le da 63% y Mitofsky 58.4. De acuerdo con el estimado de encuestas de Oraculus, la aprobación promedio es del 60%.

Los altos niveles de popularidad le han servido a López Obrador para desestimar nacientes movimientos opositores como el ultraconservador Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), que fue blanco de burlas cuando sus integrantes “se instalaron” en tiendas de campaña en el Zócalo para exigir la renuncia del mandatario, pero al primer viento fuerte quedó en evidencia que las casas de campaña estaban vacías, pues volaron por los aires.

La férrea política de “austeridad republicana” y los recortes al presupuesto público fueron recientemente motivos de discordia, no sólo entre el presidente y los partidos de oposición, sino entre el mandatario y los representantes de distintos sectores como la comunidad científica, el gremio artístico o los deportistas de alto rendimiento, ello por la eliminación de las figuras de fideicomisos que concentraban fondos públicos de apoyo.

Distintas academias científicas se agruparon, así como los representantes de la industria del cine, para exigir que no desaparecieran los fideicomisos, pero el presidente y la mayoría parlamentaria de su partido en el Congreso desoyeron los reclamos y procedieron a eliminarlos todos de un solo golpe, con la promesa presidencial –eso sí– de que no desaparecerían las ayudas, sino que ahora se entregarían de manera directa y no a través de esas figuras que, sostiene López Obrador, estaban plagadas de corrupción.

Una visión poco ortodoxa de la economía 

Otra de las críticas que han hecho los opositores al Gobierno es que se ha negado, una y otra vez, a otorgar estímulos fiscales o condonación de impuestos para aliviar la golpeada situación económica por la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

La respuesta de López Obrador ha sido que su Gobierno acabó con el modelo neoliberal y sus recetas de que, en tiempos de crisis, al primero que rescataba era al rico, con la falsa premisa de que, si llovía fuerte arriba, salpicaba abajo. 

El mandatario sostiene que continuará con sus programas sociales de reparto de dinero a los pobres y su confianza en que la caída y recuperación económica del país será en forma de V.

Una de las cosas que ha defendido como un logro del manejo económico de su Administración es que el peso mexicano no se ha depreciado. Y en efecto, este 30 de noviembre el tipo de cambio finalizó en 20.15 pesos por dólar, de acuerdo con las cotizaciones al mayoreo publicadas por el Banco de México. 

Ello significa una ganancia de 30 centavos o 1,5% para la moneda mexicana, comparado con las 20,45 unidades que tenía el 30 de noviembre hace dos años, un día antes de que López Obrador asumiera el cargo.

Los desafíos que quedan: elecciones de medio término, relación con Biden y el caso Cienfuegos  

Además de la revocación de mandato que se autoimpuso en 2022, la gestión de López Obrador y su partido se verá sometida a una prueba de fuego: las elecciones de medio término de junio de 2021. En ese proceso electoral, que formalmente ya inició, se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados y estarán en juego 15 gobiernos estatales.

Otro reto mayúsculo será la relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre todo luego del trato tan deferente que AMLO tuvo hacia Donald Trump y la negativa a reconocer el triunfo del demócrata, argumentando que las directrices de política exterior establecen que debe esperar a que se resuelvan los litigios.

Asimismo, está por verse el efecto que tendrá el episodio del general Salvador Cienfuegos (secretario de la Defensa con Peña Nieto), preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico y luego devuelto a México libre de cargos, gracias a las gestiones que hizo el Gobierno de López Obrador, con el argumento de que, en su caso, deberá ser juzgado en su país por motivos de soberanía.

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