CorteIDH responsabiliza a Venezuela de violaciones a los derechos humanos

CARACAS (VENEZUELA), ARCHIVO.- Personas se manifiestan con carteles exigiendo el respeto de los derechos humanos en Caracas (Venezuela).
CARACAS (VENEZUELA), ARCHIVO.- Personas se manifiestan con carteles exigiendo el respeto de los derechos humanos en Caracas (Venezuela). © EFE/Rayner Pena R

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado venezolano por un operativo que la Guardia Nacional realizó en una cárcel en 2003 en el que fueron ejecutadas siete personas privadas de la libertad. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni se ha reparado a las víctimas.

Anuncios

La sentencia de la CorteIDH señala también al Estado venezolano por las lesiones de otras 27 personas durante el operativo en cuestión, que ocurrió el 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, ubicado en el estado Bolívar, sur del país, y conocido popularmente como la cárcel de Vista Hermosa.

La CorteIDH informó que el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, pero era necesaria la sentencia para profundizar e investigar lo ocurrido y ordenar medidas de reparación.

 "Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida", detalló la Corte.

CorteIDH condena Venezuela por violación de DD.HH.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, que permanecían presos en la cárcel de Vista Hermosa.

"El uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal", insistió en la sentencia la CorteIDH sobre las personas heridas en el hecho.

El Tribunal concluyó que el Estado faltó a la debida diligencia y que desde la fecha de lo ocurrido no se han esclarecido los hechos, no se ha identificado a los responsables ni se ha otorgado una reparación a las víctimas. Incluso señaló al Estado de omitir el inicio de una investigación ante la posible comisión de actos de tortura.

Por ello ordenó una indemnización por daño material de 50.000 dólares para la familia de cada fallecido y 25.000 dólares para cada una de las 27 personas que resultaron heridas en los hechos.

El Estado venezolano tendrá que reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos 

La Corte Interamericana señaló que, durante el proceso, el Estado de Venezuela aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso y reconoció que las muertes "encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.

La entidad de Justicia, con sede en Costa Rica, ordenó a Venezuela reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los responsables. Además, el Estado deberá hacer un acto público donde reconozca la responsabilidad en los hechos.

Con EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24