Exigen responsabilidades por abusos a menores en 14 albergues a cargo del Estado en Panamá

La diputada Zulay Rodríguez, residenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, es quien presentó el informe con las denuncias de abusos sexuales cometidos en albergues del país.
La diputada Zulay Rodríguez, residenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, es quien presentó el informe con las denuncias de abusos sexuales cometidos en albergues del país. © Asamblea Nacional de Panamá

La diputada panameña Zulay Rodríguez junto a ocho parlamentarias más presentaron un informe que revela las "condiciones infrahumanas" en las que vivían decenas de menores de edad, en por lo menos 14 albergues estatales manejados por oenegés. Aunque la denuncia es de hace más de una semana, por primera vez se señala vagamente a los presuntos responsables, en medio de un proceso en el que no se conocen públicamente los avances. 

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"Niñas denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y se cometían abortos". Esa es la denuncia que presenta la diputada panameña Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá.

La política del partido oficialista le explicó a la agencia de noticias EFE que los abusos sexuales ocurrieron por lo menos desde 2015 en 14 albergues de todo el país, establecimientos que estaban a cargo del Estado.

"Los abusos los cometían los mismos internos" que se suponía debían cuidar a los menores de edad. Incluso, existe un caso de un menor de edad que "fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los 10 a los 15", según la diputada.

Esta es la primera vez desde que se destapó el escándalo que una autoridad apunta, aunque sea vagamente, a alguien como responsable de los vejámenes a que los menores eran sometidos.

La tardía respuesta del presidente Cortizo sobre el escándalo de los albergues

Toda la polémica surgió la semana pasada cuando Rodríguez y otras diputadas le presentaron un informe de 400 páginas a la Fiscalía General. En él, la subcomisión parlamentaria reportó que, además de los abusos, decenas de menores de edad fueron maltratados física y psicológicamente en los albergues. Muchas de las instituciones no tenían el permiso de operación reglamentario, ni el personal cualificado y los menores de edad vivían en "condiciones infrahumanas" y algunos de ellos tenían ciertos grados de discapacidad.

Aunque los albergues son administrados por organismos privados como oenegés, la crítica arreció contra el Estado, por ser el encargado de supervisar estos lugares y de suministrarles fondos públicos. La entidad más criticada fue la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que tiene entre sus funciones vigilar las instituciones de protección de menores de edad.

A pesar de que las diputadas presentaron el informe ante la Asamblea el 9 de febrero, como lo muestra la página web de la institución, el presidente del país, Laurentino Cortizo, no se pronunció sino hasta el 17 de febrero y luego de la presión social por su silencio.

Cortizo se vio obligado a transmitir un mensaje a todo el país. A través de la televisión nacional, prometió que le daría la orden al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a presentar una querella en los casos "donde haya indicios de violación de derechos de una niña, un niño o un adolescente".

El mandatario también manifestó que su Gobierno presentaría un proyecto de ley para aumentar las sanciones por delitos de abuso sexual contra menores de edad y pidió un castigo con el "máximo rigor" para los responsables.

Cortizo también recordó que las denuncias no eran recientes. El presidente indicó en su cuenta de Twitter que en julio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría ya mencionada “presentaron denuncias criminales ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables, sean oenegés o fundaciones, por presuntos delitos en el funcionamiento de albergues”.

Pero para entonces se creía que los abusos solo habían ocurrido en el corregimiento de Tocumen, en el centro del país. Y contrario a la labor que resalta el presidente, el medio local ‘La Prensa’ reveló que la Senniaf conocía los casos desde principios del año 2019 y durante más de un año no hizo nada para levantar la denuncia.

En octubre del 2020, las parlamentarias presentaron un adelanto de su investigación y revelaron que no era solamente uno el albergue con irregularidades, sino por lo menos cinco. El Gobierno respondió expidiendo el Decreto Ejecutivo 404, con el que el Ministerio de Desarrollo Social modifica la ley que regula la apertura y el funcionamiento de los albergues.

El proceso se lleva en medio del secretismo y los panameños protestan en las calles

Hoy la cifra de los albergues afectados va en 14 centros estatales. El Ministerio Público panameño explicó que, tras la versión final del informe, imputaron por lo menos a ocho personas por los abusos cometidos contra los menores de edad en los albergues.

Sin embargo, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, se ha negado a publicar los nombres de esas personas argumentando que eso revelaría la estrategia de la Fiscalía en la investigación. Tampoco se conocen cuáles son las oenegés y las fundaciones que estarían involucradas, ni los avances concretos de los procesos.

Los abusos denunciados y la respuesta que el Gobierno ha dado encendieron las manifestaciones en las calles de Panamá. Este lunes el escenario central fue el Ministerio del Trabajo. Las protestas exigieron justicia para los niños y cárcel para los responsables de los abusos.

“Llevamos tres semanas en la calles y no hay una respuesta certera por parte del Gobierno. Hemos visto cómo han tratado de ocultar información y a las personas involucradas. Como juventud, nos sentimos indignados, tristes; sentimos rabia e impotencia”, dijo a EFE Dionel Salazar, militante de la organización Juventud Revolucionaria.

El miércoles pasado, una semana después de destapado el escándalo, Cortizo pidió castigo con el "máximo rigor de la ley para los responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y adolescentes", defendió que el Senniaf y el Mides presentaron al menos una denuncia en el 2020 y pidió a ambas instituciones constituirse como querellantes en el proceso judicial.

Con EFE

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