¿Es la regularización la solución para la crisis migratoria venezolana en Latinoamérica?

Migrantes venezolanos caminan por la carretera que une Iquique con Colchane luego de cruzar desde Bolivia, en Quebe, Chile, el 17 de febrero de 2021.
Migrantes venezolanos caminan por la carretera que une Iquique con Colchane luego de cruzar desde Bolivia, en Quebe, Chile, el 17 de febrero de 2021. © MARTIN BERNETTI / AFP

Más de 5,4 millones de venezolanos viven fuera de su país a causa de la crisis que azota Venezuela. La gran mayoría lo hace en Latinoamérica, pero su situación en muchas ocasiones sigue siendo extremadamente precaria y se agrava en los casos de irregularidad, algo que Colombia y Estados Unidos pretenden cambiar con su nuevo Estatuto de Protección Temporal.

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El pasado 8 de febrero el presidente de Colombia, Iván Duque, junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) confirmaron la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos en el país. Un paso importante que fue refrendado este 1 de marzo con la firma y que ha sido aplaudido por Naciones Unidas, la comunidad internacional y hasta por el papa Francisco. Lo propio hizo el 8 de marzo Estados Unidos, que anunció el Estatus de Protección Temporal a unos 320.000 venezolanos que se encuentran actualmente en su territorio.

Una decisión así se toma en un momento en el que la situación de la crisis migratoria venezolana no mejora y todo indica que se prolongará durante los próximos años o décadas. Según cifras de ACNUR, actualmente viven fuera de Venezuela unos 5,4 millones de venezolanos, la segunda mayor diáspora actual después de la siria en todo el mundo.

Estas cifras reflejan la histórica crisis económica, social y política que sufre la potencia petrolera desde 2014. Estas personas salieron de su hogar en busca de un futuro mejor y han llegado a varias naciones latinoamericanas durante los últimos años, pero allí, muchos de ellos, siguen viviendo situaciones de pobreza y marginación límite que son acentuadas, en muchas ocasiones, por la situación de irregularidad que algunos sufren en estos países de acogida.

La desprotección en la llegada del migrante

Una gran parte de las personas que salen de Venezuela lo hacen a pie en condiciones físicas y psicológicas extremas. En 2015 comenzó la primera de las grandes oleadas procedentes del país caribeño, que sucesivamente fueron aumentando hasta la llegada de la pandemia del coronavirus en 2020, donde por primera vez las cifras se detuvieron e incluso bajaron.

Aunque al principio muchas de estas personas entraban de forma regular a Colombia, la principal vía de salida hacia el resto de Sudamérica, estas situaciones se han ido reduciendo con los años y han desaparecido con el cierre total de fronteras entre los países a causa de choques diplomáticos y ahora del virus. Sin pasos fronterizos legales abiertos, el recurso para la mayoría de estas personas durante los últimos meses han sido las trochas, caminos ilegales no controlados por la autoridad competente que, en muchas ocasiones, lo están por grupos armados al margen de la ley.

Actualmente, más de 966.000 de los 1,7 millones de venezolanos que viven en Colombia lo hacen de forma irregular. Pero esto se replica en el resto de la región ya que, por ejemplo, en Perú más de 560.000 del millón de venezolanos que viven ahí lo hacen de forma irregular.

Migrantes venezolanos hacen fila para recibir raciones de alimentos luego de usar un cruce ilegal en la frontera con Bolivia en el área de Colchane, Chile, 8 de febrero de 2021.
Migrantes venezolanos hacen fila para recibir raciones de alimentos luego de usar un cruce ilegal en la frontera con Bolivia en el área de Colchane, Chile, 8 de febrero de 2021. © Álex Díaz / Reuters

La jefa de comunicaciones sobre la situación de Venezuela de ACNUR, Olga Sarrado, dijo a France 24 que “muchas de estas personas que cruzan de forma ilegal la frontera dan los pocos ahorros que tienen a estos grupos ilegales, algo que empeora aún más su situación al llegar a Colombia”.

Sarrado destaca que, entre estos migrantes no regularizados por los sistemas de migración de los terceros países, hay una gran mayoría de ellos que “en ningún momento han estado en el radar de las autoridades locales”. Esto dificulta todavía más la tarea de brindar ayudas ya que “con los que han sido regulares durante un periodo y luego se les ha caducado la visa, el Gobierno al menos tiene algo de información básica sobre ellos; con los que entran de forma clandestina no”.

La situación laboral es precaria y la irregularidad la empeora

La mayoría de migrantes se instalan en las grandes ciudades del continente, puntos dinámicos donde es más sencillo conseguir trabajo, pero donde es prácticamente imposible conseguirlo de forma estable. Los porcentajes de trabajo ilegal son altísimos, ya que el 75% de los venezolanos que trabaja en Colombia lo hace de forma informal y en países como Ecuador llega al 90%.

Aunque la informalidad es habitual en América Latina, los porcentajes que caen sobre la población venezolana en el extranjero son especialmente altos. Esto hace que tengan que vivir día a día. Sus ganancias se producen sobre la jornada y los alquileres en pensiones también se pagan con el día, algo que entraña considerables riesgos de que más de una noche se tenga que pasar en la calle.

Según Naciones Unidas, el 43% de los venezolanos en el extranjero tiene dificultades para encontrar un alojamiento que se pueda costear con sus ingresos o ahorros. Cifras demoledoras que empujan a que una parte de la población se vea obligada a recurrir a la mendicidad. Según la ONU, hasta el 14% de los migrantes ha recurrido a la mendicidad en algún momento.

El hecho de no contar con un contrato de trabajo en la mayoría de las ocasiones da vía libre a que se cometan todo tipo de abusos laborales contra estas personas que no tienen la forma de denunciarlo. Sarrado destaca que, entre lo más habitual, está “trabajar un número de horas diarias inhumano, salarios extremadamente bajos o incumplimientos en el pago”.

Migrantes venezolanos llegan para obtener una solicitud de refugio en el puesto fronterizo peruano en el centro de atención fronteriza binacional (CEBAF) en Tumbes, Perú, el 14 de junio de 2019.
Migrantes venezolanos llegan para obtener una solicitud de refugio en el puesto fronterizo peruano en el centro de atención fronteriza binacional (CEBAF) en Tumbes, Perú, el 14 de junio de 2019. © CRIS BOURONCLE / AFP

La representante de ACNUR hizo especial énfasis en el miedo lógico que existe en denunciar a las autoridades. “Estas personas son conscientes de los abusos diarios que sufren, pero los prefieren a acudir a las autoridades ya que su situación irregular podría meterlos en un compromiso. Están totalmente desprotegidos”.

Además, en marzo de 2020, con motivo de la pandemia de coronavirus, estos trabajadores fueron los que más sufrieron el cierre total de la economía de la región durante la cuarentena.

Sin trabajo ni ayudas, unas 140.000 personas regresaron a su país, algo inédito hasta la fecha. Sarrado lamenta que durante estas fechas “hubo familias que pasaron hambre y se enfrentaron a cuadros de desnutrición ante la imposibilidad de poder salir a ganarse la vida. En este contexto muchos emprendieron un agotador camino de vuelta”.

Está cuestión se replica con la asistencia sanitaria. Si un migrante no tiene contabilizada su residencia o estancia en un país, no puede tener acceso a la salud básica. Esto hace que en Colombia o Perú haya millones de personas expuestas a cualquier tipo de enfermedad sin la posibilidad de tener atención básica. Si no tienen esto solo les queda acudir a las urgencias de un hospital y eso implica el posible colapso del sistema sanitario.

La protección pasa por la regularización

A pesar de la existencia de un acuerdo como la Declaración de Cartagena de Indias de 1984, que incluye la protección a todas las personas "amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y las violaciones a los derechos humanos", se ha visto cómo en los últimos años varios países de la región han impuesto restricciones a los migrantes venezolanos.

Desde 2019 hay 11 países que exigen visados para su entrada. Entre los más destacados está Perú, Ecuador, Chile o Guatemala. Este proceso supuso algo nuevo en la región, ya que, hasta esta crisis, los venezolanos podían entrar a muchos de los Estados vecinos exclusivamente con su cédula de identidad.

Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia el sur por la carretera Panamericana luego de recibir su permiso de refugiado en el puesto fronterizo peruano en el Centro de Atención Fronteriza Binacional (CEBAF) en Tumbes el 14 de junio de 2019.
Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia el sur por la carretera Panamericana luego de recibir su permiso de refugiado en el puesto fronterizo peruano en el Centro de Atención Fronteriza Binacional (CEBAF) en Tumbes el 14 de junio de 2019. © CRIS BOURONCLE / AFP

A pesar de ello, Sarrado destaca que se “han dado pasos” para una regularización en varios de estos países, gracias a ventanas de diálogo como el Proceso de Quito, donde se estudian medidas coordinadas a nivel regional para atajar la crisis migratoria venezolana.

Además, destaca que una decisión como la de Colombia con el Estatuto de Protección Temporal es “histórica” porque “podrá ayudar al Estado colombiano a evaluar las necesidades reales de la población que verdaderamente vive en su territorio”.

La proclama de Colombia significa regularizar durante los próximos 10 años a más de 960.000 personas y garantizar la protección de más de 1,7 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país. Es cierto que el anuncio del presidente Iván Duque sorprendió, debido a que unos meses atrás tuvo unas polémicas declaraciones en las que negó las vacunas a los migrantes no regularizados, pero deja claro un mensaje: la crisis venezolana no terminará en el corto plazo y hay que actuar.

El mismo día de la presentación del plan, Duque advirtió del “gran” esfuerzo que supone esto para Colombia y que “será imposible sin contar con ayudas internacionales”. Y ACNUR coincide en este punto.

Olga Sarrado asegura que para otorgar una respuesta “efectiva” los demás países de la región “deben comprometerse a regularizar de una u otra forma a los migrantes venezolanos en su territorio y dejar que se integren en el sistema y contribuyan a él para evitar las situaciones actuales”. Sarrado mencionó que también es válido otorgar a estas personas el estatus de refugiados, algo que ya hizo Brasil.

De una u otra forma, está por ver si el resto de los países de la región se atreven a dar el paso marcado por Colombia y Estados Unidos. Algo que muy probablemente dependerá del éxito que goce el recién firmado Estatuto de Protección Temporal y de si efectivamente este instrumento sirve para que estas personas consigan vivir mejor y ayuden al crecimiento de sus países de acogida.

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