Sebastián Piñera, denunciado ante la CPI por los abusos policiales en las protestas de Chile

En esta foto de archivo del 28 de octubre de 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sale al final de una ceremonia de presentación de su gabinete reorganizado, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile.
En esta foto de archivo del 28 de octubre de 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sale al final de una ceremonia de presentación de su gabinete reorganizado, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile. © Esteban Félix / AP

Cuatro organizaciones de derechos humanos quieren que el presidente chileno, Sebastián Piñera, sea juzgado por la Corte Penal Internacional a raíz de la violencia policial que se desató en contra de los manifestantes desde las protestas de octubre de 2019 hasta ahora. Los organismos aseguran que tanto el mandatario como otras autoridades son responsables de crímenes de lesa humanidad y que la Justicia chilena se demora en juzgarlos, mientras sí procesa a los manifestantes detenidos.

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La petición la hacen específicamente la Fundación Baltasar Garzón del exjuez español del mismo nombre, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia. Ellos le presentaron a la Fiscalía de la CPI un requerimiento de 141 páginas, publicado por el medio 'Ciper'. En el texto, las organizaciones dan cifras y muestran algunos ejemplos de lo que catalogan como crímenes de lesa humanidad.

Su intención es que el mecanismo de Justicia internacional investigue, acuse y llame a juicio no solo al presidente Piñera, sino además a las autoridades civiles, políticas y policiales que nombran en su informe.

Abusos policiales en las protestas de Chile, ¿delitos comunes o crímenes de lesa humanidad?

Como en todos los casos, para que la Corte Penal Internacional comience una investigación contra una persona, se tiene que probar que los delitos cometidos hacen parte de los que analiza la CPI. Este órgano internacional únicamente investiga y enjuicia genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión.

Por eso, el documento intenta probar que la violencia policial contra los manifestantes chilenos realmente es un crimen de lesa humanidad.

Las cuatro organizaciones se quejan de que la Justicia chilena está investigando los excesos de policías y militares como un delito común para que, así, la CPI no pueda investigarlos y para “favorecer su posterior impunidad”. En cambio, las organizaciones aseguran que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad y para probarlo hablan de un “ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil” desde que comenzaron las protestas en octubre de 2019.

Dicen, además, que la violación sistemática se comprueba con la cantidad de personas heridas a lo largo y ancho del país. El informe asegura que entre octubre de 2019 y febrero de 2021 hubo por lo menos 464 personas con lesiones oculares por los disparos y los gases lacrimógenos de las autoridades. Al menos una decena de chilenos perdió un ojo totalmente, mientras que las cirugías oculares aumentaron a partir de las manifestaciones.

Las organizaciones también hacen un recuento de 292 víctimas de violencia sexual a manos de agentes policiales y de más de 1.200 detenciones ilegales. Aunque hablan de 26 muertos durante las manifestaciones, las cifras del Ministerio Público de enero de 2020 son incluso mayores.

Según la Fiscalía, al menos 31 chilenos murieron durante los choques con las autoridades y la entidad asegura que está investigando las denuncias de más de 5.500 personas que dicen haber sufrido violaciones de derechos humanos.

La Justicia de Chile tiene una “demora injustificada” en las investigaciones, según las organizaciones

Otro de los elementos que se tienen que demostrar para que la CPI acepte siquiera examinar la responsabilidad o no de Piñera es que la Justicia chilena no está dispuesta a investigar o no puede hacerlo. De lo contrario, la CPI no interfiere. A esto se le conoce como el principio de complementariedad, porque la Corte está creada para complementar los órganos de Justicia nacionales.

Por eso, las cuatro organizaciones que le hacen el pedido a la Fiscalía de la Corte enfatizan que la Justicia chilena no ha sido efectiva para investigar a las autoridades. Concretamente, denuncian que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia “han tenido una demora injustificada” para investigar a los Carabineros y a los miembros del Ejército denunciados.

Además, dicen que esas entidades han demostrado un “comportamiento asimétrico” frente a la lentitud para juzgar a la fuerza pública en comparación con la rapidez y la severidad con la que han sentenciado a los manifestantes detenidos.

Según un informe de Amnistía Internacional citado en el documento, casi la mitad de las investigaciones por violaciones de derechos humanos durante las protestas “se han cerrado sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances”, mientras que el Gobierno fue efectivo contra quienes protestaron y “presentó demandas judiciales contra más de 1.000 manifestantes”.

Para reforzar esa idea, en el escrito, la Comisión Chilena de Derechos Humanos mostró que de 36 procesos que escogieron para su análisis, la Justicia solo ha formalizado a dos agentes estatales. Los demás siguen siendo investigados por casos que incluyen personas que perdieron un ojo al recibir disparos de perdigones con plomo (a pesar de que están prohibidos) y otras a las que tuvieron que reconstruirle parte del cráneo destrozado por los gases lanzados a corta distancia.

“Estos casos ponen en duda la voluntad y capacidad del sistema de Justicia chileno de investigar y sancionar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, que se encuentra bajo el mando de un Gobierno que constantemente ha respaldado su actuar criminal, permitiendo deliberadamente que ocurran nuevas violaciones de derechos humanos”, critica el documento.

La razón principal por la que las organizaciones le piden a la CPI que investigue específicamente a Piñera es porque, a su modo de ver, él no cumplió con las obligaciones de los tratados internacionales de derechos humanos y, al contrario, respaldó los abusos de las fuerzas policiales. “El presidente de la República declaró que estaba ‘en guerra’, decretó un estado de excepción constitucional (estado de emergencia), dispuso que el Ejército ocupara las calles y optó por la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos”, dice el documento.

Las probabilidades de que la CPI investigue a Sebastián Piñera

A pesar de los argumentos que presentaron las organizaciones de juristas y de defensores de derechos humanos, el proceso apenas comienza y el ritmo de la CPI es lento. Antes de que una persona sea llamada a juicio ante ese juzgado internacional, la Fiscalía tiene que cumplir dos pasos. Primero, debe hacer un examen preliminar para determinar si hay o no evidencias suficientes y para decidir si la Corte debe intervenir o no.

El segundo paso es abrir una investigación formal y solo cuando estas dos fases se cumplen, se abre una etapa previa al juicio, que puede terminar o no en el juicio como tal.

Para que todas estas fases se cumplan, la Fiscalía de la CPI suele tardar años. Por ejemplo, esa entidad está haciendo apenas una evaluación inicial de ciertos casos en Colombia desde 2004 y todavía no ha comenzado la investigación formalmente.

Así que el caso de Piñera puede demorarse, si es que incluso la Fiscalía acepta la petición de comenzar un examen preliminar.

Además, esta no es la primera vez que una entidad le pide a la CPI que investigue al mandatario chileno por su responsabilidad política durante los abusos policiales en las protestas. En enero de 2020, el Partido Comunista aseguró que presentaría un requerimiento por lo mismo. El entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel descalificó las acusaciones y dijo que en Chile “el Estado de derecho funciona” y que las autoridades judiciales abordarían todos los casos.

Hasta el momento, ni el presidente ni el Gobierno se han pronunciado sobre el nuevo requerimiento que le hicieron las organizaciones a la Corte.

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