El presidente Duque militariza Cali tras un día de protestas con trece fallecidos

Un soldado en medio de una manifestación contra el gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021.
Un soldado en medio de una manifestación contra el gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021. © Luis Robayo, AFP

El mandatario colombiano hizo el anuncio desde la ciudad del occidente del país, a donde viajó luego de la violencia en medio de las protestas de este viernes. Al menos 13 personas fallecieron y uno de los muertos es un funcionario de la Fiscalía que disparó en contra de los manifestantes y quien mató a varios civiles. Las autoridades de la ciudad decretaron un toque de queda; mientras que el secretario de Estado de EE. UU. y organizaciones de derechos humanos se mostraron preocupados.

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La violencia sigue empañando las protestas en Colombia, en su mayoría pacíficas, que este 28 de mayo cumplieron un mes.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las que ha llevado la peor parte de los disturbios, al menos 13 personas murieron el viernes, según el reporte que entregó el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, durante una entrevista con el medio local Caracol Radio. 

El boletín diario de la Policía, publicado el sábado, apunta a que ocho de las personas fallecieron por armas de fuego, otra por arma cortopunzante y una más por "otras armas". Sin embargo, en este informe no se incluyó el fallecimiento del joven Sebastián Jacanamejoy, un indígena de la comunidad Inga y estudiante de la Universidad del Valle que murió en medio de las protestas, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Uno de los hechos donde murieron más personas ocurrió en el barrio de La Luna. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó que todo comenzó con un aparente enfrentamiento entre personas que instauraron bloqueos en zonas residenciales y habitantes que se disponían a salir del lugar.

"Tres personas, desafortunadamente, han muerto. Expreso a sus familias mi solidaridad y condolencias. Esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor", dijo Ospina en un video divulgado por la Alcaldía.

"No podemos permitir que estas circunstancias sigan ocurriendo en Cali. No debemos caer en la tentación de la violencia y la muerte. Por el contrario, la justicia y el diálogo son los conceptos que deben operar y son complementarios. Necesitamos justicia frente a los eventos de La Luna, necesitamos el diálogo para abrir puertas a la concertación y tranquilidad ciudadana", agregó el gobernante local.

Un funcionario de la Fiscalía disparó en contra de los manifestantes y fue linchado

Según la versión de un joven de la denominada 'Primera Línea', grupo que se sitúa con escudos en la parte delantera de las manifestaciones, los hechos de La Luna se produjeron cuando un hombre al que le fue impedido transitar por los bloqueos sacó un arma y disparó contra las personas que estaban en el lugar.

Su reacción desató un enfrentamiento en el que, según el testigo, el hombre siguió disparando, mientras las demás personas que estaban ahí le arrojaron piedras y, luego, lo lincharon hasta matarlo.

El hombre involucrado era un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, identificado como Fredy Bermúdez, según confirmó el propio ente acusador. En una rueda de prensa, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que Bermúdez “disparó hacia varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles”.

Barbosa dijo que el funcionario no se encontraba en el cumplimiento de sus labores, pues estaba en día de descanso.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por lo ocurrido en Cali y también por otros disturbios violentos en el municipio de Madrid, cercano a Bogotá, la capital.

Pese a estos hechos, miles de ciudadanos volvieron este viernes a las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Cali, para participar en concentraciones pacíficas y festivas, aunque con menor intensidad que cuando comenzaron el pasado 28 de abril.

El presidente aumenta el despliegue militar en Cali

La situación de la ciudad es tal que el presidente Iván Duque viajó hasta Cali con el ministro del Interior, Daniel Palacios, para realizar una reunión con los gobernantes locales y discutir la seguridad. 

Tras eso, el mandatario anunció la nueva medida. “A partir de esta noche empieza, el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia”, indicó en una rueda de prensa. 

Ese aumento implica triplicar la capacidad de la fuerza pública en tan solo 24 horas en todo el departamento. Una de las misiones centrales de los agentes será desbloquear las vías que han sido taponadas por los manifestantes en el mes de protestas. Actualmente, hay cerca de 7.000 miembros de las fuerzas del orden que están en esas labores, según Duque. 

“Islas de anarquía no pueden existir en nuestro país (...) No se puede dejar de hacer ninguna intervención por parte de la fuerza pública ante ningún hecho vandálico”, declaró al respecto el presidente. 

Igualmente, anunció un “servicio de asistencia en comunicaciones para que quienes están al frente de esta operación informen cada acción para que haya total transparencia frente al actuar de la fuerza pública”.

"Quiero ser muy enfático en que nuestro país siempre ha mantenido canales para que haya deliberación y concertación frente a las necesidades de la ciudadanía, pero no negociando la constitución y los derechos de los ciudadanos", agregó.

La Alcaldía de Cali ya había decretado un toque de queda desde las 19:00 de este viernes hasta las 5:00 del sábado. Pero Duque aclaró que los gobiernos locales junto con el nacional evaluarán si extienden la medida durante todo el fin de semana.

Prenden fuego a la Alcaldía de Popayán

Una nueva sede de una institución colombiana fue blanco de bombas incendiarias. La Alcaldía de Popayán, una pequeña ciudad en el occidente de Colombia y relativamente cercana a Cali, fue atacada este viernes y varias de sus oficinas ardieron en llamas.

Usuarios de redes sociales compartieron videos de lo ocurrido aparentemente a manos de grupos de encapuchados. En las imágenes compartidas se ve a algunas personas celebrando mientras partes de la sede del Gobierno local se encontraban bajo fuego.

Las autoridades calificaron el hecho como un acto de “vandalismo” y llamaron a un cese inmediato de los disturbios.

“Rechazo que a esta hora se produzcan nuevos eventos de ataques con bombas incendiarias contra la Alcaldía de Popayán y otras instalaciones públicas y privadas. Necesitamos que esta violencia pare de inmediato”, escribió el alcalde Juan Carlos López, en su cuenta de Twitter.

Ante la situación, la Alcaldía ordenó un toque de queda que comenzó desde las 18:00 y hasta las 5:00 (hora local) del 29 de mayo.

Esta agresión se produce justo después de que el pasado martes, 25 de mayo, un grupo de personas quemara el Palacio de Justicia de Tuluá, un municipio cercano a Cali, en un hecho que incluso el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, calificó como “actos terroristas”. 

Popayán es la misma ciudad donde una mejor de edad se suicidó después de decir que agentes policiales habían abusado sexualmente de ella

Por su parte, organizaciones vinculadas al Paro Nacional aseguraron tener pruebas de que el incendio fue ocasionado por grupos de civiles armados ajenos al movimiento.

Hasta el momento, al menos tres personas han sido detenidas por su presunta participación en el incendio de Tuluá.

Se apoderan de un bus de Transmilenio

De acuerdo con imágenes difundidas por la prensa local y en redes sociales, decenas de personas jóvenes, algunos encapuchados, tomaron a la fuerza un bus de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de la capital.

Según el relato de testigos, el conductor y los pasajeros fueron intimidados con arma blanca para hacerlos bajar del vehículo.

Posteriormente, los individuos se subieron al techo del autobús en un gesto de celebración, mientras ondeaban banderas y el autobús seguía en movimiento.

La situación provocó el cierre del servicio en el portal las Américas, en el occidente de Bogotá, donde ocurrió el hecho.

 “El vehículo fue tomado por un grupo que obligó a moverlo sentido oriente – occidente hacia el Portal Américas. La toma se evidenció sobre las 2:57 de la tarde a la altura de Banderas” informó la empresa Transmilenio que agregó que el bus fue recuperado, tras la intervención de los gestores de convivencia de la Alcaldía de la ciudad y defensores de Derechos Humanos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó categóricamente el hecho y dijo que por estos daños tendrán que pagar “todos los bogotanos”.

Secretario de Estado de EE. UU. muestra su preocupación por las muertes en las protestas

Además de los hechos que han ocurrido este viernes, la comunidad internacional ha expresado su rechazo a la violencia durante un mes de protestas que hasta el jueves dejaba al menos 43 personas muertas, según cifras de la ONG local Temblores, que coincide con la entregada por la Fiscalía.

Organismos internacionales también han alertado sobre desapariciones, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales como hechos preocupantes que violan los derechos humanos.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se reúne con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramirez, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, EE. UU., el 28 de mayo de 2021.
El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se reúne con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramirez, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, EE. UU., el 28 de mayo de 2021. © Andrew Caballero-Reynolds/Pool/Vía Reuters

Durante su encuentro en Washington con la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su “preocupación” por las muertes durante las movilizaciones y reiteró “el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente", según detalló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

Este rechazo se une al que hizo en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su preocupación por la “grave crisis que enfrenta Colombia” y condenó las violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas.

La entidad incluso solicitó la autorización para enviar a un equipo de observadores y analizar los niveles de violencia. Inicialmente, la vicepresidenta Ramírez denegó la visita argumentando que era mejor esperar a que las entidades locales concluyeran las investigaciones, pero tras una oleada de críticas, dijo que el Gobierno colombiano espera la visita en el momento en el que la CIDH disponga. 

La ONU y HRW también se pronuncian por la violencia que se vivió este viernes en Cali

Tanto la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos como la organización Human Rights Watch (HRW) afirmaron que había personas vestidas de civil disparando en contra de los manifestantes en Cali. 

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, expresó en un tweet que la situación de la ciudad “es muy grave” y en otra publicación de la red social le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, que dé una “explicación urgente” por “la inacción” de agente de la Policía ante los disparos de civiles. 

Por su parte, la Oficina de la ONU dijo este viernes en Cali hubo por lo menos tres muertos y varios heridos. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas. Llamamos a la calma y la no violencia”, indicó el organismo a través de su cuenta de Twitter

Llamados a mantener las negociaciones y ubicar a los desaparecidos

Entretanto, distintas organizaciones civiles y miles de manifestantes piden que avancen las negociaciones entre el Gobierno del presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, para concretar solución a las peticiones que abogan por mejoras en salud educación y el fin de la violencia policial, entre otras.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a levantar más de 2.600 bloqueos en carreteras y ciudades, condición del Gobierno para continuar hacia una negociación, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) exige un trabajo activo para dar con el paradero de al menos 190 personas reportadas como desaparecidas en el marco de las movilizaciones.

Colombia cumple un mes de estallido social que ha derivado en una de las crisis más profundas de su historia reciente con la mirada puesta en las violaciones a derechos humanos.

Con EFE y medios locales

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