Colombia: preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes

Un civil dispara contra una manifestación en el marco de una nueva protesta contra el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021.
Un civil dispara contra una manifestación en el marco de una nueva protesta contra el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en Cali, Colombia, el 28 de mayo de 2021. © Luis Robayo / AFP

Una investigación en Internet identificó a Andrés Escobar, ciudadano de Cali, portando un arma durante una jornada de movilización. El acusado se defendió alegando que vecinos del acomodado barrio de Ciudad Jardín estaban creando un "grupo para el beneficio de la Comuna 22", con el que buscan levantar los bloqueos del paro nacional. Las imágenes de civiles armados se repiten ante la permisividad de la Policía, lo que hace despertar algunos fantasmas del cruento conflicto armado en Colombia.

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Las imágenes sucesivas de civiles armados que atacan las manifestaciones antigubernamentales en Colombia generan preocupación en organismos defensores de derechos humanos e internacionales. 

Uno de los últimos capítulos de violencia civil tuvo lugar el viernes 28 de mayo —fecha en la que se cumplía un mes de paro nacional—, en Cali, donde se registraron, según datos ofrecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 13 muertos y 36 heridos.

Entre las denuncias ciudadanas sobre los hechos del viernes destaca la del uso de armas de fuego por parte de civiles, de forma impune, y rodeados por una permisiva policía.

Son decenas de vídeos y fotografías de ese día: entre las publicaciones destaca la investigación del activista Beto Coral, que sirvió para detectar a Andrés Escobar, propietario de una agencia de medios, a quién se ve armado, acompañado de la Fuerza Pública:

Andrés Escobar se defendió mediante un mensaje de vídeo en el que reconoció que vecinos del sector se estaban organizando para levantar bloqueos. A pesar de la evidencia, el publicista no ha sido requerido por las autoridades.

Las denuncias han alcanzado gran repercusión. De hecho, la propia CIDH, antes de la identificación de Andrés Escobar, ya había denunciado la situación en Twitter, mencionando el problema de los civiles armados.

La Policía inicia una investigación contra los civiles armados en compañía de uniformados

Ante las evidencias, la Policía Nacional de Colombia reaccionó. Su director, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo que impartió instrucciones claras a Fernando Murillo Orrego, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), para localizar a los responsables del tiroteo en el barrio de Ciudad Jardín, en Cali, del pasado viernes.

Según la Policía, identificaron al menos cinco civiles disparando armas de fuego, mientras que 10 policías fueron identificados por omisión en sus funciones. La DIJIN estaría recaudando pruebas para llevarlas ante la Fiscalía, en el caso de los civiles, y ante la Justicia Penal Militar, en el caso de los agentes de policía. 

Sin embargo, tres días después todavía no ha habido ninguna detención. Tampoco una condena pública por parte del Gobierno de Iván Duque, quien ha tratado de conectar el paro nacional con grupos ilícitos organizados con la calificación de "terrorismo urbano de baja intensidad".

De hecho, el presidente visitó el viernes Cali para liderar un Consejo de Seguridad, ante la crítica situación. Tras finalizar, Duque visitó Ciudad Jardín y habló con las personas del sector, que protestan contra los bloqueos y entre las que se estarían formando el autodenominado por Escobar como "grupo para el beneficio de la Comuna 22".

Antes, el 9 de mayo, también en Ciudad Jardín, civiles armados, acompañados por la Policía, habían disparado contra la Minga indígena, hiriendo de gravedad a 12 miembros.

Otro caso de gravedad tuvo lugar en Pereira, donde civiles dispararon contra una marcha pacífica, asesinando a Lucas Villa, un joven que se ha convertido en uno de los símbolos de las protestas en Colombia. 

Colombia y una historia rodeada de paramilitarismo

Según el historiador Germán Sahid, y tal y como lo recoge Rutas del Conflicto, las autodefensas nacen en Colombia en 1964. Con su fundación, el Estado les dio la capacidad de armarse para proteger sus terrenos contra la irrupción de otros actores armados.

Estos grupos terminaron formando las Autodefensas Unidas de Colombia, que además de salvaguardar el territorio, según el Informe 'Basta Ya' del Centro de Memoria Histórica, provocaron "el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado". Según el organismo, el paramilitarismo fue responsable de un total de 94.754 muertes por el conflicto, siendo el actor que más víctimas dejó.

Con la llegada al poder de Álvaro Uribe —presidente de Colombia entre 2002 y 2010—, el Estado firmó una desmovilización y desarme parcial con los paramilitares. Acuerdo que no tuvo éxito, generando que las autodefensas se hayan ido rearmando y formando nuevos grupos al margen de la ley. 

En esta fotografía de archivo del 1 de agosto de 2005, combatientes paramilitares de la facción "Héroes de Granada" de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, asisten a una ceremonia de desmovilización en Cristales, Colombia.
En esta fotografía de archivo del 1 de agosto de 2005, combatientes paramilitares de la facción "Héroes de Granada" de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, asisten a una ceremonia de desmovilización en Cristales, Colombia. © Luis Benavides / AP

Entre los objetivos y mensajes de los civiles armados que han irrumpido en el marco del paro nacional, hay una respuesta a esa voluntad de salvaguardar el terreno y la propiedad privada, después de un mes de bloqueos de carretera, que han dejado pérdidas millonarias e imágenes de desabastecimiento.

Sorprenden las imágenes de civiles armados en las ciudades, sin embargo, desde organismos indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, aseguran que pese a los Acuerdos de Paz de 2016, en los que las FARC se disolvieron como guerrilla, el fantasma del paramilitarismo ha continuado vigente en las zonas rurales.

En 2020, 101 líderes sociales fueron asesinados en toda Colombia. Mientras que desde 2016 son más de 900 personas muertas, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre los atacantes se habla de bandas de narcotráfico, asociadas al paramilitarismo, aunque también de disidencias de las extintas guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional.

Altas cifras de violencia; difícil salida al conflicto

La complejidad y virulencia que ha adquirido el contexto de protestas hace difícil encontrar datos certeros sobre las víctimas desde el 28 de abril. En el último balance de este lunes 31 de mayo, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo hablan de 48 personas fallecidas, de las que 20 guardan relación con las protestas. Además, mantienen procesos de búsqueda urgente para 111 personas. 

Sin embargo, organizaciones colombianas como Temblores ONG, hablan de más de 70 muertos. Mientras que, junto a Indepaz, denuncian más de 300 desaparecidos desde el inicio de las protestas.

Un manifestante muestra casquillos de bala, en uno de los puntos de bloqueo de Colombia.
Un manifestante muestra casquillos de bala, en uno de los puntos de bloqueo de Colombia. © Luis Robayo / AFP

La salida al conflicto sigue siendo complicada. Este domingo 30 de mayo, Gobierno y Comité Nacional de Paro —formado por sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles— volvían a hacer público su desencuentro.

El Gobierno exige que el Comité Nacional de Paro condene los bloqueos; mientras que desde el Comité piden que el Gobierno cumpla con el preacuerdo logrado el 24 de mayo en el que se garantizaba la protesta pacífica.

Una cuestión preliminar que evidencia la distancia frente a una verdadera negociación que ponga fin a las protestas. De hecho, el miércoles 2 de junio se ha vuelto a convocar una nueva jornada de paro nacional.

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