Daniel Jaimes, uno de los rostros de la violencia policial en Colombia

Las manos de Daniel Jaimes, aprendiz de tatuador, herido por el impacto de un proyectil de la Policía.
Las manos de Daniel Jaimes, aprendiz de tatuador, herido por el impacto de un proyectil de la Policía. © Marina Sardiña / France 24

El 1 de mayo, Daniel salió de su casa a marchar por un "cambio para los jóvenes". Después de una jornada pacífica, al caer la noche comenzó el terror que le costó la pérdida de su ojo derecho y una cirugía de reconstrucción facial. Su testimonio, expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia, es la imagen de la represión policial contra los manifestantes durante el estallido social en el país, que inició hace más de seis semanas. 

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Daniel Alejandro Jaimes entra con paso firme a la sede de la Fundación Lazos de Dignidad arropado por su abuela, su madre y su tío. Entre sus manos, una gasa blanca para secarse las heridas en su rostro. Con ella se frota con cuidado el espacio donde antes estaba su ojo derecho, bajo un párpado morado. Los hilos de los puntos de sutura todavía cuelgan de su nariz, en la que tiene dos pequeños tubos para facilitar su respiración. Sus labios gruesos ocultan una boca sin apenas dientes. Su cara está inflamada y enrojecida.

La familia Jaimes está nerviosa. Es la primera vez que Daniel hace público su caso, un día después de contar su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encontraba en Colombia para verificar los abusos de derechos cometidos durante los más de 40 días de movilizaciones sociales en el país. "Básicamente, ya no me siento herido por dentro", dice Daniel con voz temblorosa, poco más de un mes del ataque.

Su historia comienza con el resplandor de un disparo entre el humo de los gases lacrimógenos. Daniel estaba ayudando a otro manifestante a mover un contenedor para resguardarse en una calle en el barrio de Marichuela, en la localidad de Usme, una zona popular al sur de Bogotá. "Me quedé mirando a un agente de la Policía, entonces vi la luz del disparo. Reaccioné rápido y me giré. Me impactó en toda la nariz", relata el joven de 20 años.

Daniel Alejandro Jaimes, en el centro de la imagen, rodeado por su familia. Bogotá, Colombia.
Daniel Alejandro Jaimes, en el centro de la imagen, rodeado por su familia. Bogotá, Colombia. © Marina Sardiña

Su tío, Julio Serna, sentado en el sofá del lado, muestra un video captado por una cámara de seguridad la noche de aquel 1 de mayo. Un pequeño grupo de manifestantes intenta levantar una barricada y se resguarda de los gases lacrimógenos lanzados por los uniformados. Las imágenes muestran tres ráfagas: un disparo parabólico y dos horizontales, es decir, dirigidos directamente a las personas, lo que supone una práctica ilegal según el reglamento policial.

Uno de estos impactó directamente en la cara a Daniel, que cayó al suelo y fue socorrido por una brigada de la defensa civil. "Les pedí que me llevaran a otro lugar. (Los policías) seguían lanzando gas como si nada, sentía el gas de nuevo en mi garganta", dice.

Sentí que se me desprendía una parte de la cara

Su ojo derecho "estalló por dentro". "Me afectaron mucho porque al principio no sabía si iba a perder ambos ojos, el izquierdo también está afectado", explica. La nariz y los huesos de sus mejillas se hicieron trizas. El maxilar superior se le desprendió y perdió diez piezas dentales. Ese es el parte médico tras una cirugía de reconstrucción maxilofacial. "No te voy a decir que entré en una depresión por la pérdida del ojo, pero sí que ha sido bastante fuerte". Su pronóstico fue grave: "sentí que se me desprendía una parte de la cara".

Daniel personifica el daño físico al que se enfrentan los jóvenes colombianos que salen a manifestarse pacíficamente. "Ese día salí con ganas de un cambio porque quería que se escuchara la voz de nosotros, los jóvenes", señala. Para él, el problema es la Justicia, que "está tomando como rutina disparar a las personas".

Al menos 65 personas han sido víctimas de lesiones oculares por proyectiles lanzados por la Fuerza Pública desde el inicio de las protestas, según el más reciente informe de la ONG local Temblores, presentado ante la CIDH, junto con Indepaz y Paiis.

"¡Paren de destruir a la juventud!"

Mientras Daniel cuenta su historia a France 24, irrumpe en la conversación su abuela Floralba, que denuncia visiblemente emocionada: "Es muy injusto lo que está pasando con la Policía Nacional". La anciana solo tiene palabras de agradecimiento al personal médico del pequeño hospital de Facatativá que atendió a su "niño" y una pregunta que resuena en las calles colombianas: "¿A qué se debe que hayan optado por lastimar a la juventud?".

Floralba, una mujer que destila humildad, lanza un mensaje al Gobierno colombiano, que coincide con el grito de decenas de madres que han perdido a sus hijos en el último mes y medio de estallido social: "¡Paren de destruir a la juventud que es el mañana! ¡Dejen de dañarle los sueños que tienen los jóvenes de querer una Colombia mejor!".

A la izquierda, una imagen de Daniel antes de recibir el impacto que le provocó la pérdida ocular.
A la izquierda, una imagen de Daniel antes de recibir el impacto que le provocó la pérdida ocular. © Marina Sardiña y cortesía de Daniel

Daniel lleva dos años trabajando como aprendiz de tatuador y su pasión está plasmada en sus brazos, dibujados con imágenes de animales. Después del incidente pensó en dejarlo, ya que una buena visión es imprescindible para hacer su trabajo: "No sabía qué hacer con mi vida, pero dije: 'voy a seguir haciéndolo. Tengo otra oportunidad, ¿por qué no seguir?'".

La conversación que mantuvo con la CIDH responde a su ímpetu por buscar Justicia para él y el resto de afectados. "Sentí tranquilidad, ya no se puede hacer nada al respecto de mi ojo. Acepté que nada va a ser igual, no me van a querer en cualquier trabajo, pero voy a continuar con mi vida", explica tras relatar su caso ante el organismo internacional.  

En su proceso de sanación, Daniel dejó atrás la frustración y la rabia que sentía contra la Policía, por el agente que aquella noche le disparó tras mirarlo fijamente a los ojos. Dice no tener miedo, pero los uniformados siempre le han generado una sensación de inseguridad.

Dicen que nos cuidan, pero nadie nos cuida de ellos

"Los policías acá son personas que lo único que hacen es daño, no saben medir su autoridad. Dicen que nos cuidan, pero nadie nos cuida de ellos", critica con voz serena, señalando que es en la noche cuando comienza el terror y los abusos policiales.

– ¿Volverías a salir a marchar?

– Claro. Es el colmo que responda de esta manera, pero sí lo haría.

– ¿Por qué?

– Lo hago porque es necesario que más personas hablen y salgan a la calle, ahí se ve la indiferencia de las personas. 

"Marchamos por un cambio", señala Daniel, mientras Julio le aparta la gorra y le peina el pelo para la fotografía. "¿Me puedes tomar una foto con él?", pregunta tímidamente su madre. "Sin flash, por favor. Me hace daño", pide el joven.

Una juventud contra la pared del desempleo

Isabel Fajardo, de la fundación Lazos de Dignidad –que acompaña con brigadas de derechos humanos a los manifestantes– está ayudando a la familia de Daniel con el complejo proceso jurídico y burocrático. La letrada explica cómo las manifestaciones han cambiado de escenario y se suceden ahora en los barrios populares de las periferias, donde crece y reside gran parte de la juventud colombiana. No es de extrañar que los jóvenes lideren un movimiento de protesta que demanda cambios y un futuro más digno, dado que la tasa de desempleo juvenil en el país se sitúa por encima del 24%.

Desde la fundación reclaman una reforma policial para que la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) dejen de depender del Ministerio de Defensa. "Cuando depende de este ministerio operan bajo la lógica del enemigo interno. No ven a los manifestantes como seres humanos y atentan contra ellos, que fue lo que le pasó a Daniel", señala Fajardo.

Un agente del ESMAD dispara un proyectil de gas lacrimógeno contra los manifestantes, el 1 de mayo en Bogotá, Colombia.
Un agente del ESMAD dispara un proyectil de gas lacrimógeno contra los manifestantes, el 1 de mayo en Bogotá, Colombia. © AP - Andres Gonzalez

Todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que entrevistaron con la CIDH en su breve visita de trabajo al país han hecho eco de esta petición. "Se necesita una reforma en su doctrina. Una reforma que garantice los derechos de la víctima a la verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición", sentencia la abogada.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) habla de "gravísimos abusos" de derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública. Su director en América Latina, José Miguel Vivanco, ha estado observando la situación en Colombia desde el inicio del estallido social el pasado 28 de abril. En el informe que presentó ante la CIDH documentan 34 muertes en el contexto de las protestas, con "pruebas creíbles" que indican la supuesta autoría de la Policía Nacional en la muerte de 16 manifestantes "con munición real disparada con armas de fuego".

HRW: las protestas fueron reprimidas brutalmente de "forma sistemática"

Más de seis semanas de movilizaciones están dejando un trágico baile de cifras y algunas organizaciones señalan más de sesenta civiles fallecidos. La Fiscalía y el Gobierno de Iván Duque reconocen apenas 20 muertos.

Hasta el momento, el presidente colombiano no ha emitido un mensaje de condena a la violencia policial ni de condolencia a las familias de las víctimas, a pesar de los casos de abusos que afloran tras cada jornada de movilización, una violencia empleada para reprimir las protestas "de forma sistemática", según denuncia HRW. Desde Cali hasta Bogotá, los abusos cometidos han dejado hasta el momento más de 3.700 heridos, según la ONG Temblores.

En este contexto, la visita de la CIDH –un órgano independiente, internacional e imparcial–  se tornó imprescindible para las víctimas y las organizaciones que defienden sus derechos. "El tema es que hay una desconfianza no solo a este Gobierno, sino que ha sido un patrón endémico sobre las instituciones de control" como la Fiscalía o la Procuraduría, explica Rafael Barrios Mendivil, abogado colombiano conocedor de este organismo que juzga Estados y no individuos.

En esa desconfianza en la institucionalidad colombiana radica la búsqueda de Justicia de las víctimas a través de otros mecanismos. Sin embargo, dado el carácter de la visita de trabajo, más acotada que una visita in loco, la CIDH solo emitirá una serie de recomendaciones al Estado.

El Ejecutivo de Duque deberá respetar y cumplir esas recomendaciones, pero "los antecedentes inmediatos, no solo del Gobierno hacia la Comisión sino también hacia la Corte Interamericana, no aseguran buenos vientos ni mareas", señala el abogado colombiano, sobre la garantía de que el Estado cumpla con las recomendaciones del informe final de la CIDH.  

La CIDH dio voz a las víctimas de la brutalidad policial

"Es la primera vez que las víctimas tuvimos voz", explica a través del teléfono Luis Carlos Acero, un joven abogado de 29 años, sobre su testimonio ante la CIDH. El 25 de septiembre de 2019, Luis recibió el impacto de un proyectil supuestamente lanzado por el ESMAD durante unos disturbios en la Universidad Pedagógica Nacional, donde trabajaba como asistente de un sindicato de profesores universitarios.

En los últimos dos años, Luis ha estado sumido en una búsqueda constante de pruebas para explicar su caso, que resultó en heridas de gravedad en ambas piernas y la pérdida de los dedos del pie derecho.

En su investigación se topó con el constante rechazo y la criminalización del Estado colombiano, que lo ha acusado de "terrorista", pese a las pruebas recogidas. "La EPS no me atendió por 'terrorista' y las piernas se me engangrenaron", lamenta el joven, añadiendo que "ha sido muy difícil que nadie me creyera".

Durante una manifestación frente al hotel donde se encontraba la CIDH en Bogotá, un policía mira la imagen de Dilan Cruz, asesinado por un agente del ESMAD en las movlizaciones sociales de 2019.
Durante una manifestación frente al hotel donde se encontraba la CIDH en Bogotá, un policía mira la imagen de Dilan Cruz, asesinado por un agente del ESMAD en las movlizaciones sociales de 2019. © Marina Sardiña / France 24

"Fue reparador, por primera vez me pude desahogar. Durante 40 minutos pude comentar todo lo que me han hecho desde el día que me explotan el artefacto hasta hoy, porque a mí me despidieron y me tocó a mí mismo investigar", dice Luis, que se presentó en la reunión con el organismo con un maletín de cuero marrón donde portaba decenas de folios con las pruebas recopiladas.

Su testimonio coincide con la opinión de Jessica Corredor, directora del área internacional del centro de investigación DeJusticia: "(la CIDH) viene a recoger información sobre los diferentes eventos, pero sobre todo a escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de estas protestas, que no han sido escuchadas por las autoridades".

"Siento una gran satisfacción por la reunión con la Comisión. Por primera vez, me sentí escuchado y respetado como víctima", dice con voz entrecortada Luis.

En Colombia, el perdón y la Justicia pasan por escuchar los relatos de las víctimas. "Fue algo simbólico, pero anoche –por primera vez– pude dormir sin llorar", concluye Luis.

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