Víctimas de la dictadura en Uruguay declaran ante la CorteIDH

Vista de afiches con fotografías de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985, en Montevideo
Vista de afiches con fotografías de los desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985, en Montevideo © EFE - Raúl Martínez

El pasado 16 de junio comenzó una audiencia de dos días ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de las “Muchachas de abril” y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, en el marco de la dictadura cívico militar en Uruguay. 

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Por el derecho "a la verdad y la Justicia". Este fue el pedido de la representante de las víctimas civiles de la dictadura cívico militar de Uruguay en el segundo día de audiencia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que comenzó el miércoles 16 de junio de manera virtual y que concluirá este jueves 17 de junio tras escuchar los alegatos finales de ambas partes y exponer una serie de observaciones orales.

La Corte Interamericana de DD.HH. acoge la demanda presentada ante este organismo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alude a la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal; y que la falta de esclarecimiento implicó una violación al derecho a la integridad personal de los familiares.

Unos hechos ocurridos hace casi 50 años durante la dictadura, periodo en el que, según la CorteIDH, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales.

En concreto, la Corte investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la justicia por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de tres jóvenes: Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes, conocidas las "Muchachas de abril".

Así como las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu, ocurridos el 13 de diciembre de 1974, cuando miembros de las fuerzas conjuntas –que englobaban a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional– allanaron la vivienda del estudiante de medicina González, militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay. En ese momento, tanto él, como su esposa embarazada Elena Zaffaroni Rocco, fueron detenidos y recluidos en una prisión en la que sufrieron torturas y abusos.

Las familias de las víctimas piden "justicia y derecho a la verdad"

El miércoles, durante la primera jornada de audiencia, Zaffaroni pudo exponer su caso, junto al fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en DD.HH. Pablo Chargoñia.

La esposa del militante explicó cómo durante su detención y encarcelamiento fueron sometidos a "torturas, interrogatorios, plantones", especialmente su marido sufrió graves violencias tanto físicas como psicológicas.

"Pido que la Corte no vea el pedido de Justicia solamente en destrabar la imposibilidad de presentar los juicios, aún queda mucho por hacer en eso, pero no alcanza con eso. La Justicia principal está en la exigencia al Estado de que entregue la información de qué hicieron con los desaparecidos y en dónde están", señaló Zaffaroti en su pedido a las jueces por "Justicia y derecho a la verdad" para saber el paradero del cuerpo de su marido y del resto de desaparecidos.

 

Durante su intervención, Zaffaroti relató con todo detalle cómo las autoridades de la dictadura cívico militar, respaldada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, se llevaron a su esposo. Después de los hechos pudo verlo tras las rejas del cuartel: "Nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos", contó.

La viuda de González pidió al Estado de su país que busque a los desaparecidos de la dictadura "como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres", señalando que la reparación no pasa solo por una cuestión económica, sino que es la garantía de que algo así no vuelva a suceder: "¿Y qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?", apeló la mujer.

Según reiteró esta mañana la representante de las víctimas en su alegato final, han pasado 36 años de la primera denuncia penal y "no hay un solo acusado", después de 47 años de los sucesos. Una denuncia de la que se hizo también eco el miércoles la primera vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón: "Hasta el momento, ninguna persona ha sido condenada, por lo que estos hechos continúan en una condición de impunidad".

Sin culpables en el caso de las "Muchachas de abril"

Al respecto del caso popularmente conocido como "Muchachas de abril", el asesinato de las tres jóvenes –de entre 19 y 22 años– el 21 de abril de 1974, la causa está todavía pendiente de resolución en la Justicia uruguaya. ¿Qué pasó con las tres jóvenes? Maidanik, Raggio y Reyes fueron acribilladas el 21 de abril de 1974 en un operativo comandado por militares que perseguían al militante del Movimiento de liberación Nacional Tupamaros, Washington Barrios.

"En el operativo también fue asesinado un policía que pasaba por el lugar en bicicleta después de trabajar como sereno y fue confundido con Barrios", según explica el medio uruguayo 'La Diaria Justicia'. Una de las jóvenes, Silvia Reyes, era esposa de Barrios y estaba embarazada.

Una mujer posa frente a afiches con fotografías de los desaparecidos durante la dictadura uruguay, mayo de 2021.
Una mujer posa frente a afiches con fotografías de los desaparecidos durante la dictadura uruguay, mayo de 2021. © EFE - Raúl Martínez

La representante de las víctimas pidió también perspectiva de género para los casos. "Hay una falta de investigación frente a las ejecuciones extrajudiciales (...) que continúan en una situación de impunidad, sin haberse tomado en cuenta un enfoque de género y el deber responsable que implica la investigación de este tipo de violencia. Silvia estaba embarazada y su cuerpo fue encontrado desnudo y con múltiples heridas de bala", subrayó Mantilla.

Durante este jueves se culminará la sesión de dos días frente a la Corte Interamericana, con la esperanza de las víctimas de buscar justicia y verdad para unos hechos silenciados durante años por el Estado de Uruguay.

En el caso, la Corte argumenta también que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el aparente efecto de procurar la impunidad, así vulnerando las garantías judiciales y a la protección judicial.

Con EFE y medios locales

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