CIDH alerta “lógicas de conflicto armado” en la respuesta a las movilizaciones en Colombia

Un grupo de manifestantes participa en un montaje artístico simbólico, frente al hotel donde delegados de la CIDH reciben testimonios de víctimas durante las manifestaciones del Paro Nacional, en Cali, Colombia, el 8 de junio de 2021.
Un grupo de manifestantes participa en un montaje artístico simbólico, frente al hotel donde delegados de la CIDH reciben testimonios de víctimas durante las manifestaciones del Paro Nacional, en Cali, Colombia, el 8 de junio de 2021. © Ernesto Guzmán Jr./ EFE

Del 8 al 10 de junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó varias ciudades colombianas para documentar posibles violaciones a los derechos fundamentales en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. Este miércoles 7 de julio, la CIDH presentó un reporte en el que detalla lo documentado y publicó una serie de recomendaciones para todos los actores involucrados en la convulsión social y política.

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“Aquí lo más grave, y lo que nosotros venimos a denunciar, es el ataque a los defensores de derechos humanos y líderes sociales”, dice una de las más de 500 personas que entrevistó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Colombia, entre el pasado 8 y 10 de junio.

El grupo de trabajo llegó desde Washington luego de más de un mes de manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque y tras la negativa inicial de su gabinete para recibir la visita internacional, argumentando que primero se debían realizar las investigaciones de los organismos nacionales. 

Pero después de las críticas por esa postura, el Gobierno Duque terminó por aceptar a la CIDH, que llegó a Bogotá en medio de múltiples denuncias de abusos por parte de las autoridades, incluidos múltiples asesinatos en los que estaría involucrada la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Otros reportes alusivos a desapariciones o violencia de género dejaban ver una brecha preocupante entre la documentación de la sociedad civil y la de entidades del Estado como la Fiscalía.

Los primeros resultados de esa visita se conocen este miércoles 7 de julio, cuando la CIDH presentó el documento “Observaciones y recomendaciones Visita de trabajo a Colombia”. En 187 puntos y 41 recomendaciones, el organismo detalló los alcances de su documentación en el país.

La CIDH se pronuncia por el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” en Colombia

“La Comisión observa con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, dice la CIDH en uno de los primeros puntos del informe. Más adelante, el documento divide las recomendaciones concretas en una serie de apartados. El más extenso de estos se refiere al “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas”.

La CIDH documentó que durante las movilizaciones la fuerza pública usó armas de fuego, por lo que recomendó "prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas". 

Luego de que organizaciones como Temblores ONG contaran al menos 44 muertes atribuibles a las fuerzas estatales, la CIDH incluyó en sus recomendaciones “asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas”.

En este apartado, la Comisión también pidió “adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, de las denuncias de violación de derechos humanos”. Y cerró este punto con un llamado a “juzgar y sancionar a los responsables”. La CIDH también recomendó “reparar a las víctimas y sus familiares”.

Entre otros asuntos, la Comisión volvió a insistir en la necesidad de “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa” en aras de perseguir “un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y (que) evite toda posibilidad de perspectivas militares”.

El presidente Iván Duque contestó que esa subordinación de la Policía al Ministerio de Defensa "no es un tema de capricho en Colombia" y añadió que cuando esa institución hizo parte del desaparecido Ministerio de Gobierno "se politizó". Múltiples analistas en el país han resaltado que la relación de la Policía con la cartera de Defensa obedecía a un contexto político y de seguridad distinto al que vive hoy el país.

La CIDH emite recomendaciones a Colombia sobre la “violencia basada en género”

Entre otras recomendaciones, la CIDH reivindicó los derechos a la protesta; pidió medidas para combatir la discriminación étnico-racial; se refirió al uso de la figura de "traslado de protección" y las políticas necesarias para garantizar el debido proceso, así como dar respuesta a los casos de desapariciones. También se pronunció sobre la aplicación de la jurisdicción penal militar y las sanciones por daños a bienes públicos y privados. Emitió, adicionalmente, recomendaciones sobre las misiones médicas, la protección a periodistas y sobre los cortes de rutas. Y entre todos estos puntos, destacó también la necesidad de tomar acciones sobre la violencia basada en género.

“La Comisión pudo observar reiteradas denuncias respecto de actos cometidos por agentes de las fuerzas del orden, los cuales indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”, dice la CIDH en un apartado sobre la información alrededor de la violencia de género que documentó el equipo durante su visita. 

Entre docenas de denuncias, la CIDH resalta que recibió información sobre una mujer indígena en Cali (la tercera ciudad del país) que denunció que fue agredida y abusada sexualmente por dos agentes de la policía. También registraron el caso de una joven en Popayán, en el sur del país, que “habría sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública (...) y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo”. Sobre este último caso, el Estado dijo a la CIDH estar adelantando una investigación.

Sobre estas y otras formas de violencia basada en género, la CIDH emitió dos recomendaciones. Una alusiva a la necesidad de “reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales”; y otra enfocada en “reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género”. 

La CIDH recordó al Estado colombiano “su obligación de investigar estos actos tomando en cuenta el principio de debida diligencia reforzada”. Es decir, que “los Estados tienen doble responsabilidad para combatir estos crímenes porque no solo luchan contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos, sino porque forma parte de las obligaciones para erradicar la violencia contra la mujer contempladas en la Convención de Belém do Pará”, según explicó en entrevista con France 24 Emmanuel Vargas, codirector de la organización colombiana El Veinte.

Ahora, tras casi un mes de expectativa sobre este reporte de la CIDH, organizaciones de todos los frentes piden al Estado colombiano atender a las recomendaciones. 

Organizaciones piden al Gobierno Duque acatar las recomendaciones de la CIDH

Amnistía Internacional es una de las organizaciones que ha venido documentando las violaciones de derechos humanos en Colombia en el marco de estos meses de protestas. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización, resaltó en un pronunciamiento que la CIDH recibió “de primera mano los testimonios de cientos de víctimas” en el marco de este paro nacional en Colombia y pese a todo “la represión continúa”. Guevara Rosas añadió que luego de este reporte, “las autoridades deben dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las Fuerza Pública y cumplir inmediatamente las recomendaciones de la CIDH”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional se refirió también a la “preocupación” que expresó la CIDH sobre un anuncio del Ministerio del Interior que establece que “no constituye manifestación pacífica aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura”.

“La CIDH ha dado luces sobre un tema fundamental en el contexto actual en Colombia: el Estado no puede prohibir todos los bloqueos o cortes de ruta y equipararlos con actos delictivos; porque muchas veces estas modalidades y otras manifestaciones de protesta en calles, plazas y lugares públicos están protegidos por el derecho a la protesta pacífica de acuerdo a los estándares interamericanos, especialmente en casos donde hay voces que no encuentran otra manera de expresarse, como es el caso de Colombia”, sostuvo Guevara Rosas.

Sobre otras recomendaciones, como aquellas alusivas a proteger la integridad de los periodistas y garantizar la libertad de expresión, Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte, una organización que ofrece acompañamiento legal a periodistas en Colombia, expresó que “habría sido importante un lenguaje más fuerte con respecto a la sanción de agresiones contra periodistas que están en cubrimiento de las manifestaciones”. Según Vargas, “Colombia tiene una larga trayectoria de ataques contra la prensa en el marco de protestas y estos tienden a permanecer en la impunidad”.

La CIDH concluyó anunciando que “continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado”. 

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