La consulta popular en México que busca saldar cuentas con el pasado

Hombres con máscaras de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –todos ellos expresidentes de México– recorren algunos puntos de la Ciudad de México y otras urbes del país. Cuelgan mantas y reparten panfletos, historietas y volantes propagandísticos con la imagen de los exmandatarios y el hashtag #JusticiaSíImpunidadNo.

Son actos para promover la participación de la ciudadanía en la consulta popular que, de manera inédita, se llevará a cabo el 1 de agosto, encaminada a esclarecer hechos del pasado y procurar justicia a las víctimas.

La consulta, sin embargo, ha estado envuelta en polémica pues, en un inicio, estaba perfilada hacia saber si la población estaba de acuerdo en someter a juicio a los expresidentes por los delitos que hubieran cometido durante sus mandatos.

Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, a pesar de sostener que él es partidario de “darle la vuelta a la página” y mirar hacia adelante, envió al Senado de la República (para que éste a su vez la sometiera a consideración de la Suprema Corte de Justicia) la solicitud de realizar una consulta popular con la siguiente pregunta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Sin embargo, los ministros modificaron la redacción de la pregunta, al considerar que, así como estaba, violaba el principio de presunción de inocencia y violentaba la protección de datos personales, entre otros aspectos inconstitucionales.

La nueva redacción, aprobada por el máximo tribunal y a la que responderán quienes participen, quedó así:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

La controversia: "La justicia no se consulta"

Sin importarles que la Corte haya corregido la pregunta y haya eliminado los nombres y las referencias a los antecesores de AMLO, algunos legisladores, dirigentes y simpatizantes del partido del Presidente, Morena, difunden entre la población la idea de que la consulta es para enjuiciar a expresidentes. A Carlos Salinas “por el fraude electoral de 1988”, a Ernesto Zedillo por el rescate a los banqueros en la crisis económica de 1994 conocido como “Fobaproa”, a Vicente Fox por la represión a protestas en una comunidad del Estado de México, conocida como ‘caso Atenco’; a Felipe Calderón por el saldo fatal de su llamada “guerra contra el narco”, y a Enrique Peña por el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, con la complicidad de policías vinculados al crimen organizado.

Los críticos de la consulta argumentan que para someter a rendición de cuentas a los exmandatarios, considerando que desde el momento en que concluyen su encargo dejan de tener inmunidad procesal, no se necesita preguntar a la ciudadanía, por el simple hecho de que la ley y la justicia no se someten a consulta, sino simplemente se aplican. Así, si hubiera un delito qué perseguir –y siempre que éste no haya prescrito– se puede y se debe investigar y, en su caso, castigar, y bastaría con que la Fiscalía procediera. 

Además, para algunas de las víctimas la consulta, sobre todo si se insiste en enfocarla sólo en el juicio a expresidentes, se terminará convirtiendo en una cortina de humo para distraer la atención de la necesidad y el compromiso de garantizar justicia integral.

Es el caso del poeta y activista Javier Sicilia, a cuyo hijo asesinaron en 2011 junto con otros seis jóvenes y quien desde entonces encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“No es juzgar a expresidentes, no es sólo aplicar la ley como manda la Constitución, es aplicar un mecanismo de verdad y justicia con una lógica mayor, una lógica de justicia transicional, una lógica que sobrepasa al Estado, porque el Estado ya es incapaz de juzgar los fenómenos del pasado y los fenómenos del presente”, dice el poeta.

Sicilia va más allá en su argumentación y precisa: “Nosotros estamos aprovechando junto con otras organizaciones para decirle ‘Andrés Manuel, el sentido profundo de la pregunta son tus compromisos establecidos con las víctimas (siendo presidente electo) y el trabajo que se desarrolló sobre la justicia transicional con la Secretaría de Gobernación, pactos que traicionaste’”.

En el mismo sentido se pronuncian otras voces, como la del senador de la República sin partido político y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien sostiene que la consulta es una simulación y que la justicia debe aplicarse.

"Agrietar el muro de la impunidad"

En contraste, entre las mismas víctimas de hechos del pasado hay quienes opinan distinto y aseguran que la consulta popular es importante desde el momento en que involucra a la sociedad en un tema tan trascendente como es la justicia.

Omar García es un sobreviviente del caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en Guerrero, estado del Pacífico mexicano, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Omar no sólo está convencido de la necesidad de la consulta, sino que viaja por el país para promover la participación.

“A la población que no cree mucho en este tema de la consulta porque se ha creído los cuentos de que es una farsa o que la ley no se consulta, se aplica, yo les digo: A ver, vivimos en un contexto de impunidad en el cual las leyes han servido para beneficiar a unos y para perjudicar a otros.

Es tiempo de empezar a modificar toda esta relación jurídica que existe entre las autoridades y quienes abusan de nuestros derechos y la población afectada, precisamente. Entonces pues, salgan a votar, algo tiene que pasar.  Si logramos enjuiciar a los del pasado, los del presente y los del futuro le van a pensar dos veces cuando tomen decisiones que pudieran afectar al pueblo”.

Omar está consciente de que “una consulta popular no es definitiva ni definitoria”, pero está seguro de que “es un paso más, es una forma de agrietar el muro de la impunidad”. Precisa que “los familiares de Ayotzinapa no van a dejar de luchar, independientemente de que si esta consulta les simpatiza o no, si resulta vinculante o no. Y nosotros estamos en ese entendido, pero sí sabemos que va a abonar un poco, porque la presión y la legitimidad que acarrea la participación activa de la población en una consulta, pues tiene que demostrarse”.

Para activistas como Graciela Rodríguez, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “detrás de la pregunta de la consulta está el derecho a la verdad, el derecho a saber que tenemos todas las personas, las víctimas por supuesto, pero la sociedad en general a saber qué pasó, qué crímenes se han cometido”.

Por ello, la Comisión ha emprendido una campaña denominada ‘La verdad tras la consulta’, en la que el énfasis está puesto justo en esa necesidad de perseguir la justicia transicional, con mecanismos como la creación de comisiones de la verdad, como las que se han instalado en otros países de América Latina y que, además de la exigencia de conocer todo lo ocurrido, se encaminan a la reparación del daño y a asegurar que se den las garantías de no repetición.

El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reconoció que “la pregunta (de la consulta) no habla de juzgar, habla de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad y a procedimientos judiciales”. Así lo dijo en entrevista con en Radio Fórmula.

Opiniones divididas ante la consulta en México

Sin embargo, entre la gente al parecer quedó la idea de que la consulta se trata de “enjuiciar a expresidentes”, como se insiste desde el discurso oficial. Pero más allá de ello, el ejercicio en sí, divide opiniones

“A mí me da gusto que la hagan, y ojalá que le hicieran un poco más de difusión. Para que la gene tenga la oportunidad de opinar en este respecto, se haga conciencia de que la corrupción no puede ser algo del día a día”, comenta la ciudadana Mónica García.

“Pues se me hace una tontería porque ningún presidente va a aceptar que robó a México o que lo saqueó, y mucho menos lo va a regresar. Entonces se me hace una pérdida de tiempo”, dice a contrapelo otra ciudadana, Paola Acevedo.

En ese sentido, otro mexicano, Emiliano Roldán considera que “esto que se va a hacer es meramente populista por parte del presidente. Si él realmente quiere aplicar la ley, se aplica y ya”.

En contraste, Luciano Damet está a favor de la consulta porque –dice– “el ser político no te exime de la ley, y deben rendir cuentas como en su momento lo hizo en Francia Jacques Chirac y ahora lo ha hecho Nicolas Sarkozy”.

Como estos ciudadanos, 93 millones de mexicanos están convocados nuevamente a las urnas, a menos de dos meses de haberse realizado las elecciones intermedias en las que se votó por 15 gubernaturas y más de 2.000 cargos públicos el pasado 6 de junio. Esta vez los ciudadanos podrán emitir su opinión en la consulta popular en más de 57.000 casillas en todo el país.

Debido a la tercera ola de Covid-19 que azota a México, se establecieron medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial al entrar y salir de la casilla, y los votantes podrán llevar su propia pluma.

La consulta popular será vinculante sólo si hay una participación de 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, esto es 37 millones de mexicanos.

La autoridad electoral, así como el propio presidente López Obrador, tienen confianza en que será un ejercicio con alta participación ciudadana. Fuera del debate y de la polémica que rodea a su realización, la consulta será un ejercicio inédito en la historia de la democracia en el país.