A la voz de “injerencia” y “represión”, Nicaragua y España complican sus relaciones

Nicaragua vuelve a protagonizar un choque diplomático a raíz de las detenciones de opositores a tres meses de las elecciones presidenciales. Esta vez, el cruce de acusaciones es con España.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó este miércoles 11 de agosto a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, después de que el Gobierno de Daniel Ortega emitiera un duro comunicado contra el país europeo. 

Inicialmente, España había llamado la atención a Nicaragua por la "represión" de Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios independientes. El Gobierno nicaragüense respondió acusando a España de "intromisión, injerencia e intervención" y de no tener "autoridad moral" para criticar a Nicaragua. 

Después del intercambio de acusaciones, la tensión ha llegado al punto de que el Gobierno español solicitó la presencia de la embajadora en Nicaragua para debatir y decidir futuras acciones.

El Ministerio de Exteriores del país europeo rechazó "de manera tajante" las palabras de Ortega y exigió a Nicaragua cumplir "con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos". La cartera subrayó que el país centroamericano debería garantizar "los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política". 

Ortega acusa a España de no respetar los derechos humanos

El pasado 10 de agosto, el Gobierno de Ortega envió una extensa carta para pedir que España no interfiera en sus asuntos nacionales en la que acusó al país dirigido por el izquierdista Pedro Sánchez de incumplir "continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia". 

"Al Estado español, ese que orondamente critica, acusa y exige lo que ellos mismos no dan, la historia nunca les absolverá", sentenciaba el comunicado. 

Además, el Gobierno nicaragüense recordó a España el escándalo de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), creados en los años ochenta durante las administraciones del expresidente también socialista Felipe González para luchar contra la banda terrorista ETA.

A los GAL se les responsabiliza de varios crímenes contra los derechos humanos, aunque el caso todavía no se ha esclarecido ni en la política ni en la Justicia. 

El comunicado del Ejecutivo de Ortega también acusó a España de no haber asumido "toda su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial" y acusó al Gobierno de Sánchez de "fascismo encubierto como socialismo".

Nicaragua, cada vez más aislada en el tablero diplomático

El conflicto diplomático con España se suma a varios enfrentamientos recientes protagonizados por Nicaragua con otros países. El país europeo no es el único que ha levantado la voz para criticar la situación política que atraviesa la nación centroamericana a falta de tres meses para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. 

Desde el pasado mes de mayo, 32 líderes y candidatos opositores han sido detenidos y judicializados por "traición a la patria", evitando así que puedan concurrir en los comicios. Además, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló recientemente la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), cosa que impide también su participación en las elecciones. 

La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han expresado su preocupación por la transparencia del proceso electoral, en el que Daniel Ortega aspira a su cuarto mandato presidencial consecutivo. 

Su Gobierno, de hecho, llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica como represalias a las críticas emitidas por estos países. 

Con EFE y medios locales