La salud de Jeanine Áñez y los juicios en su contra polarizan a Bolivia

La situación de Jeanine Áñez ha provocado manifestaciones de apoyo en La Paz, Cochabamba (centro), Santa Cruz (este) y Trinidad (este), desde donde denuncian la vulneración de sus derechos humanos y constitucionales, en medio de reclamos para que la política pueda defenderse en libertad considerando su delicado estado de salud.

En La Paz, una marcha de respaldo terminó esta semana con una trifulca con militantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que causó dos heridos por golpes, uno de cada lado, a las puertas de la cárcel donde está recluida la exgobernante.

La disputa volvió a ser escenario de la confrontación entre los opositores que acusan a Morales de haber encendido el conflicto con un supuesto fraude electoral en los comicios del 2019 y los que señalan a Áñez por la crisis y posterior caída del expresidente indígena.

Desde que la familia de Áñez alertó de un intento de suicidio, su caso ha provocado la preocupación de expresidentes de Bolivia, de otros países de Iberoamérica, y de instituciones multilaterales como la ONU que han pedido al Gobierno resguardar la vida de la exmandataria.

En cambio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha minimizado los padecimientos de Áñez asegurando que se encuentra “estable” y ha señalado que está con prisión preventiva porque, según dijo, en marzo pasado antes de ser detenida, “pretendía fugarse del país por vía terrestre o vía área”.

Sin embargo, los informes de parte de la familia, de un psiquiatra y de una integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que entrevistó el jueves a Áñez, señalan que padece de una depresión fuerte y ha perdido entre 10 y 15 kilos de peso. 

El psiquiatra que la valoró después de las autolesiones concluyó, según medios locales, que Áñez tiene un “trastorno depresivo severo con ideación suicida”, mientras que su hija, Carolina Ribera, ha señalado que también sufre ataques de pánico y crisis nerviosas.

Añez asumió la Presidencia el 12 de noviembre del 2019 siendo senadora, tras el vacío de poder resultante tras la renuncia el 10 de ese mes de Morales, por protestas sociales y pedidos de jefes militares y policiales, y al que siguieron otros altos cargos que estaban en la línea de sucesión.

Jeanine Áñez enfrenta siete procesos judiciales 

La crisis de la transición política y en particular un decreto que eximia a los militares de responsabilidades en sus actuaciones en ese momento, le han valido a Áñez una nueva demanda de juicio de responsabilidades por los supuestos delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte por los denominados casos de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió el jueves a la Asamblea Legislativa la acusación de la Fiscalía General por la muerte de 20 personas en noviembre de 2019 cuando el Ejército y la Policía reprimieron a seguidores de Morales.

El Parlamento debe considerar el juzgamiento o no de Áñez en un juicio de responsabilidades, pero para concretarlo el MAS necesitará del apoyo de dos tercios de los parlamentarios y, por tanto, de un acuerdo con al menos una parte de la oposición.

Esta es la cuarta acusación para un juicio de responsabilidades que el TSJ ha remitido al Parlamento contra Áñez, después de otros por la supuesta ilegalidad de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, de un contrato de registro empresarial y de presuntos atentados contra la libertad de expresión.

Además, Áñez afronta otros tres procesos ordinarios por supuestos delitos anteriores al ejercicio de la Presidencia, entre ellos el de la presunta conspiración contra Evo Morales.

La defensa de la exmandataria ha alegado que asumió la Presidencia del país de forma constitucional y fue reconocida por todos los órganos del Estado y la comunidad internacional para convocar a unas elecciones que finalmente volvió a ganar el MAS.

La oposición ha cuestionado a la Fiscalía por no haber planteado una proposición acusatoria también contra Morales porque antes de que renunciara a su cargo durante la crisis se produjo una violencia que provocó la muerte de cinco personas. 

Sin embargo, el Gobierno de Luis Arce ha descartado la posibilidad de investigar la gestión de Morales por esas muertes con el argumento de que el exmandatario no estuvo implicado.

Esos conflictos provocaron en total la muerte de 37 personas en diferentes momentos de la crisis, según estableció hace unos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una reconciliación lejana 

El politólogo Marcelo Arequipa consideró, en declaraciones a France 24, que el informe del GIEI ha elevado las tensiones de una polarización social que comenzó con la detención de Añez en marzo pasado y que no ha cesado desde entonces.

En el fondo, está la disputa “golpe-fraude” que, a su juicio, no tendrá fin porque quienes defienden una versión o la otra creen que se trata de capítulos exclusivos de la historia del país, “y no aceptan que están íntimamente conectados”. 

“En la medida en que se reconozcan la conexión entre los dos capítulos de la historia y la clase política acepte su cuota de responsabilidad vamos a poder dar un salto hacia la búsqueda de la reconciliación”, apuntó el analista, que admitió ver muy lejana esa posibilidad para el futuro.