Corte Penal Internacional confirma apertura de oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se reunió el jueves 8 de junio con el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, y el viernes 9 de junio confirmó la instalación de una oficina en Venezuela. Todavía no hay fechas públicas. La CPI está investigando desde hace tres años posibles crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por miembros de las altas esferas del Gobierno venezolano.
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La visita que quedó registrada en una foto. El fiscal de la CPI, institución que actualmente está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, estrechó la mano del presidente de Venezuela Nicolás Maduro para confirmar la instalación de una oficina de asistencia técnica de la CPI en Venezuela, anunciada desde marzo de 2022, la cual busca lograr una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en el país, según el fiscal Karim Khan.
“Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar más con la asistencia técnica, con la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”, expresó el fiscal, sentado al lado de Maduro en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Maduro y Khan se reunieron la noche del jueves para revisar los “avances alcanzados luego de implementar un primer memorándum de entendimiento” suscrito entre el Estado y el alto tribunal en noviembre de 2021.
Origen de la investigación de la CPI a Venezuela
En noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad, que presuntamente han sido cometidos en Venezuela desde 2017 por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Este tema también ha sido denunciado por investigadores de la ONU en los últimos años, quienes cuestionan el sistema de justicia venezolano por perpetuar abusos contra los derechos humanos como parte de una política impuesta por el Estado para sofocar la oposición.
La investigación en curso contra el Gobierno venezolano fue propuesta en 2018 por Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y Canadá. Seis países miembros del Estatuto de Roma, instrumento creador de la Corte Penal Internacional, con el fin de investigar crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. De esta manera se remitió la situación de Venezuela a la Oficina de la Fiscalía de la CPI.
Sin embargo, el panorama político ha cambiado desde entonces en algunos de esos seis países. En Argentina llegó al poder Alberto Fernández y en Colombia Gustavo Petro, gobiernos de izquierda, lo que ha representado una oportunidad para Nicolás Maduro de reanudar lazos en la esfera regional.
No obstante, si la investigación de la CPI encuentra culpable a algún miembro del Gobierno venezolano, este podría ser condenado ante los tribunales de La Haya, porque Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma, otorgándole la competencia a la institución para juzgar a venezolanos.
Acercamientos entre la CPI y Venezuela
Esta es la tercera vez que el fiscal de la CPI visita Venezuela y hay una variable constante en todas las visitas: ausencia de información oficial y de una agenda que ayude a trazar las fases y objetivos de los encuentros.
Sin embargo, en esta ocasión, luego de su reunión con Karim Khan sobre temas relacionados con la protección de derechos humanos, el fiscal general venezolano Tarek William Saab, expresó satisfacción en su cuenta de Twitter.
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A su vez, Maduro informó en su Twitter, horas después, que en la visita del fiscal de la CPI revisó los “avances alcanzados” tras la firma del memorando de entendimiento.
“Seguiremos ampliando los mecanismos de trabajo con esta instancia”, escribió Maduro.
Presión de la oposición venezolana
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que es necesario que se difunda el memorando firmado el viernes 9 de junio para que se conozcan las "fechas concretas" de instalación y trabajo de la oficina de la CPI.
"Todo apunta a que en el corto plazo deberíamos tener la oficina establecida", aseguró el abogado y defensor de derechos humanos.
Además, aclaró que para él la apertura de este espacio es un "mandato institucional", que no tiene relación directa con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, pero que permite a la fiscalía de la CPI "saber de primera mano lo que pasa" en el país.
Con EFE, Reuters y medios locales